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Miguel R. Valladares García

jueves 20 septiembre 2018

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CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Conductores de Uber acumulan 457 denuncias por delitos presuntamente cometidos en vehículos de la aplicación, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información hechas a fiscalías y procuradurías locales.

En los últimos tres años se abrieron 115 investigaciones por abuso de confianza, 80 por robo, 23 por violaciones, 23 por daños en bienes, 11 por lesiones, siete por fraude, cuatro por homicidio, tres por acoso sexual y 191 por delitos no especificados.

Las denuncias fueron levantadas en 35 municipios de 11 entidades.

Los datos muestran que las ciudades donde se han registrado más denuncias contra los choferes de Uber son Mérida, Santiago de Querétaro, San Nicolás de los Garza, Aguascalientes, Monterrey, Zacatecas, Guadalupe, Puebla y Guadalajara.

Uber México declaró vía correo electrónico que “el presunto delito por el cual se investiga puede o no estar relacionado con un suceso ocurrido en un viaje contratado a través de la app”.

Expertos en transporte público consideraron que la calidad de Uber y sus competidores ha disminuido en los últimos años debido a su crecimiento acelerado.

“El parteaguas fue el momento en el que Uber dejó de hacer un meticuloso filtro para elegir a sus conductores. Asumo que prefirieron crecer el número de su flota a costa de la calidad. Pero la verdad es que aunque el servicio empeoró todos seguimos usándolo”, explica el urbanista Iván Amador.

El golpe de las puertas advirtió a Carlos que ese viaje no sería como cualquier otro. Se había quedado dormido en la parte trasera de un Uber y dos portazos lo despertaron. Apenas se le espantó el sueño y se dio cuenta de que tenía un arma apuntándole a la cabeza. Dos sujetos habían abordado el vehículo para amenazarlo de muerte.

— O entregas tus cosas o te jodes —lo interpelaron. Al frente, el conductor seguía su rumbo, como si nada sucediera.

— ¡Si no me das tus cosas ya valiste madre, necesitamos tu celular y tu cartera! —le gritaron los asaltantes al joven que había pedido un taxi privado para volver a su casa. Su viaje debía durar a lo mucho 25 minutos, pero durante casi una hora lo mantuvieron cautivo y lo golpearon con la cacha en el rostro.

“Uno de los hombres prácticamente me apuntó todo el trayecto, sólo bajaba la pistola cuando se acercaba un automóvil o se ponía un semáforo. Les entregué voluntariamente mis cosas y les pedí que no me hicieran daño, pero se rehusaban a dejarme ir”, explica Carlos.

La víctima asegura que el conductor de Uber se convirtió en un cómplice de su asalto, pues nunca intentó ayudarlo y continuaba manejando sin rumbo aparente.

Carlos levantó una denuncia ante el Ministerio Público después de lo sucedido. A ese procedimiento legal contra un conductor de Uber se suman otros 457 por diversas incidencias delictivas en 11 estados de la República.

Los presuntos delitos por los cuales se iniciaron las indagatorias sucedieron en los últimos tres años y fueron reportados en 35 municipios, lo cual representa alrededor de 85% del territorio mexicano en el que la compañía tiene presencia.

Los conductores de Uber acumulan 115 investigaciones por abuso de confianza, 80 por robo, 23 por violaciones, 23 por daños a las cosas, 11 por lesiones culposas y dolosas, siete por fraude, cuatro por homicidios, tres por acoso sexual, y otras 191 carpetas de investigación por delitos diversos y no especificados.

Esta información fue obtenida a través de solicitudes de información hechas a fiscalías y procuradurías del país. Los datos proporcionados por Sonora no se tomaron en cuenta porque fue el único estado que especificó que los delitos cometidos por los choferes pudieron no haberse ejecutado mientras el imputado ejercía su ocupación.

