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El cambio de administraciones municipales y Legislatura está agudizando el de por sí grave escenario de la corrupción que sufre el estado.
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En los municipios, los nuevos alcaldes se encuentran con presidencias municipales sin muebles, equipo y vehículos.
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Y el saqueo se extiende al ámbito digital, con toda la información importante sobre las finanzas de los ayuntamientos totalmente borrrada.
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En los organismos de agua potable, el caso de Interapas es paradigmático. Los indicios de un desvío de proporciones desastrosas, por múltiples canales, son consistentes.
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Éstos apuntan a una estrategia totalmente estructurada, apoyada en empresas externas, para sacar de las cuentas de Interapas cantidades millonarias.
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Y el caso tiene un “deja vú”: hay un dato que ofrece Juan José Rodríguez Medina en su columna de hoy, el de que una faceta de esta canalización de recursos involucra al servicio médico, que recuerda el modus operandi de un caso muy conocido: el de la clínica Wong, involucrada en el desvío de recursos del que fue acusado Ricardo Gallardo Cardona cuando fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez.
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Mientras que en el Congreso, surgen las evidencias de que los diputados salientes se fueron con un jugoso bono de marcha de casi 200 mil pesos, algo que, en realidad, era de esperarse.
Lo que sorprende es el esfuerzo de la anterior y la nueva Legislatura por ocultar la entrega.
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De “la peor Legislatura” se entiende y se esperaba. Pero de los nuevos diputados, que tanto presumieron de austeridad y una actitud distinta, el hecho resulta decepcionante.
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Los diputados salientes no se tomaron la molestia de explicar los motivos de la represupuestación. Dejaron la responsabilidad del encubrimiento a sus sucesores.
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Y es que es bastante sospechoso que la suma de los conceptos esgrimidos por esta Legislatura para justificar el incremento, el pago de bonos y el financiamiento de la nómina nueva Unidad de Evaluación y Control, 5.1 millones de pesos, casi coincida con el monto destinado al misterioso rubro de “complemento de dieta (apoyos)”.
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Pero ese “favor” no fue gratuito. Y es que esta Legislatura no dejó ir la oportunidad de apropiarse del incremento opaco de sus antecesores. El hecho de que el monto del presupuesto proyectado para 2019 sea prácticamente el mismo que el de la represupuestación lo comprueba.
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Así, no es posible tener esperanza de que haya manera de sanear las finanzas públicas.
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¡HASTA MAÑANA!
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En los municipios, los nuevos alcaldes se encuentran con presidencias municipales sin muebles, equipo y vehículos.
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Y el saqueo se extiende al ámbito digital, con toda la información importante sobre las finanzas de los ayuntamientos totalmente borrrada.
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En los organismos de agua potable, el caso de Interapas es paradigmático. Los indicios de un desvío de proporciones desastrosas, por múltiples canales, son consistentes.
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Éstos apuntan a una estrategia totalmente estructurada, apoyada en empresas externas, para sacar de las cuentas de Interapas cantidades millonarias.
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Y el caso tiene un “deja vú”: hay un dato que ofrece Juan José Rodríguez Medina en su columna de hoy, el de que una faceta de esta canalización de recursos involucra al servicio médico, que recuerda el modus operandi de un caso muy conocido: el de la clínica Wong, involucrada en el desvío de recursos del que fue acusado Ricardo Gallardo Cardona cuando fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez.
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Mientras que en el Congreso, surgen las evidencias de que los diputados salientes se fueron con un jugoso bono de marcha de casi 200 mil pesos, algo que, en realidad, era de esperarse.
Lo que sorprende es el esfuerzo de la anterior y la nueva Legislatura por ocultar la entrega.
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De “la peor Legislatura” se entiende y se esperaba. Pero de los nuevos diputados, que tanto presumieron de austeridad y una actitud distinta, el hecho resulta decepcionante.
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Los diputados salientes no se tomaron la molestia de explicar los motivos de la represupuestación. Dejaron la responsabilidad del encubrimiento a sus sucesores.
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Y es que es bastante sospechoso que la suma de los conceptos esgrimidos por esta Legislatura para justificar el incremento, el pago de bonos y el financiamiento de la nómina nueva Unidad de Evaluación y Control, 5.1 millones de pesos, casi coincida con el monto destinado al misterioso rubro de “complemento de dieta (apoyos)”.
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Pero ese “favor” no fue gratuito. Y es que esta Legislatura no dejó ir la oportunidad de apropiarse del incremento opaco de sus antecesores. El hecho de que el monto del presupuesto proyectado para 2019 sea prácticamente el mismo que el de la represupuestación lo comprueba.
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Así, no es posible tener esperanza de que haya manera de sanear las finanzas públicas.
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¡HASTA MAÑANA!
