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Miguel R. Valladares García

sábado 20 octubre 2018

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Casi 100 mujeres que afirmaron haber sido acosadas o abusadas sexualmente por un exginecóloco de la University of Southern California demandaron a la institución alegando que ignoró décadas de denuncias.

“Formo parte de una hermanad accidental de cientos de mujeres porque la Universidad que queremos traicionó nuestra confianza”, dijo Dana Loewy, a quien supuestamente el doctor George Tyndall asaltó durante un examen en 1993.

Loewy estaba entre las alrededor de 20 mujeres que comparecieron en una conferencia de prensa el jueves para anunciar la presentación de 93 nuevas demandas de mujeres contra el centro.

Alrededor de 500 estudiantes actuales y pasadas han interpuesto quejas contra Tyndall. Sostienen que, de forma habitual, realizaba comentarios, tomaba fotografías inapropiadas y obligaba a las demandantes a desnudarse y las tocaba con la excusa de un tratamiento médico. Las demandas se remontan a 1988.

El abogado John Manly señaló que la policía de Los Ángeles y la fiscalía del condado de Los Ángeles están estudiando las demandas contra Tyndall, pero pidió a la fiscalía del estado que investigue cómo gestionó la USC las quejas contra Tyndall.

“La University of Southern California, mi alma mater, ha recibido cientos de millones de dólares en ayudas del estado de California, y está claro que falló a estas mujeres”, agregó.

Brennan Heil, estudiante de la USC, contó que acudió a ver a Tyndall en su primer año en el centro tras sufrir una violación.

“Durante la consulta, me agredió”, dijo durante la conferencia de prensa.

Dos mujeres contaron que llamaron a la línea de atención de la USC para reportar quejas contra Tyndall pero nunca fueron informadas del seguimiento del caso.

Tyndall ha negado las acusaciones y no ha sido acusado de delito alguno. La USC rechazó las acusaciones de encubrimiento.

93 mujeres acusan a exmédico en California por abusos

GAZA (EFE).- Al menos 130 palestinos resultaron hoy heridos, y cuatro de ellos están en estado crítico, por disparos del Ejército israelí en la trigésima protesta organizada junto a la frontera de Gaza con Israel, informó el Ministerio palestino de Sanidad en la Franja.

Alrededor de 20 mil palestinos, según medios locales, participaron en la movilización de hoy, que tuvo lugar en un clima de tensión y bajo la presión egipcia sobre el movimiento islamista Hamás -que controla de facto Gaza desde 2007- para evitar incidentes que puedan provocar una nueva escalada militar.

Pese a que el comité organizador de la denominada Gran Marcha del Retorno pidió hoy que los manifestantes no se acercaran a la valla divisoria, grupos de palestinos hicieron caso omiso, a lo que el Ejército israelí respondió con abundantes medios antidisturbios y munición real.

Grupos de manifestantes, muchos de ellos jóvenes, quemaron neumáticos, agitaron banderas palestinas, cantaron consignas antiisraelíes, y algunos cortaron el alambre de púas de la valla, entraron en Israel y luego regresaron.

La aviación israelí bombardeó a un grupo de palestinos que lanzaban globos incendiarios desde el sur de Gaza hacia Israel, informó el Ejército en un comunicado.

Esta semana aumentó la tensión de nuevo en Gaza tras el lanzamiento el miércoles de dos cohetes hacia Israel, uno de los cuáles impactó en una vivienda.

La aviación israelí bombardeó en respuesta 20 objetivos de Hamás y el Gabinete de Seguridad de Israel, tras valorar una operación a gran escala, ordenó al Ejército “intensificar la respuesta” ante posibles incidentes en las protestas de este viernes.

Los movimientos Hamás e Yihad Islámica calificaron la jornada como un “mensaje para Israel” y aseguraron que las marchas continuarán hasta conseguir sus objetivos.

