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Miguel R. Valladares García

Sábado 24 Junio 2017

El “rat pack” de Vallejo

Adriana Ochoa
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En el afán de mantener la vía del “acuerdo” con la legislatura que heredó, el gobierno carrerista no atendió las advertencias sobre la corrupción en el órgano fiscalizador del Estado. No hay figura inocente en todo el entramado que salió a flote con el video del alcalde ebanense que se hartó de la extorsión de diputados y auditores. 

El 9 de julio de 2004, los entonces diputados perredistas Eduardo Martínez Benavente y Juan Ramiro Robledo Ruiz presentaron en la Procuraduría General de Justicia una documentada denuncia sobre una cuenta bancaria del Gobierno del Estado abierta en la sucursal 46 de Banco del Centro, hoy Banorte, en la Ciudad de México.

Ahí se hicieron depósitos de dinero público desde 1994 hasta 2001, “porque entonces, al parecer, se trasladó el dinero depositado a otra institución bancaria”, depósito éste no localizable. La cuenta fue manejada en forma discrecional e incluso su existencia nunca se reportó oficialmente y sin dejar huella del uso de los fondos fue cerrada; el tesorero o director de Egresos en esa desaseada administración, la de Fernando Silva Nieto, era nada menos que José de Jesús Martínez Loredo, el ahora ex titular de la ASE.

No obstante que los diputados Robledo y Martínez presentaron pruebas de recursos federales aportados a la enigmática cuentecilla, millones de pesos, la averiguación por fraude, ejercicio indebido de funciones, asociación delictuosa y peculado en agravio del erario se perdió en la neblina de las “realidades políticas” que atender por la administración de Marcelo de los Santos. No hubo voluntad.

Porque pudo y porque quiso, al secretario general de Fernando Toranzo, Cándido Ochoa Rojas, se le ocurrió reciclar como auditor superior del Estado a un Martínez Loredo con problemas de salud que no tardaron en notar los colaboradores de los que le rodearon. Protocolar, solemne e incapaz de pelearse con nadie, Martínez Loredo les resultó suficiente monada para transmitir autoridad.

Todo un capullo el señor auditor para que se hiciera en la ASE lo que le ordenaran; y si por un día frágil se le olvidaba la instrucción, estarían para recordarlo los colaboradores, una variopinta tropa de parientes y protegidos de diputados. Un auditor ni pulcro ni en condiciones de atención a su trabajo, absolutamente cómodo para hacer como se les viniera en gana con las cuentas.

Bien temprano supo el sucesor de Toranzo, Juan Manuel Carreras, que el auditor que le sembraron hasta el término de su sexenio no estaba en condiciones ni físicas ni éticas de trabajo. Carreras consintió en dejarlo para sacar las cuentas de su antecesor, pero inexplicablemente su estancia se prolongó más.

El grupo de diputados que Enrique Flores Flores tuvo a bien exhibir en una charla de chantaje al alcalde ebanense Crispín Ordaz tomó por asalto la Auditoría Superior del Estado, con protegidos y parientes en la nómina. Ahí fue a dar Fernando José Barrera Guillén, hermano de Manuel Barrera, primero como contralor, luego en la oficina de transparencia de la ASE.

Por el priista Oscar Bautista Villegas la pieza de mayor influencia es Sandra Anguiano Ramírez, nada menos que la auditora especial de Fiscalización Municipal y esposa de Ricardo Otoniel Martínez Torres, “asesor”, asistente, operador y/o contlapache del legislador cenecista.

Sandra es la funcionaria de la ASE que menciona el alcalde denunciante como quien se empecinó en sostener como anomalía el que haya dispuesto los recursos federales del ramo 28 en una cuenta de inversión. En la anterior Comisión de Vigilancia la recuerdan en actitud algo sobradita, tarugueando a quien cuestionara algo, y cuerpeada por Bautista.

La operadora de Bautista en la ASE le da a éste suficiente margen para maltratar en cuentas a alcaldes que no son de su interés, como el de Rioverde, y deshacerse en buen trato para otros, como el de Ciudad del Maíz, donde una sola constructora salida de no se sabe dónde, lleva el grueso de la obra.

