Evalúan admisión de pedido de remoción de presidenta en Perú

El Congreso peruano evaluaba el martes si admite un pedido para remover a la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral a causa de las muertes ocurridas durante las protestas en su contra que empezaron a inicios de diciembre.

El legislador izquierdista Hamlet Echevarría, uno de los impulsores del pedido, argumentó que "sobran razones" para la destitución. "Jamás en la historia del Perú un gobierno ha asesinado en tan poco tiempo a más de 60 (personas) en movilizaciones y protestas, un promedio de casi dos personas por día", dijo.

Las protestas han dejado 67 muertos, 49 de ellos civiles en choques con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo.

Echevarría añadió que Boluarte y sus ministros "no escatimaron en reprimir a punta de bala a los peruanos en las calles, peruanos que desde el 7 de diciembre se encuentran haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta social". El legislador indicó que entre los "ejecutados" por las fuerzas de seguridad hay "siete menores de edad y ocho jóvenes menores de 20 años a quienes la señora Boluarte ha acusado de vándalos y terroristas financiados por el narcotráfico y la minería ilegal".

Por el contrario, el legislador derechista Alejandro Cavero manifestó que "hoy lo que pide el país es estabilidad".

El pedido de destitución necesita obtener 52 votos para ser admitido en un posterior debate. Luego Boluarte sería invitada al Parlamento a defenderse en persona o través de su abogado. Luego se necesitarían 87 votos de un total de 130 legisladores para destituirla.

La solicitud fue presentada en enero por la izquierda pero líderes del Congreso postergaron su inclusión en la agenda parlamentaria. El documento del pedido de destitución añade que el "uso desmedido y desproporcionado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional merece tener más de un responsable, principalmente, el presidente de la República, puesto que de acuerdo con la constitución política es el jefe supremo" de las fuerzas de seguridad.

El antecesor de Boluarte, el expresidente Pedro Castillo, fue destituido el 7 de diciembre por incapacidad moral permanente. Castillo está detenido preventivamente por 36 meses mientras es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y rebelión.