Una delegación de la inteligencia egipcia, que se ha reunido con la dirección palestina en Gaza y Ramala -donde está la sede de la Autoridad Nacional Palestina, liderada por el movimiento nacionalista Al Fatah, rival de Hamás-, intentó contener un nuevo pico de violencia, después de que el grupo islamista pidiera ayer a la población intensificar las manifestaciones.

“Ante la marcha convocada hoy en Gaza, insto a todos a actuar con moderación, a proceder de manera pacífica y a evitar la escalada. La ONU está trabajando con Egipto y sus socios para evitar la violencia, abordar todos los asuntos humanitarios y apoyar la reconciliación”, escribió esta mañana en Twitter el enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nickolay Mladenov.

Desde el pasado 30 de marzo, las facciones palestinas movilizan a la población para reclamar el derecho al retorno y para protestar por casi 12 años de bloqueo israelí.

Desde entonces han muerto 206 palestinos, tanto en las protestas como en incidentes violentos junto a la frontera.

Además, una docena de milicianos palestinos han muerto en bombardeos israelíes contra objetivos islamistas.

Más de 100 palestinos heridos por disparos israelíes en las protestas en Gaza

La organización ecologista Greenpeace aseveró hoy que el reciente derrame de petróleo que se produjo en la austral Tierra del Fuego, en una planta de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), es el más grande de los últimos 20 años.

Por ese motivo, la entidad internacional presentó este viernes una denuncia ante las autoridades chilenas para que se apliquen sanciones a la empresa petrolífera estatal por este derrame en la Región de Magallanes, tres mil 400 kilómetros al sur de Santiago.

El accidente se produjo el pasado miércoles en Tierra del Fuego, en la planta de hidrocarburos Cullen de la ENAP, que es operada por la empresa argentina YPF, donde se derramaron 720 mil litros de crudo de petróleo, lo que afectará la biodiversidad de esa austral zona de Chile.

El derrame, según las empresas involucradas, ya fue contenido y afectó una superficie de seis mil metros cuadrados, sin que, en forma preliminar, se hayan visto afectados cursos de agua hacia el Estrecho de Magallanes o el Océano Atlántico.

La senadora de la opositora Democracia Cristiana por la zona de Magallanes, Carolina Goic, calificó como “grave” el derrame y dijo que la Superintendencia de Medioambiente debería ejercer con mayor fuerza su rol de fiscalización.

Derrame de petróleo en Chile sería el más importante en 20 años

Washington, EEUU (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, avisó hoy que la “represión” en Nicaragua podría llevar a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que contempla gestiones diplomáticas contra un Estado miembro.

“Hoy sucede algo terrible en Nicaragua, ya es demasiada la sangre en Nicaragua, llegó la hora de exigir y reclamar y solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia, nada surge de eso, ni gloria, ni historia, solo dolor y más dolor. Nicaragua debe reinstitucionalizarse y democratizarse”, afirmó Almagro.

“La continuidad de las políticas represivas obligará a acudir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, añadió Almagro, que intervino al finalizar una sesión del Consejo Permanente sobre Nicaragua.

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.

Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado de la OEA miembro puede pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

Entonces, el Consejo Permanente decide si existe esa “alteración” del orden democrático y, a partir de entones, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.

De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA y en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que “se ha producido la ruptura del orden democrático”.

Los cancilleres de las Américas intentaron abrir el proceso para suspender a Venezuela durante una reunión en Cancún (México) en 2017, pero ese intentó fracaso.

Sin embargo, en la Asamblea General celebrada en junio en Washington, la OEA aprobó una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela.

Esa resolución, de por sí, no supuso el inicio del proceso formal de salida de Venezuela, pero constituye un compromiso formal de los países para suspender al país caribeño, la mayor sanción de la que dispone la OEA y que, en sus 70 años de historia, solo ha aplicado a dos países: Cuba y Honduras.

Venezuela, sin embargo, ya pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que por cuestiones procedimentales no será efectiva hasta dos años después, en 2019.

Las manifestaciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado a causa de unas fallidas reformas de seguridad social, que se convirtieron en el reclamo de su renuncia, debido a los cientos de muertos en las protestas.

Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales han contado entre 325 a 512 muertos, más de 25.000 exiliados, 459 “presos políticos”, miles de heridos y cientos de desaparecidos desde el estallido social. El Gobierno acepta 199 muertos y más de 200 reos, que califica de “terroristas” y “golpistas”.

Ortega niega todos los señalamientos que le hacen responsable como jefe supremo de la Policía Nacional, y considera que ha sido víctima de un intento de “golpe de Estado”.

Almagro dice que OEA podría tomar medidas contra Nicaragua si sigue represión

LEHIGH ACRES, Florida, EE.UU. (AP) — Un hombre fue hallado muerto con la cabeza atascada en la ventana semiabierta de un vehículo en Florida, informaron autoridades.

Julio Rosado González, de 56 años, fue hallado atascado en su vehículo enfrente de su vivienda en Lehigh Acres, informó el diario The News-Press.

El individuo fue hallado por un empleado de la compañía eléctrica Lee County Electric Cooperative, según el despacho.

Un equipo de rescate acudió al lugar y confirmó el deceso. No se supo de inmediato cómo el individuo quedó atrapado. Un familiar le dijo a la policía que había visto a González tratando de reparar algo en el auto, una media hora antes de que fue hallado muerto.

Hallan a hombre muerto, atrapado en ventana de su auto en Florida

La frontera irlandesa será la única terrestre entre Gran Bretaña y la UE tras el Brexit / Foto: AP

PARÍS (AP) — El desacuerdo sobre la frontera de Irlanda podía hacer fracasar las conversaciones para el Brexit con Gran Bretaña, dijo el viernes el principal negociador de la Unión Europea, Michel Barnier.

La cuestión fronteriza es un “requisito previo” para un resultado exitoso en las conversaciones de divorcio, señaló Bernier en declaraciones a la radio France Inter.

Barnier señaló que evitar una frontera entre Irlanda, que forma parte del bloque, y el territorio británico de Irlanda del Norte, es una “condición para la paz y la estabilidad para esta isla tras muchas tragedias”.

La frontera irlandesa será la única terrestre entre Gran Bretaña y la UE tras el Brexit. Ambas partes están de acuerdo en que no debe haber una frontera rígida que afecte a los negocios y residentes de los dos territorios y socave el complicado proceso de paz en Irlanda del Norte. Pero los dos bandos han rechazado las soluciones propuestas por el otro.

Bruselas sugirió que una solución sería mantener a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera del bloque, una opción que Londres rechaza porque supondría establecer controles aduaneros con el resto del país. Gran Bretaña propuso que todo el país siga formando parte de la unión aduanera de forma temporal, pero la UE insiste en que no debe haber límite de tiempo.

Preguntado por si esta cuestión podría hacer fracasar las negociaciones del Brexit, Barnier dijo: “La respuesta es sí”.

El jefe de los negociadores comunitarios agregó que no está seguro de que las partes vayan a alcanzar un acuerdo para la salida de Gran Bretaña del bloque.

“No estoy convencido de este asunto porque la situación política es extremadamente compleja en Gran Bretaña”, explicó Barnier. “Y no sé qué decisión tomará (la primera ministra) Theresa May. Yo quiero un acuerdo; estoy trabajando en ello porque es el interés común”.

Gran Bretaña saldrá oficialmente de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Si se llega a un acuerdo, durante el periodo de transición para suavizar el Brexit el país seguirá en el mercado único y en la unión aduanera, aunque no formará parte de los órganos de toma de decisiones del bloque. May ha sugerido que la transición podría alargarse, aunque serían apenas unos meses más allá de finales de 2020, la fecha límite propuesta.

Frontera de Irlanda podría hacer fracasar pacto del Brexit

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil anunció hoy que se pronunciará sobre la acusación de presunto abuso de poder del candidato presidencial Jair Bolsonaro, cuya campaña fue señalada de ser favorecida por el envío de miles de mensajes por Whatsapp contra su rival,  pagados por empresas.

