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Ahora resulta que prácticamente ninguna de las dependencias públicas que aparecen en el listado de los cien mayores morosos del Interapas reconocen la deuda.
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Al menos así ocurrió en el parque Tangamanga I y en la alcaldía de Soledad, que mantienen deudas millonarias con el organismo, según el listado difundido ayer por Editora Mival.
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Destaca la negativa de la dirección de los parques, tajante totalmente, pese a que aparece en el primer sitio de la lista, con un adeudo de 18.6 millones de pesos.
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Lo anterior pone en relieve la necesidad de que el Interapas revele la lista completa de sus deudores del sector público, las sumas que adeudan y un plan de cobro factible.
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Las dependencias estatales y municipales han demostrado en numerosas ocasiones que sólo actúan bajo presión. La exposición social como deudores del Interapas, cuando en esa o en otras obligaciones urgen al ciudadano a cumplir con sus obligaciones fiscales y de otra naturaleza, le restan totalmente cualquier autoridad que pudieran tener para cobrar.
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El Interapas perdió mucho en el fallido proceso de lograr el cuantioso aumento que pretendía. Quizá pueda salvar algo si, en lugar del usuario cumplido, finque su rescate en los morosos. Y los del sector público son perfectos para poner un ejemplo.
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La política de denuncia continua de las anomalías registradas durante el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona pudo haber sido eficaz para generarle al gobierno de Xavier Nava una imagen positiva ante la ciudadanía.
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Pero por su insistencia, se advertía, corría el riesgo de desgastarse, perdiendo su efecto de convencimiento. Conforme se extienda, la estrategia podría un efecto adverso, debido a la impaciencia ante una sanción que demoraría en llegar.
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Pues bien, la admisión de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de la capital de que los procesos contra las irregularidades de la gallardía tienen todavía por delante un largo proceso para que apenas inicien, incluso, debería poner fin a la política de denuncia continua e impulsar al gobierno navista a esforzarse en acelerar ese proceso.
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Poco efecto tendrá revelar nuevas irregularidades y quejarse de ellas si su sanción está todavía muy lejos en el calendario.
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Es de esperarse que así lo interpreten en el Palacio Municipal , para evitar desgastar a la alcaldía y exponerse al riesgo de que el hartazgo ciudadano ante la ausencia de sanciones revierta la oleada de indignación ciudadana en su contra.
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Al menos así ocurrió en el parque Tangamanga I y en la alcaldía de Soledad, que mantienen deudas millonarias con el organismo, según el listado difundido ayer por Editora Mival.
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Destaca la negativa de la dirección de los parques, tajante totalmente, pese a que aparece en el primer sitio de la lista, con un adeudo de 18.6 millones de pesos.
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Lo anterior pone en relieve la necesidad de que el Interapas revele la lista completa de sus deudores del sector público, las sumas que adeudan y un plan de cobro factible.
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Las dependencias estatales y municipales han demostrado en numerosas ocasiones que sólo actúan bajo presión. La exposición social como deudores del Interapas, cuando en esa o en otras obligaciones urgen al ciudadano a cumplir con sus obligaciones fiscales y de otra naturaleza, le restan totalmente cualquier autoridad que pudieran tener para cobrar.
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El Interapas perdió mucho en el fallido proceso de lograr el cuantioso aumento que pretendía. Quizá pueda salvar algo si, en lugar del usuario cumplido, finque su rescate en los morosos. Y los del sector público son perfectos para poner un ejemplo.
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La política de denuncia continua de las anomalías registradas durante el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona pudo haber sido eficaz para generarle al gobierno de Xavier Nava una imagen positiva ante la ciudadanía.
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Pero por su insistencia, se advertía, corría el riesgo de desgastarse, perdiendo su efecto de convencimiento. Conforme se extienda, la estrategia podría un efecto adverso, debido a la impaciencia ante una sanción que demoraría en llegar.
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Pues bien, la admisión de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de la capital de que los procesos contra las irregularidades de la gallardía tienen todavía por delante un largo proceso para que apenas inicien, incluso, debería poner fin a la política de denuncia continua e impulsar al gobierno navista a esforzarse en acelerar ese proceso.
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Poco efecto tendrá revelar nuevas irregularidades y quejarse de ellas si su sanción está todavía muy lejos en el calendario.
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Es de esperarse que así lo interpreten en el Palacio Municipal , para evitar desgastar a la alcaldía y exponerse al riesgo de que el hartazgo ciudadano ante la ausencia de sanciones revierta la oleada de indignación ciudadana en su contra.
