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Violencia tolerada Carril invadido

Las autoridades no sólo no han podido evitar que los robos aumenten en la entidad, sino que tampoco han impedido que la violencia aparezca en la mayoría de los casos.
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Los ladrones están prescindiendo del sigilo y la cautela y no les está importando llegar a la agresión para despojar de sus bienes a las víctimas.
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El riesgo para éstos se multiplica ante la posibilidad de, perder, además, la vida o, en el menos peor de los casos, ver muy comprometida su integridad física.
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No debería ser, pero ahora, a la estadística de los robos, resulta más probable que se le sumen los de lesiones o hasta de asesinato.
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Revive el proyecto del metrobús con el anuncio de que el Gobierno Estatal formará un fideicomiso, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes local y la Junta Estatal de Caminos, y Banobras.
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No se habla de montos y otros detalles importantes, pero el titular de la SCT, Ramiro Robledo López, reveló un indicio que desdora el proyecto: el carril por el que circulen las unidades no será exclusivo, sino “preferente”.
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A contracorriente de otros proyectos que ya funcionan en otras ciudades del país, el metrobús potosino tendrá que vérselas con otras unidades circulando en su carril.
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El recorrido entre la alameda Juan Sarabia y la Zona Industrial tendrá, sobre todo en la parte que cruza el centro de la ciudad hasta el distribuidor, muchas posibilidades de ser alentado por el tráfico normal que, en horas pico, puede llegar a ser desesperante.
Si es así como funcionará el metrobús potosino, habrá que cuestionarse qué caso tendría invertir en un proyecto que se va a ver afectado por la problemática actual de la movilidad urbana: el tráfico.
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En el Congreso del Estado, dos asuntos espinosos que los diputados prometieron investigarían parecen estar enfilados al destino tradicional de este tipo de asuntos: la “congeladora”.
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En mayo, el Legislativo expidió un cheque por 1.3 millones de pesos para pagar un laudo laboral que, originalmente era de 1.8 millones, a los que se les descontaron los impuestos, a un empleado despedido en la pasada Legislatura, que no sólo obtuvo la millonaria compensación sino que conservó su empleo.
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Al conocerse la aprobación del pago, y ante la polémica que generó la noticia, el Congreso anunció una investigación para verificar si hubo alguna anomalía en el proceso. De eso han pasado semanas, sin que se conozca el resultado.
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Otra indagatoria que parece haber caído en el olvido es la de los polémicos apoyos de la Gestoría Institucional, que se ordenó cuando la presión social sobre la oscura práctica que se hizo costumbre en esta Legislatura se hizo insostenible.
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Tampoco se ha sabido qué ha pasado con esta indagatoria.
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No resulta sorpresivo, pues lo que suele ocurrir cuando una autoridad se investiga a sí misma es, precisamente lo que pasa ahora: nada.
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¡HASTA MAÑANA!