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Hasta que hacen agua sus detenciones más anunciadas como logros de inteligencia policiaca, y los delincuentes salen declarándose víctimas de procedimientos policiacos abusivos, los funcionarios de nuestros gobiernos, federal y estatal, admiten que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es una fantasía noruega, inaplicable en San Luis y en el país entero.
La admisión de esta verdad, cantada y advertida antes de la aprobación de las reformas, llega tarde y se ve muy complicado que las adecuaciones se hagan en un plazo no muy largo. Le apostaron todo a leyes blandurrias que son hoy la felicidad de los delincuentes, así como a procedimientos científicos que nuestras policías no están capacitadas para realizar, ni los gobiernos tienen fondos para crear los espacios y dotar de los equipos necesarios.
La liberación de cinco integrantes de una presunta banda delictiva en esta semana, motivó que el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconociera la urgencia de reconsiderar el concepto de flagrancia, un dolor de cabeza para las policías porque a un delincuente no se le puede detener si no es en el momento del delito; el afectado puede señalarlo, pero hasta que no consiga orden de un juez, no puede llevarlo a la justicia.
El Nuevo Sistema de Justicia aceleró para los delincuentes la puerta giratoria de las fiscalías, y como el disuasivo de la cárcel les queda más lejos, se han confiado para cometer más delitos. Estúpidamente, los reformadores plantearon que las policías investigadoras eficientes se generarían de manera espontánea y se consolidarían en un tris para dominar en la nueva situación; craso error.
El establecimiento de medidas compensatorias para las víctimas se convirtió en arma de dos filos. Es cierto, antes la víctima no podía esperar que su denuncia le diera la posibilidad de una recuperación material de lo robado, o de lo dañado. Ahora, el homicida puede salir libre si “compensa” a la víctima, como si un bono le devolviera al familiar de un asesinado.
El resultado de este sistema son unas cifras delictivas duras en imparable ascenso y un enojo mayor de la sociedad que no ve al Estado cumplir con su obligación primigenia de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos.
Pero si la impunidad delictiva agarró nuevo vuelo, la de los políticos no conoce techo. De todos los colores.
A fines del mes pasado, el diario español El País publicó una entrevista con los reporteros de “La estafa maestra”, ganadora del premio Ortega y Gasset por dejar al descubierto la maquinaria de corrupción para distraer del erario 420 millones de dólares, a través de ocho universidades públicas que facturaban supuestos estudios y servicios. “La investigación que debió sacudir a México (pero no lo hizo)”, tituló el diario, escandalizado.
No pasó nada. Los reporteros, del portal Animal Político, confirmaron que en México es lo normal. No hay un solo indiciado de medio centenar de funcionarios involucrados.
Once dependencias federales contrataron a las universidades públicas para que realizaran programas y políticas sociales; las universidades cobraron una comisión y contrataron empresas fantasmales que llevaron el dinero a otras empresas todavía más opacas.
En San Luis Potosí el presupuesto para los necesitados es también una canasta de regalos a la que se accede con facturas de entidades fantasmagóricas. Los casos abundan y hay algunos esperpénticos, como el del diputado local panista por el distrito VII, Mariano Niño Martínez, quien cobró apoyos del Congreso por más de 80 mil pesos a nombre de una persona ya fallecida, como documentó Ciudadanos Observando. La organización Ganemos promovió demanda penal en su contra, pero no se ve que la Fiscalía le mueva un ápice al asunto.
Ni porque hay en el papel una Fiscalía Anticorrupción camina nada. El diputado con licencia Enrique Flores Flores, chantajista de alcaldes videoconfeso, anda por ahí, promoviendo amparo, mientras la Fiscalía tarda, tarda y tarda en establecer por lo menos una responsabilidad. De nada sirvió crear una fiscalía enfocada a procurar justicia contra la corrupción si es lenta e incompetente como lo que había antes en esa materia. Fiscalía de papel, fiscalía buena para nada.