El TSE, que ya indicó antes de la campaña que la distribución de “noticias falsas” sería el mayor desafío de los comicios, convocó una rueda de prensa para este viernes sobre las denuncias publicadas el jueves en la prensa brasileña y que convulsionaron la campaña electoral.

Fuentes del tribunal, que inhabilitó a Luiz Inacio Lula da Silva el 31 de agosto pasado, declararon a la prensa brasileña que si se comprobara el abuso de poder económico por parte de la campaña de Bolsonaro su candidatura podría ser impugnada.

Con todo, este tipo de acciones – de la que ya fue objeto Dilma Rousseff en 2014-, demora varios meses o incluso años para ser concluida, y la segunda vuelta electoral es apenas en nueve días, el próximo 28 de octubre.

El diario Folha de Sao Paulo publicó el jueves un reportaje en el que acusa a empresarios brasileños de financiar de manera ilícita una red para enviar noticias falsas y difamatorias contra el Partido de los Trabajadores (PT) para beneficiar a Bolsonaro, el candidao presidencial de extrema derecha.

El costo de esos mensajes difamatorios contra la formación de izquierda dependería del servicio, pero el periódico dijo que cada contrato está valorado en hasta 12 millones de reales (unos tres millones de dólares).

En reacción a la Operación Lava Jato, que reveló el uso de dinero ilícito de empresas para partidos políticos, la Justicia electoral veta desde estas elección presidencial las donaciones de compañías.

Justicia estudia denuncias contra Bolsonaro en Brasil por ‘fake news’

Tegucigalpa, Honduras (EFE).- El Gobierno de Honduras condenó “enérgicamente” la forma “inhumana” en la que miles de hondureños intentan llegar a EE.UU. y solicitó al Ministerio Público que se realicen “las investigaciones correspondientes” sobre las condiciones en las que se convocó a esa caravana.

“Condenamos enérgicamente que se haya incitado bajo engaño esta movilización irregular, la cual ha sometido a nuestra gente al sufrimiento, por lo que hemos solicitado al Ministerio Público que se realicen las investigaciones correspondientes, de acuerdo al informe que contiene estos hechos”, dijo la canciller hondureña, María Dolores Agüero, en una nota oficial.

Enfatizó que con la caravana “se violentó la ley y se desafiaron a las autoridades de policía y migratorias de Honduras y Guatemala, llevando en primera línea a niños y niñas en condiciones especiales, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores”.

En el comunicado de la Presidencia, Agüero indicó que el flujo de migrantes “ha desencadenado una serie de tensiones migratorias a nivel regional, que han impactado negativamente en el ámbito público, privado, social y comercial”.

Señaló que el noticiero oficial de Estados Unidos, la Voz de América, informó de que desde el Consejo de Seguridad Nacional de ese país se indicó que la caravana de migrantes hondureños “es un tema diferente de todo el asunto de la migración” y que detrás de la misma “hay una organización política”.

“La caravana ha sido organizada y promovida a través de un movimiento político ideológico que tiene relación con intereses radicales y crimen organizado y han buscado desestabilizar políticamente al país, y ahora están aprovechándose y engañado a la gente inocente”, subrayó la canciller en un comunicado de la Presidencia.

Enfatizó que la caravana fue promovida y organizada por “los mismos actores que en el pasado y siempre han generado desestabilización e ingobernabilidad en el país”.

“En ningún caso este proyecto es obra de un solo dirigente, sino que de una estructura organizada”, señaló la jefa de la diplomacia hondureña, y dijo que el Ministerio Público debe “investigar” si el exlegislador Bartolo Fuentes, detenido en Guatemala, es uno de los organizadores de la caravana, y deducir responsabilidades.

Aseguró que Fuentes ha promovido durante varios años movimientos migratorios irregulares “bajo engaño y falsas promesas para los connacionales, cuyas manifestaciones circulan a todas luces en las redes sociales”.

