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Miguel R. Valladares García

Lunes 2 marzo 2015

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derrames cuestan 28 mdpFoto: Archivo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), multó con un total de 22 millones 959 mil 386 pesos a la minera Buenavista del Cobre por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, y por diversas irregularidades detectadas durante la revisión de las operaciones de la empresa.

En un comunicado, la dependencia agregó que las irregularidades detectadas (55 en total) ya fueron subsanadas, por lo cual se ordenó el levantamiento de la clausura parcial que se le había impuesto a la empresa.

El titular de la Profepa, Guillermo Haro, detalló que en total se detectaron 55 irregularidades, algunas asociadas al derrame ocurrido en agosto de 2014.

Dichas irregularidades, agregó, quedaron “debidamente subsanadas al cumplirse con las medidas ordenadas a la empresa y no existir ya un riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico en la zona, por lo que la Profepa ordenó el levantamiento inmediato de las dos clausuras parciales temporales impuestas a esas instalaciones”.

Haro detalló que la empresa Buenavista del Cobre cumplió con la caracterización del sitio; la presentación del Programa de Remediación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la aprobación de la propuesta de remediación por la Semarnat; así como con lo dispuesto en la NOM-159- SEMARNAT-2011.

Agregó que de manera independiente al Fideicomiso de 2 mil millones de pesos al que fue sometida la empresa, deberá cubrir las siguientes multas:

• 7 millones de pesos por el derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada (3 irregularidades)

• 4 millones 65 mil 800 pesos en materia de atmósfera (9 irregularidades)

• 596 mil 551 pesos en materia de residuos peligrosos (7 irregularidades)

• 11 millones 297 mil 35 pesos en materia de impacto ambiental (36 irregularidades)

Dichas multas suman un total de 22 millones 959 mil 386 pesos (55 irregularidades subsanadas).

Profeco multa con 22.9 mdp a Buenavista del Cobre por derrame

normalistas

México, 2 mar (EFE).- El Gobierno mexicano negó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el ingreso a los cuarteles militares, a pesar de que en enero había anunciado que accedería a esta petición, informó hoy el abogado Vidulfo Rosales.

La decisión fue notificada por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, en una reunión que sostuvo con los familiares de las víctimas el viernes pasado en la capital mexicana.

“Fue un no rotundo por parte del subsecretario, ya hay una decisión tomada del Estado que no es posible una visita de los cuarteles”, declaró Rosales a Radio Fórmula.

Durante el encuentro, los familiares argumentaron que “era un compromiso ya asumido por las autoridades”, pero el Gobierno se mantuvo en que no permitirá el acceso a los cuarteles, indicó el letrado.

El Gobierno anunció en enero pasado que abriría los cuarteles al escrutinio de los familiares, pero luego aclaró que el acceso solo sería al 27 Batallón de Infantería de Iguala, la ciudad donde los 43 estudiantes desaparecieron el pasado 26 de septiembre a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.

El argumento del Gobierno para cambiar su decisión fue “que había polarización” y un señalamiento de parte de los familiares de las víctimas contra el Ejército.

El abogado de los familiares afirmó que esta determinación los tomó por sorpresa y que están explorando otros caminos legales para poder ingresar a las instalaciones castrenses.

“Por ejemplo, hay algunos juicios de amparo por la desaparición forzada de los jóvenes, por ahí puede ser esta ruta donde el juez de distrito puede realizar una visita con padres a algunos planteles”, comentó, al tiempo que destacó que el ingreso de civiles a los cuarteles no representa “ningún riesgo a la seguridad nacional”.

Además, Rosales insistió en que la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa debe incluir al Ejército mexicano.

Los padres reclaman al Gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos violentos del 26 de septiembre, en los que murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas en ataques a tiros perpetrados por policías locales.

El Gobierno ha rechazado tajantemente la participación de las fuerzas federales esa noche y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) se ha negado a abrir una línea de investigación sobre ello.

La Fiscalía aseguró en enero que comprobó científicamente que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel Guerreros Unidos al creer que pertenecían al grupo antagónico Los Rojos, pero los familiares no creen en esta versión y mantienen su búsqueda. EFE

“Fue un no rotundo”, padres de normalistas afirman que se les negó el acceso a cuarteles

El Poder Judicial de la Federación (PJF) acordó hacer un ajuste a su presupuesto por 401.5 millones de pesos, para fortalecer las finanzas públicas y apoyar la situación financiera por la que atraviesa el país.

En concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación reducirá su presupuesto 61.2 millones de pesos, en el Consejo de la Judicatura Federal será de 318 millones y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 22.3 millones.

En el escenario económico actual, el Poder Judicial “reconoce el imperativo de realizar diversas acciones en beneficio de las finanzas públicas de la Federación”, por lo que determinó aplicar este ajuste presupuestal, que no afectará sus metas sustantivas y prioritarias.

En el marco de la autonomía que le confiere la Constitución, dispone de manera permanente de una estrategia de desarrollo institucional en la que uno de los componentes fundamentales es el uso transparente, racional y eficiente de los recursos que anualmente le son asignados.

Como parte de esta estrategia permanente, el Poder Judicial impulsa acciones de eficacia y racionalidad administrativa, que propician la optimización de los recursos dirigidos a la consolidación de la justicia federal, subrayó en un comunicado.

Así, sostuvo, se han ejecutado políticas administrativas sustentadas en la eficiencia de los recursos humanos, el desarrollo tecnológico, así como el aprovechamiento cabal de su infraestructura física y logística en el país, para contar con la cobertura jurisdiccional que México necesita.

“Bajo estas directrices y en el escenario económico actual, se determinó profundizar el esquema de racionalidad y eficacia administrativa, por lo que el PJF aportará 401.5 millones de pesos para fortalecer las finanzas públicas en la actual coyuntura financiera por la que atraviesa México”, agregó.

PJE ajusta en 401.5 millones de pesos su presupuesto

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció la aprobación de la Reforma Anticorrupción llevada a cabo la semana pasada en la Cámara de Diputados, la cual ahora es discutida en el Senado. Sin embargo, refirió que las “cosas no van a cambiar sólo con mejores leyes”, por ello pidió voluntad, del Estado y de la sociedad para que la legislación se lleve a la práctica.

“Las cosas no van a cambiar sólo con mejores leyes. También se necesita voluntad y compromiso de aplicar y cumplir la ley, sin excepciones. Hay que depurar al Estado mexicano de los actos de corrupción que medran en todos los órdenes de gobierno, tanto en los altos niveles como entre burocracias o en aquellas policías que operan como parte o al servicio de la delincuencia”, indicó el organismo empresarial en voz de su presidente Gerardo Gutierrez Candiani.

El dirigente empresarial dijo que “hay que pasar de los escándalos a la investigación a fondo y la sanción de los responsables, administrativa o penal”.

A decir del Consejo el reto subsiguiente a la aprobación de la reforma, es expedir la legislación secundaria correspondiente. “Sobra decir que ésta debe honrar los principios y necesidades fundamentales de la reforma, sin subterfugios que la hagan nugatoria o superficial”.

Indicó que no se puede permitir que, cada año, la Auditoría presente sus resultados, dando cuenta de graves irregularidades, opacidad, desvíos y posibles fraudes, sin que haya las investigaciones o las correcciones necesarias, ya no digamos sanciones.

“El sistema anticorrupción tiene que ser punto de inflexión para revertir un nivel de opacidad que ha crecido más de 80 por ciento en los últimos siete años, en términos del monto de recursos que acaban con un destino desconocido o confuso, en un agujero negro de más de 56 mil millones de pesos en el último reporte de la Auditoria Superior”, mencionó Gutierrez Candiani.

Dijo que es fundamental que tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tengan competencia para casos de corrupción en estados y municipios, en función de su gravedad o procedencia de los recursos.

Urgió abatir la opacidad y falta de control que se presenta a nivel local. Afirmó que en lo que va del siglo, los estados y municipios han recibido más de 355 mil millones de dólares en recursos federales, “y un gran porcentaje de éstos, del enorme excedente petrolero en los años de altos precios, se ha esfumado entre el dispendio, la opacidad y la mala administración”.

“Es evidente que si tanto dinero se hubiera manejado con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, la realidad de esos estados y de México, hoy sería muy diferente. Hay que tomar en cuenta que se estima, de forma conservadora por lo que ha documentado la propia Auditoría Superior, que en una década se perdieron más de 86 mil millones de dólares, por desvíos, subejercicios, despilfarros o pagos indebidos”, comentó el dirigente empresarial.