El perredista José Guadalupe Torres Sánchez operó para sacar de todo riesgo las cuentas de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. De ahí el milagro de la “invisibilidad” de la proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruiz, en la cuenta 2015, y de las cero observaciones en la 2016. Es más, el documento de la cuenta de Soledad es más grueso que el del municipio de San Luis, aunque éste tenga un ingreso 270% más alto.

Los legisladores J. Guadalupe Torres Sánchez y Manuel Barrera Guillén, mencionados como integrantes de la red de “moches”, presentaron demandas contra Flores Flores. Una medida histriónica para salvar los propios muebles del incendio, pero difícilmente puede conseguir una percepción de credibilidad.

Y el alcalde Crispín Ordaz Trujillo acusó a Flores Flores de extorsión, amenazas, cohecho, ejercicio ilícito de funciones públicas, tráfico de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito.

En el PAN potosino, donde surgió el video y la denuncia, el caso ha llevado costos más altos en cuanto a su escuálida unidad. Cercano Crispín a Mendizábal, éste supo del video antes de que se hiciera público; calculando que Flores no iba a sobrevivir, se acercó a Xitlálic Sánchez en el cálculo de que ahora sí ésta pudiera alcanzar la Jucopo como coordinadora de bancada nombrada por el CDE, y se dispuso a presidir la Comisión de Vigilancia. Mendizábal tiene el voto de Mariano Niño, pero Enrique Flores tiene el de Jorge Díaz Salinas, dos contra dos de ese grupo de azules “broncos”, pero si a la propuesta de Mendizábal le agregaran en acuerdo votos de Xitlálic (a cambio de ser coordinadora), Josefina Salazar y Héctor Meraz, la votada estaba precocinada.

En ese acercamiento entre panistas hubo una propuesta que confirma el interés en conservar privilegios: Xitlác coordinadora, Mendizábal en Vigilancia, Enrique Flores licenciado de la curul pero que Xitlálic hiciera lo necesario para conservarle la dieta completa y los apoyos al pobrecito caído en desgracia. El acuerdo no se dio y la renovación forzada de la Comisión de Vigilancia dejó vacíos los lugares de los panistas por falta de acuerdos entre ellos.

Con el gobernador también hubo reuniones. Fiel a su estilo, Carreras se dijo imposibilitado porque el Legislativo “es otro poder”. No quería meterse, como siempre. Le recordaron que en otras ocasiones han conseguido dieciocho votos para mayorías calificadas que interesan al Gobierno, y de que se meten en el legislativo, se meten.

A media semana se decidió que en definitiva, Martínez Loredo se iba, todo ya con un escándalo mediático nacional porque de otra forma, si no es a sombrerazos, Gobierno del Estado no iba a moverse: pactó desde el principio con toda esa pandilla de roedores en el patético plan de que a cada quien se le diera lo suyo a cambio de aprobar las cuentas del antecesor y cuanta cosa se necesitara.

Carreras quiso salir por la tangente con que el escándalo era un pleito entre panistas; sí, el detonante tuvo ese origen, un diferendo que su irresponsable equipo político creyó aprovechar y avivó para facilitar la toma de “acuerdos” con una facción más proclive, misma que después se le salió de control y ya no pudo manejar.

El punto es que su política de “pactos” para transitar todos sin pisarse la manguera contribuyó a llevar a niveles de escándalo un sistema de corrupción construido en torno a la estructura del legislativo y su vínculo con la Auditoría Superior del Estado.

A partir del viernes pasado, la nueva Comisión de Vigilancia tiene cinco días para dictaminar las cuentas que faltan: nada menos que los tres poderes del Estado. Las dictaminarán al aventón, a como les dé, sin riesgos.

La auditora que sustituye a Martínez Loredo en forma temporal, Rocío Cervantes Salgado, tiene un broncón monumental. No se le puede exigir un milagro a alguien puesto de emergencia en la cima de un estercolero.

Máxime cuando lejos de intención de enmienda, diputados y Gobierno del Estado prefieren garantizar el blindaje de sus flancos expuestos, sin importar que se lleven por delante.

Los “mocheros” seguirán en sus curules tan campantes. Desde luego.

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