El jueves pasado, la Cámara de diputados designó a David Colmenares Páramo como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Como lo marca la ley, el titular estará en su encargo durante un largo periodo: de 2018 a 2025 con posibilidad de una ratificación. Desde la emisión de la convocatoria en noviembre pasado, diversas voces insistimos en la necesidad de que este nombramiento cumpliera con estándares de transparencia y rendición de cuentas, criterios que fortalecerían a la institución y que vendrían a despejar cualquier duda sobre su posible captura política. Con un pie en el estribo de las campañas electorales, los integrantes de la comisión de vigilancia se limitaron a aceptar que las audiencias de los aspirantes fueran públicas (menos mal, eso marca la ley) y que integrantes de la sociedad civil formularan preguntas a través de una urna ciudadana. Sin mucha argumentación de por medio, los diputados seleccionaron una terna que no transitó para su votación en diciembre pasado. Las coordenadas cambiaron con el nuevo periodo de sesiones y con 377 votos a favor, Colmenares obtuvo la mayoría calificada que requería para su designación. El problema es que la votación se hizo sin discusión previa en el pleno y mediante cédula, es decir a través de papeletas que se depositaron en una urna, obstaculizando el que los ciudadanos supiéramos las alianzas partidistas y los argumentos que respaldaron la selección del nuevo Auditor.
En un texto de referencia, Nora Rabotnikof recuerda que lo público tiene diversos sentidos, ya que se refiere no solamente al interés o la utilidad común sino a lo que concierne a la comunidad y por ende a la autoridad ahí emanada; que es lo que se desarrolla públicamente, es decir, a la luz del día y que versa sobre lo que es accesible a todos. Ocultando su voto, anulando la deliberación pública y escondiendo sus preferencias, los diputados vulneraron a la institución y arrojaron un halo de sospecha sobre los hombros del nuevo auditor.
En los últimos 17 años, la Auditoría Superior de la Federación construyó a contracorriente, visibilidad y prestigio a través de un trabajo técnico, autónomo y profesional. Su labor es fundamental para la rendición de cuentas ya que permite saber cómo se destinan y ejercen los recursos públicos. Sus evaluaciones posibilitan identificar si los programas y las decisiones de las administraciones cumplen con los objetivos esperados. Como pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría es la brújula que permite detectar en dónde está el origen de las fallas de nuestras administraciones y el lugar en el que se generan los espacios de discrecionalidad que habrán de ser investigados, corregidos y sancionados. Sin esa responsabilidad, que se ha visto fortalecida por el trabajo conjunto de la academia, la sociedad civil y el periodismo independiente, hubiera sido imposible conocer a detalle de casos como la “Estafa Maestra” en donde once dependencias gubernamentales suscribieron contratos irregulares con empresas fantasma por siete mil 670 millones de pesos o cómo desde la Secretaría de Desarrollo Social se realizaron contrataciones con empresas públicas por mil 311 millones de pesos sin obtener los productos esperados. El nuevo auditor tendrá el reto de marcar la agenda del combate a la corrupción con la autonomía política que su trabajo requiere. Gracias a los diputados, tendrá también que superar una falla de origen.
(Profesora asociada del CIDE)
En un texto de referencia, Nora Rabotnikof recuerda que lo público tiene diversos sentidos, ya que se refiere no solamente al interés o la utilidad común sino a lo que concierne a la comunidad y por ende a la autoridad ahí emanada; que es lo que se desarrolla públicamente, es decir, a la luz del día y que versa sobre lo que es accesible a todos. Ocultando su voto, anulando la deliberación pública y escondiendo sus preferencias, los diputados vulneraron a la institución y arrojaron un halo de sospecha sobre los hombros del nuevo auditor.
En los últimos 17 años, la Auditoría Superior de la Federación construyó a contracorriente, visibilidad y prestigio a través de un trabajo técnico, autónomo y profesional. Su labor es fundamental para la rendición de cuentas ya que permite saber cómo se destinan y ejercen los recursos públicos. Sus evaluaciones posibilitan identificar si los programas y las decisiones de las administraciones cumplen con los objetivos esperados. Como pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría es la brújula que permite detectar en dónde está el origen de las fallas de nuestras administraciones y el lugar en el que se generan los espacios de discrecionalidad que habrán de ser investigados, corregidos y sancionados. Sin esa responsabilidad, que se ha visto fortalecida por el trabajo conjunto de la academia, la sociedad civil y el periodismo independiente, hubiera sido imposible conocer a detalle de casos como la “Estafa Maestra” en donde once dependencias gubernamentales suscribieron contratos irregulares con empresas fantasma por siete mil 670 millones de pesos o cómo desde la Secretaría de Desarrollo Social se realizaron contrataciones con empresas públicas por mil 311 millones de pesos sin obtener los productos esperados. El nuevo auditor tendrá el reto de marcar la agenda del combate a la corrupción con la autonomía política que su trabajo requiere. Gracias a los diputados, tendrá también que superar una falla de origen.
(Profesora asociada del CIDE)