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El 29 de junio pasado, el Cabildo de la administración de Ricardo Gallardo Juárez sesionó para formalizar la rescisión del contrato con Panavi, luego de una penosa resistencia para mantener un contrato claramente lesivo para la ciudad.
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En un acto totalmente oportunista, la fracción gallardista del cabildo sea adjudicó la autoría de la medida, cuando en realidad, fueron de los más rabiosos defensores de un contrato que sólo beneficiaría a la empresa.
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En los boletines oficiales de la alcaldía gallardista, el acto se presentó como la rescisión del contrato. En realidad, lo que se acordó fue el retiro de la solicitud del ayuntamiento al Congreso de incrementar de mil 200 millones a mil 500 millones de pesos el pago a la empresa, una medida totalmente antipopular.
Funcionarios y regidores insistieron el resto de la administración que el contrato había rescindido. Xavier Nava se encuentra ahora con que no, que sigue vigente y que buscaría rescindirlo al menor costo para su gobierno.
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Eso anticipa una mala noticia pues, aún y cuando no ha transparentado los términos del contrato ni el monto que costaría rescindirlo, seguramente no será nada barato lo que le cueste a la ciudad deshacerse de este contrato revivido.
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El Congreso del Estado, y más específicamente, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), está quedando en una posición muy sospechosa al no divulgar las actas de sus sesiones.
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El asunto ya fue llevado hasta el Pleno por la diputada Beatriz Benavente, quien protestó señalando que los miembros de la junta directiva legislativa se comportaban como “diputados de primera”, dejando al resto como legisladores “de segunda”.
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Y es que el acta más reciente disponible en la página de transparencia del Congreso data ¡del 27 de julio! Es decir, la Jucopo acumula tres meses y medio sin hacer públicos los entresijos de sus decisiones.
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La opacidad es, incluso, interlegislaturas, pues en los documentos faltantes está el último mes y medio de la LXI Legislatura y falta, igualmente, el primer mes y medio de la actual.
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La opacidad incluye una abierta negativa a proporcionar la totalidad de los documentos solicitados expresamente vía transparencia por este diario.
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Pedida la totalidad de las actas faltantes, el Congreso sólo proporcionó las primeras cuatro actas de la actual Legislatura. Las últimas seis, siguen sin ser difundidas.
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Los documentos son importantes porque evidenciarían cómo se decidieron las últimas medidas adoptadas por la pasada Legislatura, como la cuantiosa partida a los trabajadores contratados por honorarios bajo el absurdo concepto de “trabajos extraordinarios” y podría revelar cuánto se llevaron finalmente los integrantes de la peor Legislatura de la historia.
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Pero eso no se sabrá hasta que cese la sospechosa actitud de la Jucopo.
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¡HASTA MAÑANA!
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En un acto totalmente oportunista, la fracción gallardista del cabildo sea adjudicó la autoría de la medida, cuando en realidad, fueron de los más rabiosos defensores de un contrato que sólo beneficiaría a la empresa.
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En los boletines oficiales de la alcaldía gallardista, el acto se presentó como la rescisión del contrato. En realidad, lo que se acordó fue el retiro de la solicitud del ayuntamiento al Congreso de incrementar de mil 200 millones a mil 500 millones de pesos el pago a la empresa, una medida totalmente antipopular.
Funcionarios y regidores insistieron el resto de la administración que el contrato había rescindido. Xavier Nava se encuentra ahora con que no, que sigue vigente y que buscaría rescindirlo al menor costo para su gobierno.
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Eso anticipa una mala noticia pues, aún y cuando no ha transparentado los términos del contrato ni el monto que costaría rescindirlo, seguramente no será nada barato lo que le cueste a la ciudad deshacerse de este contrato revivido.
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El Congreso del Estado, y más específicamente, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), está quedando en una posición muy sospechosa al no divulgar las actas de sus sesiones.
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El asunto ya fue llevado hasta el Pleno por la diputada Beatriz Benavente, quien protestó señalando que los miembros de la junta directiva legislativa se comportaban como “diputados de primera”, dejando al resto como legisladores “de segunda”.
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Y es que el acta más reciente disponible en la página de transparencia del Congreso data ¡del 27 de julio! Es decir, la Jucopo acumula tres meses y medio sin hacer públicos los entresijos de sus decisiones.
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La opacidad es, incluso, interlegislaturas, pues en los documentos faltantes está el último mes y medio de la LXI Legislatura y falta, igualmente, el primer mes y medio de la actual.
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La opacidad incluye una abierta negativa a proporcionar la totalidad de los documentos solicitados expresamente vía transparencia por este diario.
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Pedida la totalidad de las actas faltantes, el Congreso sólo proporcionó las primeras cuatro actas de la actual Legislatura. Las últimas seis, siguen sin ser difundidas.
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Los documentos son importantes porque evidenciarían cómo se decidieron las últimas medidas adoptadas por la pasada Legislatura, como la cuantiosa partida a los trabajadores contratados por honorarios bajo el absurdo concepto de “trabajos extraordinarios” y podría revelar cuánto se llevaron finalmente los integrantes de la peor Legislatura de la historia.
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Pero eso no se sabrá hasta que cese la sospechosa actitud de la Jucopo.
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¡HASTA MAÑANA!
