Hubo masacres y ejecuciones extrajudiciales en Perú: CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó el miércoles en un informe que el Ejército y la policía peruana habrían cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Congreso.

El informe de la CIDH indicó que estas violaciones ocurrieron en varias zonas de Perú, pero enfocó su investigación en las ciudades de Ayacucho y Juliaca, donde se produjeron la mayor cantidad de muertos durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre y febrero.

La CIDH aseveró que el 15 de diciembre en la ciudad de Ayacucho al ser "perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre".

Aquel día soldados del Ejército dispararon sus fusiles contra manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho provocando la muerte de 10 civiles por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales del cuerpo, según las necropsias. La CIDH añadió que recibió testimonios que indican que también hubo disparos del Ejército fuera del aeropuerto "ya no en un operativo de defensa sino de carácter persecutorio... que impactaron a transeúntes, adolescentes, así como a personas que huían de los enfrentamientos o que auxiliaban a heridos".

Asimismo el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que protege los derechos humanos indicó que el 9 de enero en la ciudad de Juliaca murieron 18 civiles -incluidos manifestantes, un médico brigadista y una adolescente transeúnte- "en circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre". "Todos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas".

La CIDH destacó que las protestas "han sido protagonizadas, en su mayoría, por pueblos indígenas y comunidades campesinas", principalmente del sur, teniendo su epicentro inicial en Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa; regiones en las que se han registrado el mayor número de víctimas.

El informe indicó que en la base de la protestas "hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política".

La CIDH también percibió una "fuerte tensión entre Lima y las regiones especialmente del sur del país donde predomina la población indígena y campesina" y añadió que existe "una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a indígenas y campesinos como 'terroristas', 'terrucos', 'senderistas', 'cholos' o 'indios', entre otras formas despectivas". Agregó que "estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional".

La CIDH pidió que las graves violaciones reportadas en su informe sean investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. También señalo que deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso.

Las masivas protestas en Perú empezaron poco después de que Boluarte reemplazó en la presidencia al ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre por el Parlamento tras intentar disolver el Legislativo sin lograrlo e instaurar un gobierno de facto.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, las protestas dejaron 49 civiles muertos por la acción de las fuerzas de seguridad. Otros 11 civiles murieron en accidentes de tránsito u otros hechos ligados a los bloqueos de vías por los manifestantes. Siete uniformados también perdieron la vida. Los heridos tras las confrontaciones suman 1.785, siendo civiles los casos más graves y mayoritarios.

Antes de este informe se han presentado otros, incluidos los de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han coincidido en el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad.

The Associated Press preguntó en una conferencia en enero a la mandataria Boluarte si, como jefa de las fuerzas armadas y policiales, ordenó usar armas letales pero no obtuvo respuesta. El primer ministro Alberto Otárola dijo en febrero a un fiscal que había recordado por WhatsApp al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que "la prioridad es la vida de los ciudadanos".

AP solicitó el miércoles comentarios a la firma Patriot Strategies que presta servicios de comunicación de crisis, planificación estratégica y relaciones públicas a Perú en Washington, pero no obtuvo una respuesta.

Boluarte y el Parlamento gozan de escasa popularidad en Perú, según todas las encuestas. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República indicó el 30 de abril que 79% desaprueba a Boluarte, mientras que el 90% rechaza al Congreso.