La canciller hondureña indicó que el 25 de marzo, Fuentes organizó otra caravana similar a la que salió el pasado día 13 desde San Pedro Sula, que también habría organizado, y a la que se unió el 8 de abril en México.

“El engaño ha sido muy evidente por los organizadores, asegurando a la gente que al sumarse a la caravana iban a estar en condiciones para completar su ruta. La realidad es totalmente contraria”, añadió.

Destacó que los organizadores de la caravana han sido “indiferentes con los peligros que enfrentarán los niños en esta ruta, como advirtió la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal el 14 de octubre al manifestar su preocupación por la seguridad y protección de las personas, especialmente los niños”.

“Aun cuando los Gobiernos de origen, tránsito y destino fijaron sus posiciones, estos grupos han continuado con las convocatorias en redes sociales para inducir a más personas para que se unan bajo falsas promesas y engaños”, precisó la canciller hondureña.

La alta funcionaria considera “es fundamental y urgente que como Estado privilegiemos la protección de nuestros connacionales, que se han sumado a esta movilización irregular”.

Hizo un llamamiento a sumarse a proteger la vida de los migrantes hondureños para que “no estén expuestos a la trata, explotación sexual, comercial y diversas vulneraciones a sus derechos humanos”, y pidió a los países de tránsito garantizar sus derechos.

Honduras pide investigar caravana migrante que ha creado tensión regional

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó hoy un fallo que obligará a Polonia a dar marcha atrás en su reforma judicial tal y como reclamaba la Comisión Europea, una decisión sin precedentes que Varsovia se ha comprometido a evaluar cuando la reciba formalmente.

Los jueces de Luxemburgo han ordenado a Varsovia que suspenda de forma cautelar su polémica reforma del Tribunal Supremo en lo que se refiere a la reducción de la edad de jubilación de los magistrados de esta corte.

El tribunal europeo ha admitido la petición de la Comisión Europea, que al llevar este asunto ante el TJUE el pasado 24 de septiembre pidió a los jueces “medidas cautelares” para “restaurar” el Supremo polaco a la situación en la que estaba antes del pasado 3 de abril, cuando se aprobó la nueva normativa.

La ley que preocupa a Bruselas reduce la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo desde los 70 años a los 65, un cambio que pondría a 27 de los 72 magistrados en riesgo de ser obligados a retirarse anticipadamente, y afectaría también a la presidenta de esta corte.

Establece, además, que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresar su voluntad de hacerlo al presidente polaco, Andrzej Duda, vinculado al partido gobernante, el nacionalista y conservador Ley y Justicia, quien podría renovarles su mandato por tres años más.

La Comisión considera que esta legislación pone en riesgo la independencia del poder judicial polaco y la separación de poderes que garantizan los tratados comunitarios, con lo que es “incompatible” con el derecho europeo.

En su remisión al TJUE, Bruselas solicitó la suspensión cautelar de las medidas, algo que solo puede decretar el juez en el caso de que la concesión esté justificada y que sea “urgente”, es decir, que tenga el fin de “evitar un perjuicio grave e irreparable a los intereses” de la UE.

La corte europea considera la petición justificada y ve válido el requisito de la urgencia, ya que, señala, la ley ya ha empezado a aplicarse y se ha jubilado de manera anticipada a “un número importante de jueces del Supremo”.

Junto al incremento paralelo del número total de jueces de esta corte, “esto supone una recomposición profunda e inmediata del Tribunal Supremo”, y, en el caso de que el TJUE acabara estimando el recurso de la Comisión, todas las decisiones del Supremo “se habrán adoptado sin las garantías inherentes al derecho fundamental (…) a un juez independiente”.

La suspensión parcial y cautelar de la reforma supone un revés judicial a nivel europeo tras las advertencias de Bruselas, que ya ha iniciado un proceso legal contra Varsovia por sus polémicas reformas de la judicatura, una medida que podría desembocar en la retirada a Polonia de su derecho de voto en el Consejo de la Unión, donde están representados los países.