Mes y medio después del robo, Carlos relata que en un inicio Uber no se hizo responsable del caso, pero posteriormente le brindaron asistencia legal para aclarar si su conductor efectivamente estuvo relacionado con el delito. Asimismo, pudo recuperar los 8 mil 500 pesos que los ladrones se gastaron con sus tarjetas de crédito.

Sin embargo, su experiencia con las autoridades locales no ha sido la mejor: “Cuando por fin me bajaron del automóvil corrí toda una calle y cuando encontré a unos policías me dijeron que si no me acordaba de las placas del carro, no iba a proceder ninguna denuncia. Después me dijeron que era imposible que me llevaran a mi casa porque la colonia donde vivo no era su jurisdicción”.

Ahora el joven emite consejos a amigos y familiares para que no padezcan la misma experiencia: “Desde ese momento tengo más precauciones con Uber. Era un usuario muy frecuente, incluso tenía una promoción de un mes con 20% de descuento en todos los viajes. Mi recomendación para los demás es siempre ser precavidos, verificar que tu viaje sí inició y compartir tu ubicación”.

Más autos, menos calidad

Las ciudades y municipios donde los conductores de Uber han enfrentado más investigaciones policiales son Mérida, con 164 casos; Santiago de Querétaro, con 55; San Nicolás de los Garza, con 43; Aguascalientes, con 27; Monterrey, con 26; Zacatecas, con 22; Guadalupe, con 20; Puebla, con 18, y Guadalajara con 11.

Ante estos datos, Uber México declaró vía correo electrónico que “el presunto delito por el cual se investiga puede o no estar relacionado con un suceso ocurrido en un viaje contratado a través de la App. Cuando recibimos un reporte de una presunta conducta ilícita, ya sea dentro de la aplicación o a través de prensa y redes sociales, tomamos las medidas pertinentes, que incluyen la suspensión temporal de las cuentas presuntamente involucradas”.

Expertos en transporte público explicaron que la calidad de Uber y sus competidores ha disminuido en los últimos años debido a su crecimiento acelerado.

“El parteaguas fue el momento en el que Uber dejó de hacer un meticuloso filtro para elegir a sus conductores. Asumo que prefirieron crecer el número de su flota a costa de la calidad. Pero la verdad es que aunque el servicio empeoró, todos seguimos usándolo”, explica el urbanista Iván Amador.

También Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, dijo que “Uber tiene más controles que un taxi. Una ventaja de la plataforma es que permite un cierto control, pero no pudo escapar de la inseguridad que nos aqueja y seguramente hay conductores que no deberían estar trabajando ahí, que son aquellos que han cometido algún delito”.

Ambos expertos coincidieron en que a pesar de todo, Uber es la mejor opción frente a los taxis comunes. Iván Amador, del Colegio de Urbanistas, lo resumió así: “En tres años en la Ciudad de México hubo más de 7 mil 800 denuncias hacia taxis. Uber no es 100% seguro, pero es el mejor medio de transporte”.

“Pensaba que me iban a matar”

Cuando vio que estaba en avenida Chimalhuacán, en el Estado de México, “lo único en lo que pensaba era en que me iban a matar. Ya me veía tirada en el Bordo de Xochiaca. Había leído sobre la inseguridad en ese lugar, sobre todo que en Nezahualcóyotl habían aumentado los feminicidios”, relata Karen, quien levantó una denuncia contra un conductor de Uber por privación ilegal de la libertad.

Ella pidió una unidad que la llevara de la delegación Cuauhtémoc a la Venustiano Carranza, un recorrido de 20 minutos aproximadamente, pero el taxista se desvió hasta el Estado de México con el argumento de que su GPS le marcaba esa ruta.

“El conductor extendió la pantalla para que sólo se viera una línea recta y no se viera todo el mapa. Le expliqué que esa no era la ruta y tocó su celular para mostrarme que sí era. Me dijo que probablemente había cambiado el camino por alguna calle cerrada”, cuenta.

