[gview file="http://pulsosanluisrm.blob.core.windows.net/uploads/2018/03/B04-2.pdf"]
Fue la fantasía mejor vendida de la administración labastadista: sacarle a una empresa de Carlos Slim derechos “atrasados” por una cifra que remediaba cualquier cierre desastroso de finanzas municipales. Su orquestador, el ex tesorero Agustín Soberón, recién ganó un amparo que lo libra de una sentencia por abuso de autoridad y es fin del cuento.
Cinco años y medio después, un amparo del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito quitó de encima al ex tesorero municipal Agustín Soberón Álvarez la sentencia que le fijaron por el embargo de 47 furgonetas al servicio de Telmex.
El amparo a Soberón cierra, al parecer, la fantasía recaudatoria en la que se enfrascó la administración municipal de Victoria Labastida Aguirre, en un ejercicio muy audaz de derecho creativo para arrancarle a Telmex más de 600 millones de pesos por concepto de “derechos” generados por la instalación y operación, durante años, de sus cabinas de teléfonos públicos.
El litigio continuó con la administración de Mario García Valdez, pero la síndico nunca le entendió y veía el grueso expediente con más desazón que a un examen escrito en cirílico sobre novelistas góticos.
Para hacer más presión sobre Telmex, a poco más de un mes de entregar la administración, el tesorero ordenó el embargo de lo que creyó eran furgonetas propiedad de Telmex. A fines de agosto de 2012 la cacería municipal en las calles levantó 47 de estos vehículos con leyendas alusivas a los servicios de telefonía e internet que presta la empresa de Carlos Slim.
La administración labastidista se había animado a presionar porque un tribunal les dio la razón sobre el derecho para cobrar contribuciones a la empresa denominadas “Derechos por conservación y mantenimiento de calle, banquetas, guarniciones, pavimentos y demás elementos de infraestructura urbana” y “Derechos por la publicidad y anuncios en la vía pública”.
La tesorería municipal labastidista pretendía hacer efectivo un crédito fiscal de $532´363,335.63 (quinientos treinta y dos millones trescientos sesenta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos con 63 centavos) por los llamados “derechos de reparación, conservación y mantenimiento de calles, banquetas, guarniciones, pavimentos y demás elementos de infraestructura” y otro menor, pero nada despreciable, por $100´587,123.95 (cien millones quinientos ochenta y siete mil ciento veintitrés pesos con 95 centavos) por concepto de la contribución denominada “Derechos por la publicidad y anuncios en vía pública”, pues a juicio de la autoridad municipal se generaron por la instalación de publicidad y anuncios en casetas telefónicas, incluyendo accesorios (recargos, actualización y multas fiscales y administrativas) durante los ejercicios fiscales de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Si algo procuran tener los grandes corporativos es el servicio de abogados muy caros. Telmex no se dejó y recurrió para anular ese pretendido cobro. Pero además, los vehículos “embargados” por el Ayuntamiento ni siquiera eran propiedad de Telmex, sino de una empresa que los arrienda al servicio de la telefónica. La arrendadora de furgonetas y Telmex se fueron con todo a tribunales y la primera demandó por vil robo de sus unidades, además que ambas alegaron abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, pues habían conseguido una anulación en tribunales del cobro.
Con la demanda encima, y un desgarriate financiero monumental, se terminó la gestión de Soberón. Los regidores de la Comisión de Hacienda le exigieron cuentas por la insolvencia final de la administración y Soberón tuvo que reconocer que la situación estaba “asquerosamente gacha”, pero todavía blandió como dato esperanzador que en dos o tres meses más, la gestión de Mario García Valdez podría cobrar 650 millones de pesos del litigio Telmex, más actualizaciones.
Le costó más trabajo al ex tesorero librarse de la demanda de Telmex y su arrendadora, que de los cargos por peculado que la Procuraduría le fincó a la ex alcaldesa Victoria Labastida, su secretario general Emigdio Ilizaliturri, el ex alcalde interino Miguel Ávalos Oyervides y Soberón.