Gutierrez Candiani dijo que las consecuencias son incalculables, y afectan en los renglones más sensibles para la población. En materia de seguridad pública, dijo, el gasto de los estados creció casi 100 por ciento en una década, pero en el mismo lapso se duplicaron los delitos del fuero común. Por eso es inaceptable el rechazo a principios básicos de la reforma, a nombre de un federalismo mal entendido.

En el mismo sentido, refirió, es de gran relevancia el énfasis de la reforma para fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados, espacios donde también existe un gran déficit de transparencia.

“A los particulares que participen en actos de corrupción, se les determinarán sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; asimismo, resarcimiento de los daños y perjuicios. Reiteramos que en el sector privado hay disposición y compromiso total para cumplir y trabajar con las autoridades en este sentido”, explicó Candiani.

Comentó que de ahora en adelante, se obligará a los servidores públicos a presentar, además de su declaración patrimonial, la de posibles conflictos de intereses. Dijo que se propuso además la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito.

“En este punto, debe fomentarse la transparencia pública, cuando se justifique y no afecte la seguridad de los funcionarios, y que haya comprobación de lo reportado, así como monitoreo autónomo y fiable de la evolución de ello en el tiempo”, señaló.

El presidente del Consejo Empresarial dijo que es indispensable reforzar y profesionalizar los sistemas de inteligencia financiera e investigación patrimonial, para poder documentar y llevar a proceso a servidores públicos y políticos corruptos. “En este punto, es un acierto ampliar el plazo para la prescripción de sanciones, para que tenga un carácter transexenal, aunque pensamos que debería extenderse a un poco más de años”, comentó.

Empresarios dicen que no sólo es la Ley, sino castigo real a funcionarios corruptos

El Instituto Nacional Electoral (INE) velará por el cumplimiento riguroso de la imparcialidad de los comicios del 7 de junio y aplicará las sanciones cuando sea necesario, afirmó su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Durante la firma de un convenio de colaboración entre el INE y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dijo que las reglas del juego democrático se han diseñado para evitar que el dinero o los poderes públicos influyan en el desarrollo de los comicios.

La imparcialidad en las contiendas es un mandato de ley y una responsabilidad compartida entre autoridades electorales, partidos políticos, ciudadanos e instituciones del Estado mexicano, recordó.

Al destacar la importancia de un blindaje electoral en el marco del proceso federal en marcha, indicó que la equidad democrática adquiere particular relevancia ante la desigualdad social del país, los déficits de la democracia y la incipiente cultura democrática.

En este marco se refirió al Informe País sobre Calidad de la Democracia que presentó el INE, el cual detalla que 66.4 por ciento de los mexicanos han sufrido actos de discriminación por cuestiones de clase social y 66 por ciento consideran que la ley se respeta poco o nada.

Además, 46 por ciento reportan que nunca han sido miembros activos de organización social alguna y 72 por ciento consideran que no se puede confiar en la mayoría de las personas.

Ante la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, Córdova Vianello dijo que los datos anteriores muestran la debilidad del Estado de derecho y la desconfianza de los ciudadanos.

Esos factores propician que el cumplimiento de la responsabilidad del Estado que se lleva a cabo a través de programas sociales “pueda ser interpretado como refugios clientelares, que pretenden paralela o soterradamente quienes buscan tener un beneficio político-electoral”.

De ahí “la importancia del blindaje electoral de todos los programas sociales, federales, locales y municipales”, añadió el consejero presidente.

En este marco destacó la importancia de la firma del convenio con la Sedesol, ya que contribuye al ejercicio de la función pública y al cumplimiento de los objetivos de los programas sociales, a fin de que apliquen con apego a lo que marca la Constitución, es decir, evitando sesgos electorales implícitos y explícitos.

Resaltó que el INE, a su vez, “habrá de velar por el cumplimiento riguroso de las normas de imparcialidad y de aplicar sanciones cuando sea necesario. Esa es su función en esta materia y su obligación constitucional”.

Lorenzo Córdova también detalló que de los objetivos del convenio, resaltan tres: establecer las bases y los mecanismos que permitan realizar actividades o proyectos conjuntos para evitar que los programas sociales a cargo de Sedesol, sean adjudicados con fines electorales.

El segundo punto es llevar a cabo acciones en materia de educación cívica, así como fortalecer los valores democráticos de la sociedad y entre los servidores públicos, de cara a un voto libre y de ejercicio pleno de los derechos políticos.