De las contralorías, peor. Las municipales son subordinadas a quien gobierne y la estatal no da resultados de nada, nada, nada. Anuncian investigaciones que después se diluyen en el olvido. Se dedican a sobar expedientes. Son verdaderos ministerios de la justificación: eficientes solo para generar alegatos del porqué nunca llegan a algo concluyente ni le fincan sanciones al responsable.
En el estado, domina un sexenio de dejar hacer. El titular del Ejecutivo no se moja nunca. Para no meterse en líos, ha dejado hacer y deshacer a delegados federales opacos y con acusaciones de corrupción. Han tenido los constructores que ir a hacer plantón en la delegación SCT para visibilizar sus acusaciones contra el delegado.
Para todos estos personajes, el olvido de sus raterías es un triunfo sin fisuras. La justicia nunca llega a nada y cuando llega, ya prescribió lo que perseguía. Padecen el síndrome de Korsakov: esa afección que implica una pérdida de la memoria y la fabulación para reemplazar con unas fantasías los recuerdos verdaderos que se han perdido.
Todavía no se han enterado de los hartos que están los ciudadanos de estas posturas rígidas; a ver si las urnas en sus colonias arrojan algo diferente. Es la hora del partido que ofrece venganza contra los funcionarios, un recurso populista. “Qué importa si la justicia se equivoca, lo importante es que alguien pague”, señalan.
Si las urnas llevan al gobierno a una opción de esas que ofrecen revanchas a los ciudadanos, no será raro que vean a entusiastas colgar en el Congreso, en el Ayuntamiento, en la SCT del delegado “moches” o en el Gobierno del Estado, una de esas mantas que ponen en las calles de vecindarios fastidiados de los atracos, donde advierten a los delincuentes que si los agarran en flagrancia, les darán una tunda tumultuaria y los lincharán sin más.
Se lo habrán buscado.
MEDICINAS Y LODO. Desde que a las alcaldías les dio por prestar servicios de farmacia, o de dispensario, los líos millonarios con proveedores ya dan suficiente para que los entes vigilantes y de anticorrupción se metan con más método en el tema. El caso de las compras multimillonarias del ayuntamiento capitalino actual a la proveedora fantasma Sandra Sánchez Ruiz es el más escandaloso, por monto, por burdo y por impune.
GANÓ EL DEMANDADO. El Ayuntamiento de Matehuala acaba de ganar un juicio oral mercantil a una proveedora farmacéutica, Fármacos Potosinos S.A. de C.V. El monto no es espectacular como el que se embolsó la señora Sánchez Ruiz en San Luis, pero no está para tirarse al tacho del olvido: 228 mil 231 pesos con 41 centavos de 21 facturas expedidas del 18 de agosto al 2 de octubre de dos mil quince. Como se ve, el periodo de las compras corresponde al cierre de la administración municipal anterior, y se las heredaron a la del ahora candidato a senador suplente, el alcalde con licencia Everardo Nava.
LE ANULAN RECLAMO. Lo interesante de este caso es que el juez federal falló a favor de la alcaldía demandada por impago, porque la empresa no acreditó “que la compraventa de los productos que se indican en las facturas, tuviera sustento en algún contrato celebrado conforme a los requisitos previstos en la Ley de Adquisiciones del Estado”. El juzgador decretó que “las operaciones realizadas fuera de procedimiento legal, son nulas de pleno derecho”.
EPIDEMIA DE CHUECO. Las compras a Sánchez Ruiz no estuvieron nunca en contrato conforme a la Ley de Adquisiciones, pero no pasó nada gracias a los diputados colaboracionistas del PRD (del PRI y del PAN) y a la Auditoría Superior del Estado en su etapa más miserable. ¿A cuántos proveedores y contratistas más se les podrá aplicar esta previsión de la Ley de Adquisiciones?