Después de un largo y laberíntico litigio, hace un año le fijaron sentencia “definitiva” al ex funcionario como responsable en la comisión del delito de abuso de autoridad: se le impuso una pena de prisión de tres años, multa de tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos “y la destitución (¿en serio?) como Tesorero del Municipio de San Luis Potosí, del periodo 2009 al 2012”. También se le inhabilitó a ocupar cargo público por el doble de la pena impuesta que corresponde a un periodo de 6 años y no se le concedió el beneficio de la sustitución de la pena de prisión, pero consiguió el beneficio de sustitución por trabajos a favor de la comunidad.
Persistente, alma de goma como es Agustín, consiguió, ya en el Colegiado Penal, que por unanimidad le concedieran el amparo contra la sentencia porque, se argumenta, las pruebas de sus demandantes eran ineficaces para configurar el tipo penal de abuso de autoridad, éste consistente “en que el sujeto activo haga entrega de fondos, valores u otra cosa que no se le ha confiado, se los apropie o disponga de ellos indebidamente”. Los demandantes buscaron la aplicación por analogía, pero constitucionalmente no aplica para juicios de orden criminal.
Del gran tesoro de los 632 millones en las islas de Telmex ya nadie habla en el Ayuntamiento. El tema se diluyó con la misma pena que cuando un chico mayor admite que de niño creía en hadas, Santa Clos y el Ratón de los Dientes.
CUESTIÓN DE PESO. Anayistas atribuyen a la presión del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la “bajada” del candidato del PRD José Ricardo Gallardo Cardona de la fórmula para el Senado que armaba con la panista Laura Gama. El michoacano necesitaba impulsar a su secretario general y toda la sábana de géneros y cuotas se movió.
POR VERSE. Y si bien la candidatura se quedó en la casa de los Gallardo, con la sustitución del ex alcalde de Soledad por su esposa, Ruth Miriam González Silva, el balde de hielo no fue para menos y la efectividad para hacer que la maquinaria amarilla se mueva para este proyecto quizá no sea la misma.
SE DEFIENDE. La Razón, periódico de la Ciudad de México, publicó ayer, con fotografías, a los cinco senadores panistas a quienes se supone se les abrirá proceso de expulsión “por rebeldes”, entre ellos el postosino Octavio Pedroza Gaitán. Sea o no cierta esta versión, el legislador ayer estuvo muy activo reenviando imagen de la publicación y previendo el maltrato en su contra.
CRIMINALIDAD. Y otro diario, Milenio, publicó un reportaje sobre el crecimiento de la criminalidad en San Luis Potosí. O sea: no es una cuestión de enfoque local desatinado, también se nota desde fuera.
REGRESO. El diputado federal por Valles, Cándido Ochoa Rojas, andaría estos días por Panamá entregando tareas de representación parlamentaria latinoamericana, pues ya tramita licencia para pelear la diputación local por el distrito 11, con cabecera en Cárdenas, con las banderas PRI-Verde.
¿EL DIABLO? A algunos priistas y carreristas no les gustó mucho la noticia del regreso del ex secretario de Gobierno a la política local y le andan buscando “peros”.
DIVINOS REGISTROS
Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, ante el presidente EPN en la inauguración de un almacén granelero, en referencia a la oferta de “perdón” a narcotraficantes de Andrés Manuel López Obrador. expresó ante los asistentes a la inauguración del almacén granelero de Diconsa Totalco en Perote. (13/III).
¿RUGIDO O MAULLIDO?
Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional ante los banqueros del país en la pasarela de la Convención Nacional Bancaria (9/III).
TRATO “DE SEGUNDA”
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante presidencial independiente, tras el rechazo a su registro como candidato por invalidación de firmas de apoyo. El Economista (17/III).