Por su parte, Aranxa Lugo vivió una experiencia similar: “Siempre me iba en Uber desde mi casa y me dormía hasta llegar a mi trabajo. En esa ocasión, cuando me desperté, me di cuenta de que el conductor se había alejado del camino que debía tomar. Primero pensé que se había equivocado, pero me levanté, me acerqué para ver la ruta que estaba siguiendo el chofer y me di cuenta de que ni siquiera había un mapa en su celular”, relata la joven.

A pesar de que el conductor de Uber no la agredió física ni verbalmente, el temor de la joven se sustentaba en los cientos de homicidios y violaciones de los que cada año son víctimas las mujeres mexicanas.

El caso de Aranxa es parte de la cifra negra de presuntos delitos cometidos por conductores de Uber; ella no denunció lo que otras víctimas han interpretado como privación ilegal de la libertad.

A pesar de que las dos jóvenes vivieron momentos de angustia y temor, pudieron escapar del vehículo sin ningún problema.

“A mí me dieron un consejo, lo voy a aplicar y también lo voy a dar: si te quieres cuidar, no tomes Uber y ninguna aplicación similar”, dice Karen, quien pidió no publicar su nombre real por seguridad.

Hay 457 denuncias contra choferes de Uber por delitos que van desde robo hasta homicidio y violación

El Tribunal Electoral federal confirmó que Jaime Rodríguez Calderón deberá pagar la multa por 396 mil 310 pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE), por las irregularidades en el registro de ingresos y gastos como candidato independiente a la Presidencia de la República.

Por unanimidad, la Sala Superior consideró inoperantes e infundados los agravios del actor, quien demandó la aplicación del principio pro-persona para la aplicación de la sanción y señaló que los candidatos independientes compiten en desventaja, respecto a los partidos políticos.

Los magistrados señalaron que Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, reclamó las sanciones impuestas por violaciones a la fiscalización, lo cual nada tiene qué ver con los derechos humanos.

Refirieron que el excandidato independiente y actual gobernador de Nuevo León “debió acreditar que las multas afectan su patrimonio y ponen en riesgo su subsistencia y la de sus dependientes, lo cual no ocurre en este caso”.

Además, Rodríguez Calderón deberá pagar los 739 mil pesos de multa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le impuso por haber utilizado mecanismos de financiamiento prohibidos para obtener las firmas de apoyo ciudadano, al resolver un procedimiento oficioso administrativo en junio pasado.

Tribunal ratifica multa a “El Bronco” por anomalías en gastos de campaña

La candidata panista Martha Érika Alonso y su esposo el ex gobernador Rafael Moreno Valle / Foto: Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Partido Acción Nacional se dijo respetuoso de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF), con respecto a la elección de Puebla, ya que dijo, con el conteo de votos se confirmará el triunfo de la Martha Érika Alonso.

En un comunicado, aseveró que el conteo de votos servirá para que el PRI no regrese a Puebla, “ni siquiera disfrazado de Morena”.

El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres, sostuvo que su partido históricamente ha luchado por la democracia en México, por lo que la decisión de la máxima autoridad electoral es parte de esas conquistas, de las cuales el PAN está muy orgulloso.

“Lo más importante, es que se respete la voluntad de los ciudadanos y no se pretenda ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas”, expresó.

PAN confía que el conteo de votos en Puebla confirme su triunfo

El gobierno estatal informó que publicó, mediante el Periódico Oficial del Estado, la Declaratoria de Emergencia en localidades de tres municipios que abarca la zona de Los Bitzales, donde ocurrió la mortandad de manatíes, a fin de dar respuesta, auxilio y mitigación a la población de ese lugar.

En un comunicado, expuso que el acuerdo permitirá apoyar, de mejor manera, a habitantes de Macuspana, Jonuta y Centla afectados por los fenómenos sanitario-ecológicos entre mayo y septiembre.

El acuerdo signado por el gobernador, Arturo Núñez Jiménez, establece la coordinación con los Ayuntamientos y autoridades federales, y prevé, de ser necesario, la habilitación de inmuebles y espacios públicos como centros de acopio de víveres, medicamentos y enseres.