“NO MÁS BECARIOS”. Entre los empresarios, en especial los de la construcción y sector inmobiliario, analizan con mucho interés las posibilidades de las listas de candidatos a regidores que presentaron las distintas opciones. Los motiva el papel gris y de penuria de la mayoría de los integrantes del colegiado municipal, sobre todo los del PAN y del PRI.
SEGUROS. Los primeros de esas listas tienen el futuro más cierto que el de los candidatos a presidentes municipales que encabezan las planillas: llegan porque llegan. A ver si estos sí se comprometen con su deber vigilante y de contrapeso.
LA MUESTRA. Sin proponérselo, la representación estudiantil del Tec de Monterrey dejó en un punto muy lejano de su retrovisor a la FUP con el foro de candidatos a alcaldes y a diputados federales por el distrito federal V. A nuestros liderazgos universitarios juveniles no se les ocurre abrir espacios para la exposición respetuosa de ideas y su contraste. No fuera organizar borracheras en el asta bandera cuanto tienen elecciones, porque ahí sí están muy truchas.
LA CLAVE PERSUASIVA
Diego Valadés, ex ministro de la SCJN, investigador de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, sobre el mensaje anti instituciones del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El País (18/V9).
OFICIALMENTE REBASADO…
Enrique Peña Nieto, presidente de México, en una dinámica “Respuestas rápidas para Instagram…”, responde a la pregunta: “¿Quién es el personaje más odiado de México”. (17/V).
Jenaro Villamil, politólogo, periodista y autor del libro “Cleptocracia: El nuevo modelo de corrupción”, responde a pregunta sobre el gobierno peñanietista. Sinembargo.mx (19/V).
Si la delincuencia goza de impunidad, los políticos también. Los dos temas están presentes en las campañas y definirán el cruce de boletas en las casillas. El enojo ciudadano está listo para cobrarse años de anuncios inútiles de combate a la corrupción.
Hasta que hacen agua sus detenciones más anunciadas como logros de inteligencia policiaca, y los delincuentes salen declarándose víctimas de procedimientos policiacos abusivos, los funcionarios de nuestros gobiernos, federal y estatal, admiten que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es una fantasía noruega, inaplicable en San Luis y en el país entero.
La admisión de esta verdad, cantada y advertida antes de la aprobación de las reformas, llega tarde y se ve muy complicado que las adecuaciones se hagan en un plazo no muy largo. Le apostaron todo a leyes blandurrias que son hoy la felicidad de los delincuentes, así como a procedimientos científicos que nuestras policías no están capacitadas para realizar, ni los gobiernos tienen fondos para crear los espacios y dotar de los equipos necesarios.
La liberación de cinco integrantes de una presunta banda delictiva en esta semana, motivó que el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconociera la urgencia de reconsiderar el concepto de flagrancia, un dolor de cabeza para las policías porque a un delincuente no se le puede detener si no es en el momento del delito; el afectado puede señalarlo, pero hasta que no consiga orden de un juez, no puede llevarlo a la justicia.
El Nuevo Sistema de Justicia aceleró para los delincuentes la puerta giratoria de las fiscalías, y como el disuasivo de la cárcel les queda más lejos, se han confiado para cometer más delitos. Estúpidamente, los reformadores plantearon que las policías investigadoras eficientes se generarían de manera espontánea y se consolidarían en un tris para dominar en la nueva situación; craso error.
El establecimiento de medidas compensatorias para las víctimas se convirtió en arma de dos filos. Es cierto, antes la víctima no podía esperar que su denuncia le diera la posibilidad de una recuperación material de lo robado, o de lo dañado. Ahora, el homicida puede salir libre si “compensa” a la víctima, como si un bono le devolviera al familiar de un asesinado.
El resultado de este sistema son unas cifras delictivas duras en imparable ascenso y un enojo mayor de la sociedad que no ve al Estado cumplir con su obligación primigenia de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos.
Pero si la impunidad delictiva agarró nuevo vuelo, la de los políticos no conoce techo. De todos los colores.
