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En deuda con ellas Amenaza electoral
El mes entrante se va a cumplir un año de que la Secretaría de Gobernación aprobó la emisión de la alerta de género para San Luis y seis de sus municipios.
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El sexto lugar en que las cifras delictivas oficiales ponen a la entidad evidencia el fracaso de las medidas que se han establecido para eliminar los asesinatos de mujeres que califican como feminicidio.
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Resalta todavía más el fracaso de la medida que tres de los seis municipios incluidos en la alerta, la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Rioverde, estén en la lista de cien municipios del país en los que se ha registrado al menos un crimen de esta naturaleza.
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Con un clima de inseguridad al alza, del que no hay ninguna evidencia de que las autoridades estén capacitadas para controlarlo, lo más probable es que esa cifra crezca aún más.
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Como en muchos otros aspectos en materia de inseguridad, las autoridades federales, estatales y de los municipios involucrados, deben poner un empeño mayor para terminar con las amenazas a las que se enfrentan las potosinas.
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La inseguridad y la violencia también están en campaña. La muerte de un simpatizante panista en un ataque, que dejó a otros tres heridos, cuya naturaleza aún no está oficialmente definida, crispa el ambiente electoral.
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Desde luego que la certeza sobre el origen de la agresión es necesaria, pero la incertidumbre va a generar bastante daño al proceso electoral. Y en ese panorama, la prudencia que pueda llegar a tener Acción Nacional es crucial.
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Es entendible que haya indignación por el hecho, pero apresurarse a apuntar en la dirección equivocada causaría más daño aún.
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Eso no quiere decir que ante ello, se deje de insistir en que la justicia llegue para las víctimas.
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Y para ello, se requiere que las autoridades investigadoras y de procuración de justicia hagan su trabajo. Son ya varias las voces que han insistido en que el proceso electoral está amenazado por la violencia.
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Ese compromiso está todavía pendiente de cumplimiento. El Ejecutivo debe asumirse como el garante de la seguridad y la justica en la entidad. Si en condiciones normales, debe cumplir con ello, en un proceso electoral la necesidad es mayor.
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Interapas y la Comisión Estatal del Agua están guardando un incómodo silencio sobre un problema de suma gravedad: la contaminación de la presa de San José.
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El crecimiento del lirio acuático, ya lo han dicho científicos acreditados, es un indicio del alto grado de polución. La causa es bien conocida: la descarga de heces fecales en el drenaje de Escalerillas llega directamente al embalse.
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En esa localidad hay una planta tratadora que costó millones de pesos y ahora es un esqueleto de metal y cemento totalmente inútil.
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¿A cuál de esas dependencias les corresponde la responsabilidad de encontrar una solución que amenaza de manera grave la salud de los potosinos?
El mes entrante se va a cumplir un año de que la Secretaría de Gobernación aprobó la emisión de la alerta de género para San Luis y seis de sus municipios.
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El sexto lugar en que las cifras delictivas oficiales ponen a la entidad evidencia el fracaso de las medidas que se han establecido para eliminar los asesinatos de mujeres que califican como feminicidio.
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Resalta todavía más el fracaso de la medida que tres de los seis municipios incluidos en la alerta, la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Rioverde, estén en la lista de cien municipios del país en los que se ha registrado al menos un crimen de esta naturaleza.
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Con un clima de inseguridad al alza, del que no hay ninguna evidencia de que las autoridades estén capacitadas para controlarlo, lo más probable es que esa cifra crezca aún más.
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Como en muchos otros aspectos en materia de inseguridad, las autoridades federales, estatales y de los municipios involucrados, deben poner un empeño mayor para terminar con las amenazas a las que se enfrentan las potosinas.
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La inseguridad y la violencia también están en campaña. La muerte de un simpatizante panista en un ataque, que dejó a otros tres heridos, cuya naturaleza aún no está oficialmente definida, crispa el ambiente electoral.
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Desde luego que la certeza sobre el origen de la agresión es necesaria, pero la incertidumbre va a generar bastante daño al proceso electoral. Y en ese panorama, la prudencia que pueda llegar a tener Acción Nacional es crucial.
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Es entendible que haya indignación por el hecho, pero apresurarse a apuntar en la dirección equivocada causaría más daño aún.
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Eso no quiere decir que ante ello, se deje de insistir en que la justicia llegue para las víctimas.
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Y para ello, se requiere que las autoridades investigadoras y de procuración de justicia hagan su trabajo. Son ya varias las voces que han insistido en que el proceso electoral está amenazado por la violencia.
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Ese compromiso está todavía pendiente de cumplimiento. El Ejecutivo debe asumirse como el garante de la seguridad y la justica en la entidad. Si en condiciones normales, debe cumplir con ello, en un proceso electoral la necesidad es mayor.
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Interapas y la Comisión Estatal del Agua están guardando un incómodo silencio sobre un problema de suma gravedad: la contaminación de la presa de San José.
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El crecimiento del lirio acuático, ya lo han dicho científicos acreditados, es un indicio del alto grado de polución. La causa es bien conocida: la descarga de heces fecales en el drenaje de Escalerillas llega directamente al embalse.
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En esa localidad hay una planta tratadora que costó millones de pesos y ahora es un esqueleto de metal y cemento totalmente inútil.
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¿A cuál de esas dependencias les corresponde la responsabilidad de encontrar una solución que amenaza de manera grave la salud de los potosinos?
