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Castigos claros Institución facciosa
La presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Rosa Cervantes Mendoza, deja claro que hubo una omisión contra los integrantes de éste y el anterior cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, por incumplir el pago de tres laudos a igual número de despedidos, y también que se impusieron sanciones por esas anomalías.
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La sentencia a liquidar los laudos fue una parte de la sanción. La otra, fue la petición al Congreso estatal, el único facultado para ello, a abrir juicio de responsabilidades contra los funcionarios responsables, de los cuales, seis hoy buscan un cargo de elección popular.
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Que los diputados hayan decidido no atreverse a iniciar siquiera los juicios ya fue decisión de ese poder, señala la funcionaria.
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El argumento que usaron para evadir esa posibilidad fue criticado duramente por el abogado Jorge Chessal. Absurdo, lo consideró.
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La abdicación de los diputados de su responsabilidad, sospechosa en tanto un buen número de acusados está actualmente en campaña es una muestra más de la impunidad que impera en la entidad.
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Se necesita tener un corazón muy duro para desdeñar las desesperadas demandas de los familiares de los 29 potosinos que recientemente cumplieron ocho años de haber desaparecido mientras viajaban en un camión por tierras tamaulipecas.
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Pero eso es, precisamente, lo que ha ocurrido. El hecho de que el expediente del caso haya sido extraviado y, prácticamente, se hubiera tenido que empezar la investigación desde cero.
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La recomendación que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos prepara para la fiscalía es más que merecida.
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El uso faccioso de las instituciones para atacar críticos políticos se reveló como vigente en la semana que concluyó.
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El hallazgo de una toma clandestina en una empresa de lavado de autos por parte del Interapas y el anuncio de una eventual sanción es, sin duda, positivo. Es su responsabilidad detectar a los ladrones del agua y castigarlos.
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Pero resulta demasiada notoria la intención política de revelar la identidad de los responsables de la anomalía. ¿El organismo hará públicas las identidades del resto de los infractores? A partir de ahora, está obligada.
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Su acción desató una campaña de linchamiento mediático y oficial en contra de representantes del Frente Ciudadano Anticorrupción, que se ha vuelto incómodo para el Congreso y la alcaldía capitalina.
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Así, les achacaron los pecados de la parentela y los tundieron, en un claro intento de desacreditar las denuncias por diversas irregularidades.
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Pero las trapacerías propias no se van a ocultar denunciando las de otros.
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¡HASTA MAÑANA!
La presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Rosa Cervantes Mendoza, deja claro que hubo una omisión contra los integrantes de éste y el anterior cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, por incumplir el pago de tres laudos a igual número de despedidos, y también que se impusieron sanciones por esas anomalías.
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La sentencia a liquidar los laudos fue una parte de la sanción. La otra, fue la petición al Congreso estatal, el único facultado para ello, a abrir juicio de responsabilidades contra los funcionarios responsables, de los cuales, seis hoy buscan un cargo de elección popular.
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Que los diputados hayan decidido no atreverse a iniciar siquiera los juicios ya fue decisión de ese poder, señala la funcionaria.
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El argumento que usaron para evadir esa posibilidad fue criticado duramente por el abogado Jorge Chessal. Absurdo, lo consideró.
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La abdicación de los diputados de su responsabilidad, sospechosa en tanto un buen número de acusados está actualmente en campaña es una muestra más de la impunidad que impera en la entidad.
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Se necesita tener un corazón muy duro para desdeñar las desesperadas demandas de los familiares de los 29 potosinos que recientemente cumplieron ocho años de haber desaparecido mientras viajaban en un camión por tierras tamaulipecas.
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Pero eso es, precisamente, lo que ha ocurrido. El hecho de que el expediente del caso haya sido extraviado y, prácticamente, se hubiera tenido que empezar la investigación desde cero.
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La recomendación que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos prepara para la fiscalía es más que merecida.
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El uso faccioso de las instituciones para atacar críticos políticos se reveló como vigente en la semana que concluyó.
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El hallazgo de una toma clandestina en una empresa de lavado de autos por parte del Interapas y el anuncio de una eventual sanción es, sin duda, positivo. Es su responsabilidad detectar a los ladrones del agua y castigarlos.
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Pero resulta demasiada notoria la intención política de revelar la identidad de los responsables de la anomalía. ¿El organismo hará públicas las identidades del resto de los infractores? A partir de ahora, está obligada.
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Su acción desató una campaña de linchamiento mediático y oficial en contra de representantes del Frente Ciudadano Anticorrupción, que se ha vuelto incómodo para el Congreso y la alcaldía capitalina.
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Así, les achacaron los pecados de la parentela y los tundieron, en un claro intento de desacreditar las denuncias por diversas irregularidades.
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Pero las trapacerías propias no se van a ocultar denunciando las de otros.
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¡HASTA MAÑANA!