Los productos que proporcionen los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, los cuales serán distribuidos de forma imparcial, ordenada y transparente entre los afectados.

Indica que las áreas afectadas serán determinadas por el Centro Estatal de Operaciones o el Instituto de Protección Civil (IPC), de conformidad con lo que marcan la Ley y el Programa Maestro de Protección Civil del Estado, además de solicitar a la población coadyuvar con las autoridades.

Recordó que el reciente 24 de agosto, por instrucciones del gobernador, se instaló una mesa de trabajo en que participaron autoridades y representantes comunitarios, para atender la problemática social generada por la presunta contaminación del río Bitzal.

Los acuerdos allí tomados fueron crear una mesa de análisis técnico jurídica entre las dependencias federales y estatales involucradas, para evaluar los términos y alcances de la Declaratoria de Emergencia, así como acelerar análisis que permitan aclarar a la opinión pública la situación de los productos pesqueros de la zona, a fin de que pudieran ser comercializados sin ningún problema.

A esas medidas se agregó que el gobernador Núñez Jiménez convino con el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Baltazar Hinojosa Ochoa, canalizar apoyos a los pescadores por medio de esa dependencia y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (Sedafop).

En tanto, añadió, durante esta contingencia la Secretaría de Salud ha mantenido acciones sanitarias y atención médica.

Asimismo, el IPC ha distribuido ayuda donada por organizaciones civiles, así como despensas, tinacos y purificadoras de agua, y la Secretaría de Desarrollo Social abrió un centro de acopio donde la población puede donar alimentos y útiles escolares.

 

Emiten declaratoria de emergencia por mortandad de manatíes en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al menos 30 lesionados resultaron en un accidente vehicular provocado por un camión de pasajeros que se quedó sin frenos en Cuautepec, Gustavo A. Madero.

De acuerdo a los primeros reportes, en una bajada ubicada en la colonia Castillo Chico el camión de la ruta 18 se impactó contra una barda y ocasionó una carambola con al menos 3 vehículos.

Durante este accidente al menos una persona fue atropellada; algunos lesionados fueron atendidos en el lugar mientras otros fueron trasladados por ambulancias a hospitales de la zona.

Policías y bomberos arribaron al cruce de Avenida de Morelos y Castillo para auxiliar a los heridos, a la vialidad y a acordonar el área.

La Cruz Roja informó que laboran en el lugar para atender a los heridos.

30 heridos por choque entre microbús y autos en Cuautepec

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A un año del sismo del pasado 19 de septiembre el Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para volver a la normalidad y ocupar al máximo todos sus inmuebles, en los que invirtió cerca de 50 millones para reforzamiento, remodelación o adecuaciones, aunque no todas relacionadas con el temblor.

El inmueble del Instituto ubicado en Calzada Acoxpa 436, colonia Ex Hacienda Coapa –muy cerca de la Escuela Enrique Rébsamen- fue el que más impacto tuvo tras el sismo. Aunque “está en perfectas condiciones”, garantizó el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, se realizaron tareas para “aligerar” peso.

Así, estructuralmente no hubo consecuencias, pero el impacto fue que durante casi medio año se mantuvo desocupado, como medida preventiva y para realizar adecuaciones.

El personal adscrito a la dirección de prerrogativas y a la Unidad Técnica de Fiscalización que laboraba ahí, fue redistribuido: una parte enviado a la sede nacional, en el Conjunto Tlalpan, pero más del 80 por ciento hizo “home office”, por falta de espacio para ser reubicado.

En ese edificio -ubicado en la Plaza Acoxpa, donde algunos comercios sufrieron desperfectos- no vio afectada su estructura, según el dictamen emitido por el Director Responsable de Obra Heberto Castillo Juárez.

Pero dado que ahí se albergaba el equipo tecnológico para el monitoreo de radio y televisión, tuvo que ser reubicado por su peso. Este y el personal de prerrogativas se fueron a la calle de Moneda, en el centro de Tlalpan.

