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Los apoyos ilegales Revisiones necesarias
Los diputados fueron advertidos de la ilegalidad que han estado cometiendo con el reparto millonario de dádivas a presuntos beneficiarios y han ignorado totalmente el señalamiento.
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El Concejo Ciudadano de Transparencia del Congreso del Estado realizó, desde mediados del año pasado, un impecable trabajo de revisión legislativa para encontrar el fundamento jurídico que valide una de las más polémicas prácticas de esta administración: la entrega de apoyos gestoría legislativa.
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Ni en la Constitución Política del Estado ni en la normatividad interna se encontraron justificaciones legales para que los diputados entreguen dinero a solicitantes de apoyo para diversas labores de asistencia social.
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Confirmado lo anterior, los integrantes del Consejo informaron de la inexistencia de respaldo legal del reparto millonario de recursos y pidieron que se detuviera.
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Los consejeros lo hicieron por una buena razón: las evidencias probadas de beneficiarios inexistentes, utilizados por varios legisladores, generan fundadas sospechas de que, en realidad, ese dinero se desvía para beneficio de los propios legisladores.
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Que los diputados siguieran gastando el recurso, e incluso, lo incrementaran en casi 4 millones de pesos a fines del año pasado y que, para éste, busquen desviarlo para engrosar la nómina, son indicadores de que los diputados simplemente ignoraron el llamado.
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La decisión de hacerlo puede que tenga un costo para ellos en los tribunales, generado por aquellos a los que ignoraron.
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Las cifras que ofrece la corporación de seguridad de la capital dan la razón a quienes pensaban que las motocicletas se convirtieron en una herramienta letal para los delincuentes.
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Prácticamente, estas unidades se han convertido en indispensables en las más reciente ola de ejecuciones que ha sacudido a Soledad y a la capital.
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Ágiles y veloces en una ciudad en la que sus calles parecen diseñadas para entorpecer el tráfico, su uso ha sido garantía de escape para los asesinos y ladrones que las utilizan.
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Por eso, ante la imposibilidad de atrapar a los ladrones que huyen en ellas, se hacen obligadas las medidas de control necesarias para entorpecer y, en última instancia, inhibir su uso.
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Revisiones continuas para detectar si los tripulantes portan armas, exigencia de documentos que prueben la propiedad de los vehículos e incluso, en una medida que puede ser considerada extrema, limitar a un solo ocupante en las unidades, pueden ser herramientas para limitar el uso ilegal de motocicletas por parte de los criminales.
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El asunto es ver si las autoridades son capaces de mantener la voluntad de tomar estas medidas.
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¡HASTA MAÑANA!
Los diputados fueron advertidos de la ilegalidad que han estado cometiendo con el reparto millonario de dádivas a presuntos beneficiarios y han ignorado totalmente el señalamiento.
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El Concejo Ciudadano de Transparencia del Congreso del Estado realizó, desde mediados del año pasado, un impecable trabajo de revisión legislativa para encontrar el fundamento jurídico que valide una de las más polémicas prácticas de esta administración: la entrega de apoyos gestoría legislativa.
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Ni en la Constitución Política del Estado ni en la normatividad interna se encontraron justificaciones legales para que los diputados entreguen dinero a solicitantes de apoyo para diversas labores de asistencia social.
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Confirmado lo anterior, los integrantes del Consejo informaron de la inexistencia de respaldo legal del reparto millonario de recursos y pidieron que se detuviera.
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Los consejeros lo hicieron por una buena razón: las evidencias probadas de beneficiarios inexistentes, utilizados por varios legisladores, generan fundadas sospechas de que, en realidad, ese dinero se desvía para beneficio de los propios legisladores.
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Que los diputados siguieran gastando el recurso, e incluso, lo incrementaran en casi 4 millones de pesos a fines del año pasado y que, para éste, busquen desviarlo para engrosar la nómina, son indicadores de que los diputados simplemente ignoraron el llamado.
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La decisión de hacerlo puede que tenga un costo para ellos en los tribunales, generado por aquellos a los que ignoraron.
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Las cifras que ofrece la corporación de seguridad de la capital dan la razón a quienes pensaban que las motocicletas se convirtieron en una herramienta letal para los delincuentes.
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Prácticamente, estas unidades se han convertido en indispensables en las más reciente ola de ejecuciones que ha sacudido a Soledad y a la capital.
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Ágiles y veloces en una ciudad en la que sus calles parecen diseñadas para entorpecer el tráfico, su uso ha sido garantía de escape para los asesinos y ladrones que las utilizan.
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Por eso, ante la imposibilidad de atrapar a los ladrones que huyen en ellas, se hacen obligadas las medidas de control necesarias para entorpecer y, en última instancia, inhibir su uso.
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Revisiones continuas para detectar si los tripulantes portan armas, exigencia de documentos que prueben la propiedad de los vehículos e incluso, en una medida que puede ser considerada extrema, limitar a un solo ocupante en las unidades, pueden ser herramientas para limitar el uso ilegal de motocicletas por parte de los criminales.
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El asunto es ver si las autoridades son capaces de mantener la voluntad de tomar estas medidas.
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¡HASTA MAÑANA!
