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Miguel R. Valladares García

miércoles 12 diciembre 2018

¿Y la austeridad? Berrinche soledense

Pulso
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La nueva Legislatura se enfila a su primer tropezón como institución, al anunciar el monto del presupuesto para 2019.

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Y es que cuando la austeridad es el mantra de las nuevas administraciones derivadas de las autoridades emanadas de la elección de julio pasado, la LXII Legislatura actúa a contracorriente de esa tendencia y proyecta un presupuesto que nada tiene de ahorrativo.

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De 293 millones de pesos que recibió este año, para el entrante, los legisladores proponen 298 millones de pesos. El problema se agudiza no sólo por esos cinco millones de pesos extras.

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Sus antecesores enfrentaron el descrédito local e incluso a nivel nacional no sólo por “La Ecuación Corrupta”, sino por el infame manejo de la partida de Gestoría Institucional. Tanto fue el desprestigio, que la pasada administración la eliminó del presupuesto.

Sin embargo, la reducción natural que se esperaría en el presupuesto, de unos 10.2 millones de pesos, pues ese fue el monto presupuestado a Gestoría para este año no se refleja.

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La señal es obvia: los diputados locales no tienen la intención de dejar de gastarlos. Pese a que en sus declaraciones iniciales, el presidente de la Jucopo, Edson Quintanar afirmó que el presupuesto se reduciría.

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Y en otro ejemplo de que la austeridad no es prioridad de los organismos públicos, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se exhibe como voraz al pedir nada menos que 30 millones de pesos para iniciar las actividades del organismo.

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Esa voracidad no se refleja sólo en la delirante cantidad exigida, sino también porque, legalmente, los consejeros ciudadanos tendrían por qué solicitar los recursos, pues no es su atribución, sino de la aún inexistente secretaría técnica.

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Los hechos evidencian el desconocimiento de los procedimientos por parte de los consejeros ciudadanos.

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En el episodio más grave en las relaciones entre los ayuntamientos de los municipios conurbados de la capital y Soledad, éste último ayuntamiento amaga con retirarse del Interapas, tras fracasar en evitar el cambio de delegado del organismo.

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Sin fundamento legal, sin cuidar las formas y con una prepotencia inocultable, el alcalde gallardista Gilberto Hernández quiso desalojar a la nueva delegada, la excandidata del PAN-MC a la diputación del quinto distrito de Soledad, Natalia Castillo.

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Se trató de un amago para impedir la sustitución de José Luis Castro, que el alcalde ve más como un funcionario de su gobierno y no como el servidor público de un organismo autónomo.

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Legalmente, el intento no tenía fundamento. Se trata de una atribución normativa de la Dirección General, en la que los alcaldes no tienen relación. Tampoco pueden alegar ningún control del inmueble, que es arrendado por el organismo.

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Y ahora, la represalia va por el abandono del Interapas, retirando a Soledad del organismo. No será, por más que el enojo que haya en el ayuntamiento del vecino municipio, un procedimiento ni sencillo ni corto.

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Sin ninguna promoción, inicia hoy el Festival San Luis. El elenco tiene sólo chispazos de atractivo y continúa la tradición de mediocridad en el que ha caído la celebración cultural.

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