Sin embargo, explicó Jacobo Molina, se redujo el peso del inmueble y se realizaron labores de remodelación pues el INE concentrará ahí a personal que labora en la Torre Zafiro, en Ex Hacienda Anzaldo, donde se paga una renta millonaria.

Ahí el INE tiene tres contratos (una oficina, un piso y parte de una torre) por casi 50 millones de pesos, parte de los cuales planea ahorrarse.

LAS OBRAS PÚBLICAS

De acuerdo con el Programa Anual de Obras Públicas 2018 a inversión realizada por el INE para reforzar o remodelar inmuebles, núcleos sanitarios, remozar fachadas, construir escaleras de emergencia, realizar dictámenes estructurales y gestionar permisos fue de 47.7 millones de pesos.

Para trabajos de conservación y mantenimiento del Conjunto Tlalpan –donde se ubican las oficinas de los consejeros- se dedicaron 25 millones 154 mil pesos; para supervisión de esos trabajos 1 millón 38 mil pesos.

Con el sismo un plafón ubicado en el edificio C de ese Conjunto resultó dañado, por lo que se invirtieron 2 millones 39 mil pesos para uno nuevo, gasto adicional no incluido en el PAOP.

En el inmueble del INE ubicado en Insurgentes Sur No. 1561 en la colonia San José Insurgentes, sede del Registro Federal de Electores (RFE), no existía escalera de emergencia. Se invirtieron 4.8 millones de pesos, más 1.4 millones por licencia, seguimiento, supervisión, dictamen estructural y levantamiento topográfico de ese inmueble además de la escalera.

En adecuación de oficinas en mezzanine, y 7 pisos de ese mismo inmueble se dedicaron 7 millones 564 mil pesos, más 302 mil en supervisión.

Para el inmueble de Acoxpa se dedicaron 7 millones 999 mil pesos en diversos conceptos. En remodelación de núcleos sanitarios, remozamiento de vestíbulo, fachadas 347 mil 488 pesos; y en servicios relacionados con las obras (permisos, derechos, seguimiento) otros 163 mil pesos.

INE invirtió 50 mdp en remodelación de inmuebles por sismos

Ciudad de México.- Con un minuto de silencio, el puño en alto y un simulacro en el que participaron 8,1 millones de personas los mexicanos recordaron hoy a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, que devastaron el sur y centro del país.

El sismo del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8,1, dejó 20.000 muertos, y el que ocurrió el mismo día de 2017, de magnitud 7,1, provocó 369 víctimas fatales, la mayoría en la capital mexicana y en los estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En el Zócalo y en aquellos lugares que el año pasado se convirtieron en escenarios de la tragedia, miles de personas levantaron el puño, copiando la señal que los rescatistas hacían durante las labores de búsqueda para pedir silencio y escuchar si había vida bajo los escombros, entre ellos grupos de rescatistas.

Dos minutos después, unos 14.000 altavoces reprodujeron la alerta sísmica para dar paso a que millones de personas pusieran en marcha un simulacro durante el que afloró la angustia de muchos ante el recuerdo del sismo del año pasado.

A la par que los actos protocolarios, damnificados y familiares de víctimas celebraron actos conmemorativos en las ruinas de construcciones como las oficinas de Álvaro Obregón 286, el multifamiliar de Tlalpan y el colegio Rébsamen, puntos emblemáticos del temblor de 2017.

En la capital, aunque los nervios de las personas estaban a flor de piel por los recuerdos, el simulacro se cumplió con mayor celeridad que en años anteriores, de acuerdo con las autoridades.

En la colonia Roma, las miradas se clavaron en lo que fue el edificio de oficinas de la avenida Álvaro Obregón 286, donde murieron 49 de las 228 víctimas fatales registradas en Ciudad de México.

Entre los escombros del colegio Rébsamen, durante la ceremonia convocada por las familias, pervivía el recuerdo de los 19 niños que murieron al derrumbarse la escuela.

En una misa celebrada en una calle aledaña se leyeron los nombres de los 19 niños y los siete adultos muertos en esta construcción y también se hicieron demandas de justicia.