Fue la fantasía mejor vendida de la administración labastadista: sacarle a una empresa de Carlos Slim derechos “atrasados” por una cifra que remediaba cualquier cierre desastroso de finanzas municipales. Su orquestador, el ex tesorero Agustín Soberón, recién ganó un amparo que lo libra de una sentencia por abuso de autoridad y es fin del cuento.
Cinco años y medio después, un amparo del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito quitó de encima al ex tesorero municipal Agustín Soberón Álvarez la sentencia que le fijaron por el embargo de 47 furgonetas al servicio de Telmex.
El amparo a Soberón cierra, al parecer, la fantasía recaudatoria en la que se enfrascó la administración municipal de Victoria Labastida Aguirre, en un ejercicio muy audaz de derecho creativo para arrancarle a Telmex más de 600 millones de pesos por concepto de “derechos” generados por la instalación y operación, durante años, de sus cabinas de teléfonos públicos.
El litigio continuó con la administración de Mario García Valdez, pero la síndico nunca le entendió y veía el grueso expediente con más desazón que a un examen escrito en cirílico sobre novelistas góticos.
Para hacer más presión sobre Telmex, a poco más de un mes de entregar la administración, el tesorero ordenó el embargo de lo que creyó eran furgonetas propiedad de Telmex. A fines de agosto de 2012 la cacería municipal en las calles levantó 47 de estos vehículos con leyendas alusivas a los servicios de telefonía e internet que presta la empresa de Carlos Slim.
La administración labastidista se había animado a presionar porque un tribunal les dio la razón sobre el derecho para cobrar contribuciones a la empresa denominadas “Derechos por conservación y mantenimiento de calle, banquetas, guarniciones, pavimentos y demás elementos de infraestructura urbana” y “Derechos por la publicidad y anuncios en la vía pública”.
La tesorería municipal labastidista pretendía hacer efectivo un crédito fiscal de $532´363,335.63 (quinientos treinta y dos millones trescientos sesenta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos con 63 centavos) por los llamados “derechos de reparación, conservación y mantenimiento de calles, banquetas, guarniciones, pavimentos y demás elementos de infraestructura” y otro menor, pero nada despreciable, por $100´587,123.95 (cien millones quinientos ochenta y siete mil ciento veintitrés pesos con 95 centavos) por concepto de la contribución denominada “Derechos por la publicidad y anuncios en vía pública”, pues a juicio de la autoridad municipal se generaron por la instalación de publicidad y anuncios en casetas telefónicas, incluyendo accesorios (recargos, actualización y multas fiscales y administrativas) durante los ejercicios fiscales de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Si algo procuran tener los grandes corporativos es el servicio de abogados muy caros. Telmex no se dejó y recurrió para anular ese pretendido cobro. Pero además, los vehículos “embargados” por el Ayuntamiento ni siquiera eran propiedad de Telmex, sino de una empresa que los arrienda al servicio de la telefónica. La arrendadora de furgonetas y Telmex se fueron con todo a tribunales y la primera demandó por vil robo de sus unidades, además que ambas alegaron abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública y desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, pues habían conseguido una anulación en tribunales del cobro.
Con la demanda encima, y un desgarriate financiero monumental, se terminó la gestión de Soberón. Los regidores de la Comisión de Hacienda le exigieron cuentas por la insolvencia final de la administración y Soberón tuvo que reconocer que la situación estaba “asquerosamente gacha”, pero todavía blandió como dato esperanzador que en dos o tres meses más, la gestión de Mario García Valdez podría cobrar 650 millones de pesos del litigio Telmex, más actualizaciones.
Le costó más trabajo al ex tesorero librarse de la demanda de Telmex y su arrendadora, que de los cargos por peculado que la Procuraduría le fincó a la ex alcaldesa Victoria Labastida, su secretario general Emigdio Ilizaliturri, el ex alcalde interino Miguel Ávalos Oyervides y Soberón.