Tras conocerse el fallo, el ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ziobro, dijo que aún no ha recibido la orden del TJUE de suspender parte de la reforma judicial y que la “evaluará” cuando la tenga formalmente.

“Si un documento de este tipo se pone a mi disposición, como ministro de Justicia y Fiscal General lo evaluaré y lo analizaré”, añadió Ziobro, quien insistió en que “Polonia quiere ser un Estado fuerte dentro de la UE”.

El ministro agregó que Polonia “tiene la intención de cumplir con las regulaciones de la Unión Europea”, después de conocerse la decisión del Tribunal de la UE sobre la suspensión de forma cautelar de parte de su polémica reforma del Tribunal Supremo.

“Estamos en la Unión Europea y Polonia cumplirá con la legislación de la Unión Europea, pero por ahora solo conocemos esta noticia (la decisión del TJUE) por los medios de comunicación, ya que todavía no hemos recibido ningún documento formal donde se nos comunique”, precisó Ziobro.

La justicia europea obliga a Polonia a dar marcha atrás a polémica reforma judicial

QUITO, Ecuador (EFE).- El exjuez español Baltasar Garzón y Carlos Poveda, que hacen parte de la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentaron hoy en Quito una acción legal de protección a favor del australiano, ante la demanda de Ecuador para que se someta a un nuevo régimen de condiciones de asilo.

Así lo confirmaron ambos en una rueda de prensa en Quito en la que anunciaron que la acción está “basada en la vulneración de sus derechos con respecto a la restricción de telecomunicaciones e implementación unilateral del denominado ‘Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica'”.

Se trata del documento que Ecuador le ha presentado al asilado para definir sus nuevas condiciones de vida dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, donde se encuentra bajo protección desde 2012.

Según un documento entregado a los periodistas, la acción de protección ha sido presentada en el Complejo Judicial Norte de Quito ante los jueces competentes.

Esta “demanda constitucional, una vez calificada, “deberá convocar a una audiencia oral donde hemos solicitado la comparecencia del señor Julian Assange a través de videoconferencia, previa aceptación y decisión del señor canciller de la República del Ecuador”, se señala en el documento.

Los dos juristas, miembros del equipo internacional de defensa de Assange, muestran su esperanza de que los “los jueces/as de la República del Ecuador actúen en virtud de la Constitución, los instrumentos de Derechos Humanos y precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La presentación de la acción coincide con la entrega a Assange de un documento con el que Ecuador quiere regular sus condiciones de vida en la legación diplomática de Londres.

Ese documento, del que una copia no confirmada ha circulado por las redes sociales, contempla la devolución al activista de la conexión a internet, después de que se le cancelara en marzo por difundir sus opiniones políticas sobre las últimas elecciones en EE.UU., la crisis secesionista catalana y otras por las que el Gobierno de Lenín Moreno recibió quejas de Gobiernos extranjeros.

También establece reglas de limpieza con su mascota, protocolos de atención médica, la necesidad de pagarse sus gastos o restricciones a las visitas, so pena de que, de violarlas, se dará por terminada su condición de asilo.

“La situación actual del asilado se ha empeorado por el asilo prolongado”, afirman los abogados en un comunicado, en el que se quejan de que “la falta de soluciones” como que Assange tenga plenas garantías de que en el futuro “no sea extraditado a un tercer país donde se pueda afectar la integridad física y psicológica del peticionario”.

Y concluyen con la advertencia de que estarán “pendientes” del trámite de esta garantía constitucional “sin perjuicio de acudir a instancias supranacionales de justicia”.

El caso de Assange, calificado por el actual presidente ecuatoriano como “una piedra en el zapato”, es objeto de contactos con el Reino Unido desde hace más de un año, pero las partes no se ponen de acuerdo para una salida con garantías de la legación.

En diciembre pasado, la anterior ministra de Exteriores ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, le concedió la nacionalidad y un cargo diplomático para solucionar el problema, pero el Reino Unido se negó a dejarle salir sin detenerle.

Baltasar Garzón presenta acción legal contra Ecuador a favor de Assange

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