Y, por último, añadió, prevé establecer un mecanismo de consulta entre autoridades para resolver dudas que puedan presentarse sobre la interpretación de la ley.

Córdova Vianello agregó que la reforma de 2014 robustece la facultad fiscalizadora de la autoridad electoral y la equidad en las contiendas, que es una de las columnas vertebrales de esa norma.

Sedesol e INE pactan blindaje a gasto social 2015-2018

Una colisión por alcance entre dos camiones urbanos dejó esta mañana al menos 24 personas heridas, a la altura del kilómetro 2 de la carretera a García, en jurisdicción del municipio metropolitano de Santa Catarina, informaron corporaciones de auxilio locales.

El percance se reportó alrededor de las 9:00 horas, cuando un camión de la Ruta Exprés 105 fue impactado en la parte trasera por otro de la Ruta 601, cuando el primero frenó intempestivamente

Personal de Bomberos de Nuevo León, cruz Verde y Roja, Protección Civil, así como de la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Santa Catarina, se dieron cita en el lugar del accidente para el auxilio y traslado de los lesionados a hospitales, así como para el inicio de las investigaciones.

La colisión obligó al cierre momentáneo de la carretera Monterrey- García, en sus dos carriles de trayecto a este último municipio.

Versiones preliminares de las autoridades de Vialidad y Tránsito de Santa Catarina indicaron que presuntamente el conductor de la Ruta Exprés 105 -Adrián Trejo González-, intentó evitar impactarse contra un tráiler, por lo que de forma intempestiva detuvo su marcha.

A poca distancia circulaba en el mismo sentido el autobús de la Ruta 601, y su operador, Rogelio Ivan Rivas Eguía, no logró frenar y se impactó contra la parte trasera del otro camión urbano.

Lo anterior aunado a la neblina y pavimento resbaladizo por las lluvias ligeras de las últimas horas en el área metropolitana de Monterrey.

Ambos choferes resultaron con algunos golpes, pero no fue necesario su traslado a hospitales, por lo que fueron llevados a la comandancia de Santa Catarina para el deslinde de responsabilidades.

La Secretaría de Vialidad y Tránsito santacatarinense indicó que de los 24 pasajeros heridos, siete presentaban lesiones de gravedad.

Estos fueron identificados como Perfecto Medina, de 38 años; Joséfina Flores Hernández, de 38; Amir Zade, de 72; Quender Alvarado, de 37; Edgar Escobedo, de 30; Mario Alberto Gordillo, de 32 y Francisco Javier Vázquez, de 33.

Colisión de camiones urbanos deja 24 lesionados en Nuevo León

normalistasFoto: Archivo

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se encuentran reunidos a la espera de la llegada del equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los padres se localizan en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, acompañados por Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Se espera que el equipo de expertos de la CIDH arribe a Ayotzinapa alrededor de las 16:00 horas y la reunión será en privado.

El grupo de la CIDH está conformado por el abogado Francisco Cox, de Chile; de Guatemala, Claudia Paz y Paz, abogada especializada en derecho penal y derechos humanos; la colombiana Ángela Buitrago, abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; de España, Carlos Beristáin, médico y especialista en educación para la salud, y Alejandro Valencia Villa, de Colombia, abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Las atribuciones del grupo interdisciplinario será elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.

La lista del grupo interdisciplinario de expertos independientes fue dado a conocer el pasado 16 de enero por el gobierno federal por medio de un comunicado.

En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.

Cabe señalar que el grupo de expertos podrá formular recomendaciones técnicas relevantes para que el Estado fortalezca sus capacidades en la búsqueda y localización de los normalistas desaparecidos.

El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, se lee en el comunicado que dieron a conocer de manera conjunta la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR).

“Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto”, indica.

Padres de los 43 esperan arribo de expertos de la CIDH

México y Canadá acordaron dar un nuevo enfoque al Grupo de Dirección de Alto Nivel sobre Migración, orientando su trabajo hacia la movilidad segura y ordenada de personas, en el ámbito bilateral y trilateral, bajo el principio de reciprocidad y confianza mutua que permita un mayor entendimiento.

Esto se acordó durante una visita a la Ciudad de México del consejero de Seguridad Nacional de ese país, Richard Fadden, quien estuvo acompañado de una delegación de funcionarios del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá y de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos.

