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jueves 18 octubre 2018

¿Amnistía al Estado?

Carlos A. Hernández Rivera
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“No venimos sólo con nuestro

dolor, también venimos con nuestras propuestas, es necesario que el Estado reconozca

su responsabilidad”

Voces de las víctimas.

El pasado martes 7 de agosto será una fecha trascendental para los estudios victímales en México, de los cuales este columnista es un acucioso estudioso de ellos, mi tesis de maestría en derechos humanos versó sobre la problemática de las víctimas en el Estado de San Luis Potosí, y, sus propuestas internacionales de solución, al respecto; mientras que, mi tesis doctoral en política criminal sigue abordando esta importante temática.

Es por ello, que mi opinión de hoy, será sobre el inicio de los foros de pacificación, propuesto por nuestro Presidente electo; las reseñas periodísticas que, nos dieron cuenta del evento, refieren al descontento de las víctimas de feminicidios, desaparecidos/as, ejecutados/as, y en general, todas aquellas personas que, lamentablemente, sin importar su género ni edad, o cualquier otra condición, sufrieron por más de 10 años de una política de prevención del delito equivocada, y, de la inoperancia de las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Precisamente, a ellas se dirige el futuro gobierno de la república, y, les pide un patriótico sacrificio de renunciar, en parte, al derecho a la justicia en aras de alcanzar la paz que tanto este país necesita, absorto de ver ejecutados, levantados, masacres, narcomensajes, colgados en puentes patronales etc, es por ello, que lo diré con todas sus palabras, las víctimas de la guerra al narco y a la violencia son admirables, no sólo sufrieron los hechos delictivos, sino que ahora se les pide sacrificarse por la patria.

Esta mi columna, no alcanzaría para desarrollar tan compleja problemática, sin caer en baratos reduccionismos, pues, no pretendo descalificar el mandato mayoritario de las urnas, soy un ferviente demócrata, pero, también sé, que las víctimas tienen derecho a la justicia.

Sin duda, bien venido sea el debate público de los problemas sociales, cuando menos, estamos transitando de un modelo simulador de las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas en el país, que pretendían aparentar, se ocupaban de las mismas, cuando en realidad no las reparaban, e incluso, eran capaces de “rasurar” recomendaciones de una Comisión Estatal de Derechos Humanos, como sucedió en San Luis Potosí, a través, del Señor Jorge Vega Arroyo.

La propuesta de nuestro Presidente electo hacia las víctimas es “no olvido pero si perdón”, lo que implica, que la persona afectada renuncie a una exigencia de justicia en pro de la paz pública, pero, también se significa que el agraciado por la ley de amnistía, debe aceptar previamente que contrarió el orden jurídico, y, que su conducta fue antisocial, que su actuar afectó seriamente la convivencia armónica vecinal; es decir, lo que la teoría más moderna del delito llama reprochabilidad.

Ahora bien ¿Qué pasaría cuando el que faltó a la legalidad fuera el Estado, también lo amnistíamos? Lo digo porque muchas de esas víctimas, lo fueron no de los narcotraficantes sino de los agentes públicos. Mire usted, mejor le presento la “teoría” del Tribunal de Justicia Administrativa en San Luis Potosí, para exculpar al Estado potosino de su negligencia al deber de protección a los derechos humanos en el caso Jair, sin absoluta reprochabilidad alguna:

“… La obligación de la seguridad pública y de la prevención del delito corresponde a todo el conglomerado social, y no sólo es deber de la policía, no se valdría trasladar la carga a las autoridades policíacas porque sería una carga desproporcionada. Pues, esta inválida premisa, llevaría a establecer que el Estado es responsable por la comisión de los delitos allá donde no hay presencia policíaca.

La construcción constitucional, admite que, existe una IMPOSIBILIDAD para evitar de forma total los delitos, es por ello, que el artículo 21 constitucional, contempla a, la investigación y sanción de los delitos como una forma preventiva, es decir, no todo se limita a la prevención en estricto sensu.

En este sentido, sirva de ejemplo, que cuando la comunidad poblacional, de la Laguna de San Vicente Villa de Reyes San Luis Potosí, solicitó por escrito, la presencia policíaca para que resguardara la paz pública, durante su verbena tradicionalmente celebrada año con año, ello, sólo obligaba al Honorable Ayuntamiento y al Presidente Municipal a responder por escrito a su derecho de petición, pero, de ninguna manera, a conceder en sentido positivo con lo solicitado, pues, es su facultad discrecional consentir o no; amen, de que en la petición se advierte que, la comuna hizo, tan sólo, una solicitud y no una exigencia a un derecho.

Interpretar en otro sentido la Política Criminal del Estado mexicano, señalada en el artículo 21 Constitucional, sería trasladar una carga desproporcionada a las autoridades policíacas…”

Las y los espero el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@hotmail.com

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