Garduño sigue al frente de INM

Ciudad de México.- Un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, norte de México aplazó al próximo domingo su decisión sobre la imputación del director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en un centro de detención gubernamental el pasado 27 de marzo.

Tras una segunda audiencia celebrada este martes, pues Garduño ya se presentó ante el juez el pasado viernes, se prevé que la definitiva sea el próximo domingo a las 11.00 hora local, cuando el magistrado deberá decidir si, como le acusa la FGR, incumplió “con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”. El abogado defensor de Garduño, Rodolfo Pérez, aseguró que el proceso está marcado por una “insuficiencia probatoria”, por lo que se mostró optimista de cara al desenlace de la vista del domingo.

Tras cerca de seis horas de audiencia, el juez federal a cargo del caso, Víctor Manilo Hernández, mantuvo su decisión de mantener en libertad al alto funcionario del Gobierno mexicano y desestimó las peticiones de la FGR de destituirlo de su cargo y prohibirle la salida del país.

í aceptó, como única medida cautelar, que Garduño deba presentarse cada 15 días en el juzgado. El titular de Migración, quien se negó a declarar ante el juez, tampoco quiso hacerlo ante los medios de comunicación.

“Yo declaré ante el juez mi garantía constitucional de guardar silencio y ante ustedes igual, sigo en un proceso”, dijo Garduño a medios.

Garduño podría ser imputado por el ejercicio ilícito del servicio público, pues se le acusó de “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos en contra de los migrantes”.

La Fiscalía también señaló que ha identificado un patrón en el actuar de los directivos del INM “en el que se han omitido las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.

No se descarta que el titular de Migración acepte una conclusión anticipada del proceso, o negocie un acuerdo reparatorio con las víctimas para evitar ir a juicio.