Familiares con el rostro afligido dejaron flores, velas, juguetes y fotografías ante el muro de madera que delimita el recinto de la escuela y que presentaba una corona de flores para cada una de las víctimas.

En el Multifamiliar Tlalpan, donde se derrumbó un edificio y otros nueve quedaron muy dañados, el recuerdo se transformó en reclamo a las autoridades por lo que calificaron como falta de atención y opacidad en el manejo de recursos para la reconstrucción.

Durante septiembre de 2017, en el centro y sur de México ocurrieron tres terremotos, los días 7, 19 y 23, que dejaron en total 471 muertos.

La herida sigue abierta (FOTOGALERÍA)

Ciudad de México.- Organizaciones de damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 exigieron al gobierno de la Ciudad de México y a la administración federal que se les entregue una vivienda digna, porque a un año del fenómeno natural no han podido acceder a una.

Integrantes del Multifamiliar Tlalpan, del Movimiento de Alternativa Social (MÁS), del Frente del Pueblo (FP), así como de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) y de la Asamblea de Barrios y damnificados de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco y Cuauhtémoc llegaron a la plancha de la Plaza de la Constitución para asegurar que la población afectada por el temblor de hace un año no puede seguir viviendo en campamentos o “arrimados” con familiares.

Francia Gutiérrez, vocera del Multifamiliar Tlalpan, aseguró que el “Estado mexicano ha sumado un fracaso más en la historia, porque a un año del sismo hay miles de personas sin hogar, edificios colapsando y dañados que son imposibles de ocupar”.

“En estos 365 días los damnificados nos hemos tenido que organizar, porque el Estado nos quiere condenar a vivir por siempre en campamentos y no lo vamos a permitir”.

Agradeció el apoyo que han recibido de diversas organizaciones sociales como los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y del Comité 68, “movimientos que nos une porque en ellos también fue el Estado el culpable de estos crímenes”.

Antes, en otro mitin realizado en el Zócalo, Cecilia Bianchi, damnificada del predio Libertad 22 en la colonia Morelos, indicó que desde hace un año todos los días miles de familias “nos levantamos con el Jesús en la boca porque no tenemos ningún apoyo. No hemos sido escuchados y me da coraje porque no queremos pasar de ser damnificados a deudores de por vida”.

Señaló que en el predio afectado vivían 177 personas quienes no cuentan con un plan de reconstrucción, algo que “no es justo porque el temblor fue hace un año y en ese tiempo no nos han dado una repuesta clara”.

Emilio Barrera, integrante del Comité 68, señaló que es necesario renovar el espíritu de lucha por los derechos de los ciudadanos, “como lo hicimos en el 68, hace 50 años. Compartimos en mismo dolor e indignación por estos atracos. Exigimos ya una solución para los damnificados del sismo de hace un año”.

Damnificados de los sismos exigen acceso a la vivienda

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional en la plancha del Zócalo capitalino, en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

A las 7:18 horas, el primer mandatario salió de Palacio Nacional hacia el asta bandera del Zócalo capitalino, acompañado por los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.

A las 7:19 horas, cómo señal de luto y luego de los honores correspondientes a la enseña nacional, el jefe del Ejecutivo federal izó la Bandera Nacional monumental a media asta, por la pérdida de vidas de los terremotos de magnitudes 8.1 del 19 de septiembre de 1985 y de 7.1 del mismo día, el año pasado.

Al acto asistieron también el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva; el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, entre otros funcionarios.

Posteriormente, en presencia de distintas agrupaciones de las Fuerzas Armadas, así como brigadistas, se le rindieron los honores correspondientes al presidente de la República, posteriormente, la banda de guerra ejecutó el toque militar de silencio, y por último se interpretó el Himno Nacional.

Más tarde, en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente participó en el macrosimulacro nacional de sismo 2018, al igual que todo el personal que labora en este lugar.