Después de un largo y laberíntico litigio, hace un año le fijaron sentencia “definitiva” al ex funcionario como responsable en la comisión del delito de abuso de autoridad: se le impuso una pena de prisión de tres años, multa de tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos “y la destitución (¿en serio?) como Tesorero del Municipio de San Luis Potosí, del periodo 2009 al 2012”. También se le inhabilitó a ocupar cargo público por el doble de la pena impuesta que corresponde a un periodo de 6 años y no se le concedió el beneficio de la sustitución de la pena de prisión, pero consiguió el beneficio de sustitución por trabajos a favor de la comunidad.
Persistente, alma de goma como es Agustín, consiguió, ya en el Colegiado Penal, que por unanimidad le concedieran el amparo contra la sentencia porque, se argumenta, las pruebas de sus demandantes eran ineficaces para configurar el tipo penal de abuso de autoridad, éste consistente “en que el sujeto activo haga entrega de fondos, valores u otra cosa que no se le ha confiado, se los apropie o disponga de ellos indebidamente”. Los demandantes buscaron la aplicación por analogía, pero constitucionalmente no aplica para juicios de orden criminal.
Del gran tesoro de los 632 millones en las islas de Telmex ya nadie habla en el Ayuntamiento. El tema se diluyó con la misma pena que cuando un chico mayor admite que de niño creía en hadas, Santa Clos y el Ratón de los Dientes.
ROLLOS SUELTOS
CUESTIÓN DE PESO. Anayistas atribuyen a la presión del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la “bajada” del candidato del PRD José Ricardo Gallardo Cardona de la fórmula para el Senado que armaba con la panista Laura Gama. El michoacano necesitaba impulsar a su secretario general y toda la sábana de géneros y cuotas se movió.
POR VERSE. Y si bien la candidatura se quedó en la casa de los Gallardo, con la sustitución del ex alcalde de Soledad por su esposa, Ruth Miriam González Silva, el balde de hielo no fue para menos y la efectividad para hacer que la maquinaria amarilla se mueva para este proyecto quizá no sea la misma.
SE DEFIENDE. La Razón, periódico de la Ciudad de México, publicó ayer, con fotografías, a los cinco senadores panistas a quienes se supone se les abrirá proceso de expulsión “por rebeldes”, entre ellos el postosino Octavio Pedroza Gaitán. Sea o no cierta esta versión, el legislador ayer estuvo muy activo reenviando imagen de la publicación y previendo el maltrato en su contra.
CRIMINALIDAD. Y otro diario, Milenio, publicó un reportaje sobre el crecimiento de la criminalidad en San Luis Potosí. O sea: no es una cuestión de enfoque local desatinado, también se nota desde fuera.
REGRESO. El diputado federal por Valles, Cándido Ochoa Rojas, andaría estos días por Panamá entregando tareas de representación parlamentaria latinoamericana, pues ya tramita licencia para pelear la diputación local por el distrito 11, con cabecera en Cárdenas, con las banderas PRI-Verde.
¿EL DIABLO? A algunos priistas y carreristas no les gustó mucho la noticia del regreso del ex secretario de Gobierno a la política local y le andan buscando “peros”.
LA TIRA DE LAS NETAS
DIVINOS REGISTROS
“Hasta donde sabemos sólo Dios puede perdonar y Dios no ha obtenido su registro en el INE como candidato a la Presidencia de la República”.
Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, ante el presidente EPN en la inauguración de un almacén granelero, en referencia a la oferta de “perdón” a narcotraficantes de Andrés Manuel López Obrador. expresó ante los asistentes a la inauguración del almacén granelero de Diconsa Totalco en Perote. (13/III).
¿RUGIDO O MAULLIDO?
“Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy a Palenque y a ver quién amarra al tigre”.
Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional ante los banqueros del país en la pasarela de la Convención Nacional Bancaria (9/III).
TRATO “DE SEGUNDA”
“Los consejeros han dejado claro que los ciudadanos independientes somos los hijos bastardos de la democracia”.
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante presidencial independiente, tras el rechazo a su registro como candidato por invalidación de firmas de apoyo. El Economista (17/III).