El objetivo de este encuentro fue fortalecer el diálogo bilateral sobre la facilitación del movimiento de personas y los procesos de expedición de documentos de viaje, con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante dos días de trabajo se intercambiaron experiencias e información sobre temas como la repatriación de personas, los procesos de expedición de documentos de identidad, condiciones de estancia de extranjeros en México, valoración de documentos migratorios, acciones para el control y verificación de viajeros de riesgo, proceso del ingreso a territorio nacional e intercambio de datos estadísticos, entre otros.

En 2009, Canadá decidió imponer el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que desearan visitar su país, debido al alto número de solicitudes de refugio sin fundamento legítimo.

México y Canadá dialogan sobre nuevo enfoque migratorio

spotsUn total de 16 millones 174 mil 80 spots serán difundidos por dos mil 500 estaciones de radio y televisión entre el 5 de abril y el 4 de junio, tiempo en que se celebrarán las campañas electorales federales, informó el consejero Arturo Sánchez.

En entrevista con Notimex resaltó que de esos mensajes que serán transmitidos durante los 60 días que comprenden las campañas (96 diarios, 5.6 cada hora), 13 millones 815 mil 360 corresponden a los partidos y dos millones 358 mil 720 a las autoridades electorales.

En el actual lapso de intercampaña, además, “se están transmitiendo 12 millones 130 mil 560 spots”, mientras que en el periodo de precampañas, que ya terminó, se distribuyeron a nivel nacional 10 millones 782 mil 720 durante 40 días.

En conjunto, durante las etapas de precampañas, intercampañas y campañas serán difundidos por radio y televisión 39 millones 87 mil 360 mensajes de propaganda, resaltó Sánchez Gutiérrez.

“Son 60 días (de campaña), por 96 spots (diarios), por el número de estaciones (dos mil 500). Eso nos da un total que durante la campaña completa durante esos 60 días se van a distribuir 16 millones 174 mil 80 spots. Sí, y esa es la cantidad completa”, resumió.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) expuso que en breve, el Comité de Radio y Televisión deberá dar a conocer el número de spots que les corresponderá a cada uno de los 10 partidos nacionales con registro.

Recordó que de los 48 minutos de tiempos oficiales del Estado, durante campañas federales, a los partidos políticos les corresponde 41 minutos y los restantes siete son para uso de las autoridades electorales.

Entre estos últimos están el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) y el INE.

El funcionario electoral aclaró que los spots no cuestan a la autoridad ni a los partidos, “son los tiempos que proporciona el Estado. No es que compremos esos tiempos a los medios de comunicación o que nos cobren, no. Son los tiempos del Estado, son completamente gratis en ese sentido”.

Así, refirió, los mensajes se distribuyen durante 18 horas en proporciones idénticas, entre las 06:00 y la medianoche; “entonces, si dividimos los 96 spots entre 18 (horas), nos dan aproximadamente algo así como seis spots por hora”.

A pregunta expresa comentó que el número de promocionales que verá un ciudadano dependerá también del tiempo que permanezca frente al televisor o que escuche la radio.

“Un ciudadano, pues depende de cuántas hora esté sentado, va a poder ver o escuchar cinco spots por el número de horas que vea. Si ve 10 horas, va a ver 50 spots en un día: si ve dos horas, pues va a ver 10”, explicó.

Frente a quienes consideran excesivo el número de spots, Arturo Sánchez Gutiérrez señaló que el modelo se probó en 2009 y en 2012, cuando hubo suficiente conocimiento de impacto.

“De hecho, los mismos partidos aprendieron ya a cómo cambiar sus spots, a cómo organizar sus campañas para cambiar los spots dependiendo del número de spots que tienen, y de más”, concluyó.

Difundirán más de 16 millones de spots durante campañas electorales

El líder sindical de la sección D-III-16 de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Nicolás Robles Pineda, fue asesinado el domingo por la noche en la colonia Jardín Palmas, una de las más peligrosas de Acapulco.

De acuerdo con compañeros del profesor, de 43 años de edad, el cuerpo fue encontrado minutos antes de la medianoche en su domicilio ubicado en la citada colonia.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para trasladar el cadáver.

Antes, su hermano Rogelio lo identificó y el personal de la FGE llevó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le practicaron la necropsia de ley.

Robles Pineda había participado de manera activa dentro del movimiento magisterial.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) y la sección 14 del SNTE condenaron el ataque al docente y exigieron a la FGE que investigue los hechos de manera seria y contundente.

Asesinan a líder magisterial en Acapulco

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