A fines del mes pasado, el diario español El País publicó una entrevista con los reporteros de “La estafa maestra”, ganadora del premio Ortega y Gasset por dejar al descubierto la maquinaria de corrupción para distraer del erario 420 millones de dólares, a través de ocho universidades públicas que facturaban supuestos estudios y servicios. “La investigación que debió sacudir a México (pero no lo hizo)”, tituló el diario, escandalizado.
No pasó nada. Los reporteros, del portal Animal Político, confirmaron que en México es lo normal. No hay un solo indiciado de medio centenar de funcionarios involucrados.
Once dependencias federales contrataron a las universidades públicas para que realizaran programas y políticas sociales; las universidades cobraron una comisión y contrataron empresas fantasmales que llevaron el dinero a otras empresas todavía más opacas.
En San Luis Potosí el presupuesto para los necesitados es también una canasta de regalos a la que se accede con facturas de entidades fantasmagóricas. Los casos abundan y hay algunos esperpénticos, como el del diputado local panista por el distrito VII, Mariano Niño Martínez, quien cobró apoyos del Congreso por más de 80 mil pesos a nombre de una persona ya fallecida, como documentó Ciudadanos Observando. La organización Ganemos promovió demanda penal en su contra, pero no se ve que la Fiscalía le mueva un ápice al asunto.
Ni porque hay en el papel una Fiscalía Anticorrupción camina nada. El diputado con licencia Enrique Flores Flores, chantajista de alcaldes videoconfeso, anda por ahí, promoviendo amparo, mientras la Fiscalía tarda, tarda y tarda en establecer por lo menos una responsabilidad. De nada sirvió crear una fiscalía enfocada a procurar justicia contra la corrupción si es lenta e incompetente como lo que había antes en esa materia. Fiscalía de papel, fiscalía buena para nada.
De las contralorías, peor. Las municipales son subordinadas a quien gobierne y la estatal no da resultados de nada, nada, nada. Anuncian investigaciones que después se diluyen en el olvido. Se dedican a sobar expedientes. Son verdaderos ministerios de la justificación: eficientes solo para generar alegatos del porqué nunca llegan a algo concluyente ni le fincan sanciones al responsable.
En el estado, domina un sexenio de dejar hacer. El titular del Ejecutivo no se moja nunca. Para no meterse en líos, ha dejado hacer y deshacer a delegados federales opacos y con acusaciones de corrupción. Han tenido los constructores que ir a hacer plantón en la delegación SCT para visibilizar sus acusaciones contra el delegado.
Para todos estos personajes, el olvido de sus raterías es un triunfo sin fisuras. La justicia nunca llega a nada y cuando llega, ya prescribió lo que perseguía. Padecen el síndrome de Korsakov: esa afección que implica una pérdida de la memoria y la fabulación para reemplazar con unas fantasías los recuerdos verdaderos que se han perdido.
Todavía no se han enterado de los hartos que están los ciudadanos de estas posturas rígidas; a ver si las urnas en sus colonias arrojan algo diferente. Es la hora del partido que ofrece venganza contra los funcionarios, un recurso populista. “Qué importa si la justicia se equivoca, lo importante es que alguien pague”, señalan.
Si las urnas llevan al gobierno a una opción de esas que ofrecen revanchas a los ciudadanos, no será raro que vean a entusiastas colgar en el Congreso, en el Ayuntamiento, en la SCT del delegado “moches” o en el Gobierno del Estado, una de esas mantas que ponen en las calles de vecindarios fastidiados de los atracos, donde advierten a los delincuentes que si los agarran en flagrancia, les darán una tunda tumultuaria y los lincharán sin más.
Se lo habrán buscado.
ROLLOS SUELTOS
MEDICINAS Y LODO. Desde que a las alcaldías les dio por prestar servicios de farmacia, o de dispensario, los líos millonarios con proveedores ya dan suficiente para que los entes vigilantes y de anticorrupción se metan con más método en el tema. El caso de las compras multimillonarias del ayuntamiento capitalino actual a la proveedora fantasma Sandra Sánchez Ruiz es el más escandaloso, por monto, por burdo y por impune.
