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Reforma a modo Duda razonable
La sentencia popular “La burra no era arisca, los palos la hicieron” puede aplicarse perfectamente a cada acto que realiza la actual Legislatura.
Los diputados se han ganado con creces esa desconfianza, debido al abuso, la opacidad y la falta de compromiso que han mostrado sus integrantes.
Hasta en los actos que en apariencia parecen aciertos, la sombra de duda no ha tardado en aparecer.
Así ocurre con la intención, después de soportar meses de presión ciudadana por las irregularidades detectadas, de acabar con la partida de Gestoría Institucional.
La propuesta, presentada la semana pasada, es la confirmación de que el Congreso ha actuado fuera de norma todo este tiempo, en el ejercicio de una partida millonaria sobre la cual pesa la sospecha de la corrupción.
Hasta ahora, que se presenta la iniciativa que pretende ponerle fin, se sabe que la gestoría institucional la ha manejado una instancia que no estaba facultada legalmente para hacerlo.
El hasta ahora desconocido Comité de Orientación, Gestoría y Quejas era el que tenía la atribución de aprobar la entrega de los recursos de la partida. También hasta ahora, se sabe que éstos debían concederse previa elaboración de un estudio socioeconómico que validara la necesidad de apoyo de los solicitantes.
Sin embargo, la partida nunca fue manejada por ese comité y, salvo que los presente el Legislativo, no se conoce uno sólo de los estudios socioeconómicos que hayan validado los apoyos.
Esto no impidió que se asignaran los recursos, pero por otra vía que no debía serlo: la Junta de Coordinación Política. Y, al parecer, sin más criterio que la voluntad y discrecionalidad de los legisladores.
La propuesta legislativa cambia también atribuciones para la Jucopo, pero más bien para poner el candado que evite hacer lo que, justamente, han hecho en estos tres años.
A la par que esta propuesta, se presentó otra del Comité Ciudadano de Transparencia del Congreso, que tiene diferencias muy marcadas con su equivalente legislativo. De inicio, deroga de plano la existencia del Comité de Orientación, Gestoría y Quejas.
Y tiene también una diferencia puntual: propone modificar el artículo 179 del Reglamento Interior del Congreso, en el que quita al Coordinador de Finanzas del Congreso la facultad de pagar apoyos legislativos y gestoría a los grupos parlamentario, diputados y comisiones legislativas.
La propuesta de los diputados no hace mención de esto. Al aceptar las iniciativas, en el Congreso se dijo que se iban a combinar ambas propuestas. Habrá que ver si incluye este punto, que parece vital.
En suma, el Congreso propone, para acabar con la partida de Gestoría Institucional, quitarle la facultad a un ente que nunca la ejerció. Y a la que autoriza los apoyos, la Jucopo, mantenerla intocada.
Además, se revela el incumplimiento repetido de la normatividad. Qué bien es acabar con esta partida. Mejor sería investigar los muchos visos de irregularidad que tiene el asunto.
¡HASTA MAÑANA!
La sentencia popular “La burra no era arisca, los palos la hicieron” puede aplicarse perfectamente a cada acto que realiza la actual Legislatura.
Los diputados se han ganado con creces esa desconfianza, debido al abuso, la opacidad y la falta de compromiso que han mostrado sus integrantes.
Hasta en los actos que en apariencia parecen aciertos, la sombra de duda no ha tardado en aparecer.
Así ocurre con la intención, después de soportar meses de presión ciudadana por las irregularidades detectadas, de acabar con la partida de Gestoría Institucional.
La propuesta, presentada la semana pasada, es la confirmación de que el Congreso ha actuado fuera de norma todo este tiempo, en el ejercicio de una partida millonaria sobre la cual pesa la sospecha de la corrupción.
Hasta ahora, que se presenta la iniciativa que pretende ponerle fin, se sabe que la gestoría institucional la ha manejado una instancia que no estaba facultada legalmente para hacerlo.
El hasta ahora desconocido Comité de Orientación, Gestoría y Quejas era el que tenía la atribución de aprobar la entrega de los recursos de la partida. También hasta ahora, se sabe que éstos debían concederse previa elaboración de un estudio socioeconómico que validara la necesidad de apoyo de los solicitantes.
Sin embargo, la partida nunca fue manejada por ese comité y, salvo que los presente el Legislativo, no se conoce uno sólo de los estudios socioeconómicos que hayan validado los apoyos.
Esto no impidió que se asignaran los recursos, pero por otra vía que no debía serlo: la Junta de Coordinación Política. Y, al parecer, sin más criterio que la voluntad y discrecionalidad de los legisladores.
La propuesta legislativa cambia también atribuciones para la Jucopo, pero más bien para poner el candado que evite hacer lo que, justamente, han hecho en estos tres años.
A la par que esta propuesta, se presentó otra del Comité Ciudadano de Transparencia del Congreso, que tiene diferencias muy marcadas con su equivalente legislativo. De inicio, deroga de plano la existencia del Comité de Orientación, Gestoría y Quejas.
Y tiene también una diferencia puntual: propone modificar el artículo 179 del Reglamento Interior del Congreso, en el que quita al Coordinador de Finanzas del Congreso la facultad de pagar apoyos legislativos y gestoría a los grupos parlamentario, diputados y comisiones legislativas.
La propuesta de los diputados no hace mención de esto. Al aceptar las iniciativas, en el Congreso se dijo que se iban a combinar ambas propuestas. Habrá que ver si incluye este punto, que parece vital.
En suma, el Congreso propone, para acabar con la partida de Gestoría Institucional, quitarle la facultad a un ente que nunca la ejerció. Y a la que autoriza los apoyos, la Jucopo, mantenerla intocada.
Además, se revela el incumplimiento repetido de la normatividad. Qué bien es acabar con esta partida. Mejor sería investigar los muchos visos de irregularidad que tiene el asunto.
¡HASTA MAÑANA!
