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Legalistas o legaloiodes, los argumentos que dan en el Congreso y en el Poder Judicial del Estado para mantener en la opacidad las declaraciones públicas de los diputados y los magistrados son meros pretextos para no admitir lo que está claro: no hay voluntad para cumplir con la obligación de transparencia.
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Obligación a la que, hay que decirlo, las mismas disposiciones legales les ofrecen múltiples formas de ser evadida. Ya sea con el argumento de la seguridad puesta en riesgo al publicarse esos datos, la amplitud de los llamados “datos personales” y aún el estricto apego a un proceso burocrático, los poderes Legislativo y Judicial evaden ofrecer una versión pública de la situación patrimonial de sus integantes.
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Los diputados incurrieron en la trampa de presentar documentos mutilados, peor los magistrados y jueves, ni siquiera esa molestia se tomaron. Argumentan que esperarán los formatos que debe emitir un Sistema Estatal Anticorrupción paralizado por los conflictos, que no está en condiciones de arrancar normalmente, mucho menos de asumir sus funciones.
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Es decir, que la emisión de los formatos que esperan los magistrados para cumplir con su obligación va a tardar indefinidamente.
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El contraste vuelve a ser el Ejecutivo, que no ha puesto reparos para hacer verdaderamente pública la información patrimonial de sus funcionarios.
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Por esta razón, las acciones en el Congreso y en el Poder Judicial quedan en evidencia.
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La intención de la Comisión Estatal del Agua salvó la propuesta del Interapas y el alcalde Xavier Nava de incrementar casi en 40 por ciento la tarifa del agua.
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Contaron con la ayuda del Congreso, que, como mandadero, envió a la ASE la orden de la CEA de adoptar la fórmula para calcular el alza como lo propuso orignalemnte el Interapas.
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Así, ahora la Comisión del Agua del Congreso va por un tercer intento de definir un incremento, luego de dos salidas en falso.
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La duda, además de a cuánto ascenderá el incremento, es quién asumirá el costo político de la decisión, que, como el alza propuesta, será muy alto.
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El PAN estatal alargó otro día la definición del proceso de renovación de su dirigencia. Una impugnación obligó a un reconteo, voto por voto, que se extendió hasta la madrugada de hoy.
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Lo que se llegó a conocer extraoficialmente es que Juan Francisco Aguilar, que ya se había declarado ganador, lleva una ventaja mínima sobre sus adversarios. Hay versiones de que uno, incluso, le llamó para felicitarlo.
Pero la diferencia sigue siendo tan pequeña que la elección será definida sólo tras el reconteo.
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Obligación a la que, hay que decirlo, las mismas disposiciones legales les ofrecen múltiples formas de ser evadida. Ya sea con el argumento de la seguridad puesta en riesgo al publicarse esos datos, la amplitud de los llamados “datos personales” y aún el estricto apego a un proceso burocrático, los poderes Legislativo y Judicial evaden ofrecer una versión pública de la situación patrimonial de sus integantes.
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Los diputados incurrieron en la trampa de presentar documentos mutilados, peor los magistrados y jueves, ni siquiera esa molestia se tomaron. Argumentan que esperarán los formatos que debe emitir un Sistema Estatal Anticorrupción paralizado por los conflictos, que no está en condiciones de arrancar normalmente, mucho menos de asumir sus funciones.
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Es decir, que la emisión de los formatos que esperan los magistrados para cumplir con su obligación va a tardar indefinidamente.
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El contraste vuelve a ser el Ejecutivo, que no ha puesto reparos para hacer verdaderamente pública la información patrimonial de sus funcionarios.
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Por esta razón, las acciones en el Congreso y en el Poder Judicial quedan en evidencia.
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La intención de la Comisión Estatal del Agua salvó la propuesta del Interapas y el alcalde Xavier Nava de incrementar casi en 40 por ciento la tarifa del agua.
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Contaron con la ayuda del Congreso, que, como mandadero, envió a la ASE la orden de la CEA de adoptar la fórmula para calcular el alza como lo propuso orignalemnte el Interapas.
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Así, ahora la Comisión del Agua del Congreso va por un tercer intento de definir un incremento, luego de dos salidas en falso.
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La duda, además de a cuánto ascenderá el incremento, es quién asumirá el costo político de la decisión, que, como el alza propuesta, será muy alto.
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El PAN estatal alargó otro día la definición del proceso de renovación de su dirigencia. Una impugnación obligó a un reconteo, voto por voto, que se extendió hasta la madrugada de hoy.
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Lo que se llegó a conocer extraoficialmente es que Juan Francisco Aguilar, que ya se había declarado ganador, lleva una ventaja mínima sobre sus adversarios. Hay versiones de que uno, incluso, le llamó para felicitarlo.
Pero la diferencia sigue siendo tan pequeña que la elección será definida sólo tras el reconteo.