GANÓ EL DEMANDADO. El Ayuntamiento de Matehuala acaba de ganar un juicio oral mercantil a una proveedora farmacéutica, Fármacos Potosinos S.A. de C.V. El monto no es espectacular como el que se embolsó la señora Sánchez Ruiz en San Luis, pero no está para tirarse al tacho del olvido: 228 mil 231 pesos con 41 centavos de 21 facturas expedidas del 18 de agosto al 2 de octubre de dos mil quince. Como se ve, el periodo de las compras corresponde al cierre de la administración municipal anterior, y se las heredaron a la del ahora candidato a senador suplente, el alcalde con licencia Everardo Nava.
LE ANULAN RECLAMO. Lo interesante de este caso es que el juez federal falló a favor de la alcaldía demandada por impago, porque la empresa no acreditó “que la compraventa de los productos que se indican en las facturas, tuviera sustento en algún contrato celebrado conforme a los requisitos previstos en la Ley de Adquisiciones del Estado”. El juzgador decretó que “las operaciones realizadas fuera de procedimiento legal, son nulas de pleno derecho”.
EPIDEMIA DE CHUECO. Las compras a Sánchez Ruiz no estuvieron nunca en contrato conforme a la Ley de Adquisiciones, pero no pasó nada gracias a los diputados colaboracionistas del PRD (del PRI y del PAN) y a la Auditoría Superior del Estado en su etapa más miserable. ¿A cuántos proveedores y contratistas más se les podrá aplicar esta previsión de la Ley de Adquisiciones?
“NO MÁS BECARIOS”. Entre los empresarios, en especial los de la construcción y sector inmobiliario, analizan con mucho interés las posibilidades de las listas de candidatos a regidores que presentaron las distintas opciones. Los motiva el papel gris y de penuria de la mayoría de los integrantes del colegiado municipal, sobre todo los del PAN y del PRI.
SEGUROS. Los primeros de esas listas tienen el futuro más cierto que el de los candidatos a presidentes municipales que encabezan las planillas: llegan porque llegan. A ver si estos sí se comprometen con su deber vigilante y de contrapeso.
LA MUESTRA. Sin proponérselo, la representación estudiantil del Tec de Monterrey dejó en un punto muy lejano de su retrovisor a la FUP con el foro de candidatos a alcaldes y a diputados federales por el distrito federal V. A nuestros liderazgos universitarios juveniles no se les ocurre abrir espacios para la exposición respetuosa de ideas y su contraste. No fuera organizar borracheras en el asta bandera cuanto tienen elecciones, porque ahí sí están muy truchas.
LA TIRA DE LAS NETAS
LA CLAVE PERSUASIVA
“El único discurso positivo que hay en este momento, y por eso la sociedad lo está acogiendo con esa clara receptividad, es el que hace creer a la sociedad que tiene la fuerza suficiente para autogenerar su propio cambio”.
Diego Valadés, ex ministro de la SCJN, investigador de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, sobre el mensaje anti instituciones del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El País (18/V9).
OFICIALMENTE REBASADO…
“No sé (quién es el personaje más odiado), cada quien tiene el suyo. Cada quien tiene su quien. Ahí está el de la serie esta de Luis Miguel, Luisito Rey”.
Enrique Peña Nieto, presidente de México, en una dinámica “Respuestas rápidas para Instagram…”, responde a la pregunta: “¿Quién es el personaje más odiado de México”. (17/V).
CLEPTÓCRATAS EN APUROS
“(El de Peña Nieto) es un sexenio que duró dos años, los cuatro siguientes no supieron cómo revertir el derrumbe. Lo que han hecho es agonizar”.
Jenaro Villamil, politólogo, periodista y autor del libro “Cleptocracia: El nuevo modelo de corrupción”, responde a pregunta sobre el gobierno peñanietista. Sinembargo.mx (19/V).