Receta para el fracaso Sin pretextos

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Lo más irónico del fallido desenlace de la telenovela del aumento del Interapas es que el organismo operador necesita de manera urgente un alza a las tarifas. Ninguna organización, pública o privada que proporcione un servicio, puede sobrevivir sin actualizar el costo de sus insumos.
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Interapas tiene seis años sin aumentar sus tarifas. De hecho, en un año, se redujeron. El resultado es un organismo que no puede satisfacer a cabalidad la demanda de agua potable y servicios.
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La tragedia del Interapas es que está sujeto a las veleidades de los políticos, que están más preocupados por sus intereses que en los usuarios de los servicios del organismo.
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Los diputados temen que autorizar un incremento dañe su carrera política, acostumbrados como están a saltar de un cargo a otro.
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Y está otro factor. Las alcaldías, y también el Congreso, se rigen de acuerdo a las veleidades políticas. Si la alcaldía es de A, pero la mayoría legislativa es de B y C, éstas no aprobarán ni de casualidad cualquier solicitud que haga.
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Al siguiente trienio, si C conquista el ayuntamiento, pero las otras fuerzas políticas controlan el Legislativo, ocurre lo mismo.
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Así ha pasado todo este tiempo. Si a eso se le agrega la incapacidad para armar acuerdos, la improvisación, o la mera incompetencia de los políticos actuales, no era difícil llegar a la situación que vimos ayer.
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¿No que eran diferentes? A mediados de año, la pasada Legislatura se regaló la posibilidad de recibir con antelación el aguinaldo. Así, tuvimos a diputados recibiendo la prestación en agosto o septiembre, antes de que finalizara el trienio.
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Pues bien, sus sucesores, en especial los de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, que se proclamaban distintos… no lo son tanto.
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Dos de sus integrantes, Mario Lárraga y Alejandra Valdés, no aguantaron a diciembre y en noviembre, según el listado de cheques del mes pasado, ambos pidieron un adelanto de su aguinaldo de 72 mil 941 pesos cada uno.
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Hay algunas cosas que simplemente no cambian.
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Luego de que se revelara la opacidad con la que los diputados manejan sus declaraciones patrimoniales, en el Poder Judicial, la excusa fue que no se disponían de los formatos adecuados, que debían ser diseñados y entregados por el Sistema Estatal Anticorrupción, algo que es imposible, debido a los litigios que empantanan al SEA.
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La historia tiene un giro, pues ahora la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública dice que esa regla no aplica para las tres declaraciones, sino sólo a una, la de intereses. Es decir, que no existe pretexto para que las otras dos declaraciones se hagan públicas.
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Lo que reduce todo a una cuestión de voluntad.

¡HASTA MAÑANA!