A las 13:16 horas, momento en que sonó la alerta sísmica, el mandatario se encontraba en su oficina en la Casa Lázaro Cárdenas, y se ubicó en una zona de seguridad conforme al protocolo que establece el Manual de Protección Civil del Sistema Nacional en la materia.

Luego, junto con su equipo de trabajo, se trasladó al punto de encuentro correspondiente y al término del simulacro, acompañado de brigadistas de Protección Civil, levantó el puño derecho en memoria de las personas que perdieron la vida en el sismo del 19 de septiembre pasado, y como símbolo de unidad y hermandad entre los mexicanos.

Como parte del macrosimulacro, las Brigadas de Evaluación Estructural, de Búsqueda y Rescate, de Evacuación, y de Prevención y Combate de Incendios, realizaron las inspecciones necesarias para verificar la seguridad de los inmuebles.

Encabeza Peña Nieto izamiento de la bandera

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó que la información que contienen los expedientes relacionados con el Movimiento Estudiantil de 1968, en poder del Archivo General de la Nación (AGN), se mostrará sin ocultar los datos personales porque eso ayudará a conocer la verdad histórica sobre esos acontecimientos.

En octubre próximo, el AGN liberará 19 mil páginas de 168 expedientes relativos al movimiento estudiantil, elaborados durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz como parte de la iniciativa “M68: Ciudadanías en Movimiento”, para conmemorar los 50 años de esos hechos.

Se trata de la documentación que estaba en poder de dependencias federales como la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), y General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), que fue resguardada por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Así como la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) —conocida como el Servicio Secreto— que estuvo adscrita a la entonces Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, además de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la sesión de este miércoles, el comisionado Óscar Guerra Ford explicó que en el dictamen elaborado por el instituto determinó que, para el uso de los documentos, imágenes y expedientes, tanto del archivo gráfico como documental del proyecto Colección M68, y que contienen información personal y datos sensibles, no serán exigibles las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos.

En ese caso, explicó, el derecho a la protección de datos personales debe ceder para contribuir a un bien común, esto es, preservar y divulgar la memoria nacional, a través del acceso libre, público y gratuito a expedientes, fotografías, grabaciones y documentos que permitan la reconstrucción de los hechos, así como distintos procesos de búsqueda de la verdad, justicia y reparación.

Guerra Ford planteó que las imágenes de las personas contenidas en fotografías, y los nombres de los entonces estudiantes que fueron detenidos o asesinados dan cuenta de la verdad histórica de los hechos ocurridos en 1968.

“Las informaciones médicas sobre causas de fallecimientos contenidas en cédulas del Servicio Médico Forense permiten identificar las causas de la muerte de los estudiantes, con lo cual se evidencian las violaciones a los derechos humanos ocurridas la noche del 2 de octubre de 1968”, dijo.

Refirió que a la iniciativa del “Macro Repositorio Digital M68: Ciudadanías en Movimiento”, se sumarán algunos medios de comunicación, como EL UNIVERSAL.

También acervos conformados por la sociedad civil.

Señaló que la información contenida en informes elaborados por servidores públicos da cuenta del seguimiento y trabajo de espionaje que el gobierno daba a diversos dirigentes estudiantiles, a quienes les imputaban religión, ideología e incluso preferencias sexuales, entre diversas informaciones que pueden ser catalogadas como sensibles.

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, aseguró que el “2 de octubre no se olvida” sigue siendo una cívica conciencia y sólo podría tener luz, si este tipo de acontecimiento, de reclamos y de convicciones democráticas purgan aquel ominoso acontecimiento de nuestra historia.

La comisionada Patricia Kurzcyn aseguró que el derecho a saber, a conocer la verdad, es uno de los valores más importantes.

El comisionado Joel Salas agregó que la información de la Colección #M68 #CiudadaníasEnMovimiento, al pertenecer a archivos históricos, no le resultan aplicables las disposiciones de protección de datos personales.

Ordena Inai abrir expedientes del Movimiento del 68 sin ocultar datos personales

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