SL en llamas Inseguridad carretera
De nueva cuenta, la sombra de los incendios forestales se cierne sobre el estado, lo que no resulta extraño dada la combinación de factores meteorológicos adversos: ausencia de lluvia, grandes cantidades de vegetación reseca y la actividad agrícola que no se detiene pese al estiaje se han compaginado para replicar los escenarios de 2019.
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En ese año, el fuego destruyo cientos de hectáreas de bosques y pastizales en las cuatro regiones del estado.
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El problema radica en si las autoridades están preparadas para enfrentar una emergencia de esta naturaleza.
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Deberían, pues desde hace meses se venían presentando las condiciones para esperar una activa temporada de incendios. Si no se hizo, sería una
grave negligencia.
Habrá que esperar que las condiciones climáticas mejoren al grado de inhibir la posibilidad de incendios, pero sería confiar en el azar.
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Uno de los indicios más evidentes del empeoramiento de la inseguridad en San Luis son las carreteras. Que el estado esté entre las entidades con mayor registro de robo de transporte de carga lo deja muy claro.
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Y también se refleja en la más reciente encuesta del Inegi sobre cumplimiento gubernamental, en donde se observa una degradación de la percepción de seguridad en las carreteras de la entidad, hasta llegar a casi el 80 por ciento de opiniones de potosinos que las consideran inseguras.
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Se está volviendo ya muy recurrente que la realidad exhiba el enorme contraste entre la realidad y el discurso oficial que habla de un San Luis Potosí sin focos rojos.
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La tratadora del Tanque Tenorio no es sólo un problema de saneamiento de agua y salud pública. También lo es en materia financiera, con el señalamiento de Veolia, la empresa que manejaba la planta hasta hace unos meses de que persiste un adeudo de más de 300 millones de pesos.
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El señalamiento se da en condiciones extrañas. Fue dado a conocer a través de un comunicado de prensa oficial de la empresa, como una respuesta a una presunta afirmación gubernamental de que la deuda está saldada. Hay notas de medios distintos que corroboran esa versión y que fueron publicadas el lunes.
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Sin embargo, desde el gobierno estatal se lanzó ayer un desmentido, indicando que el adeudo no se ha desconocido.
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En cualquier caso, el escenario se complica para el gobierno estatal, pues la aceptación de la existencia del pasivo implica un reconocimiento de la obligación de pagar.
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Pero con este gobierno, nada está escrito en piedra y no es descartable un viraje. Lo que apuntaría a un encontronazo con la empresa, que como se ve, está más que determinada a cobrar esa suma.
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¡HASTA MAÑANA!
