Desconfianza y corrupción Jaloneo en el Congreso

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En comparación con los primeros dos informes de gobierno, el jefe del Ejecutivo, Juan Manuel Carreras López, fue mesurado al referirse al estado de la inseguridad en San Luis Potosí. Ya no presumió, no podía hacerlo, con el top ten entre los estados más seguros, pero sí recordó que el estado seguía, al menos, debajo de la media nacional.
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Pero, como suele suceder, la realidad es mucho peor. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública que reveló ayer el Inegi da cuenta del impresionante desastre de la seguridad en el estado.
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Prácticamente, todos los indicadores, los basados en estadísticas duras y los relacionados con la percepción de la ciudadanía, empeoraron.
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El indicador más impresionante es el del monto que la sociedad potosina tiene que tributar a los criminales, de cuatro mil a diez mil millones de pesos en sólo un año. El costo per cápita subió en la misma proporción: cada potosino pagaba en 2016 cinco mil 504 pesos por el costo total del impacto de la delincuencia en el estado. El año pasado, ya eran doce mil 157 pesos.
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El número de delitos se elevó de 480 mil 577 a 599 mil 101, casi 25% más. El de víctimas pasó de 409 mil 460 a 452 mil 586. Un 10.5 por ciento más.
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Esas son las consecuencias directas de la acción de los criminales. Pero, ¿y la otra parte de la ecuación?, ¿la de las instituciones encargadas de combatirlos?
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En la encuesta hay dos rubros que pueden dar una idea de ese desempeño. Se trata de los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones y la percepción de corrupción en las mismas.
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El 50.6 por ciento de la ciudadanía piensa que las corporaciones estatales no son de fiar y el 59.6 por ciento piensa eso de las policías municipales.
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En materia de corrupción, las cosas son peores: el 69.1% de la población piensa que las corporaciones estatales son corruptas. En el caso de los municipios, el indicador es de 71.3 por ciento.
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En ambas, las corporaciones locales están por los suelos.
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El juicio ciudadano es evidente y lo coloca a dos fuegos: la actividad de los criminales y las deficiencias de las corporaciones.
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Pese a las presiones enfrentadas por el Congreso, Jesús Conde Mejía recibió el espaldarazo de los diputados priistas para mantenerse en el cargo de Contralor del Congreso.
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El asunto generará presiones a los diputados. De inicio, una manifestación prevista para mañana por parte de organizaciones civiles que objetan el nombramiento.
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Al interior del Legislativo, no hay decisiones claras. A una parte del Congreso le encantaría revertir el nombramiento, pero el apoyo expresado ayer anticipa que habrá un jaloneo sobre el asunto.
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¡HASTA MAÑANA!