Las promesas de campaña, a partir del 1 de diciembre, deberán convertirse en intervenciones gubernamentales; de las frases sustentadas en las emociones se pasará a la planeación, cálculo preciso de los costos, programación de actividades, diseño de indicadores que permitan mostrar avances y rendir cuentas a la sociedad. Cada oferta de política pública ofrecida durante los procesos electorales pasará por la estructuras y procesos de las organizaciones gubernamentales.
Son tiempos de la burocracia en sentido weberiano, donde cada decisión de política pública deberá ser diseñada, operada y evaluada por un conjunto de personas con capacidades e insuficiencias técnicas, siguiendo premisas políticas dictadas por un gobierno que busca ser diferente a los que le han antecedido; para los próximos años los principal criterios para la toma de decisiones será la austeridad en el ejercicio del gasto público y reorientar el destino de los recursos públicos.
La agenda de austeridad presupuestal y reorientación del gasto público fue una demanda que estuvo en los pasados procesos electorales, por lo que su implementación será un avance importante y necesario para incrementar la calidad del gasto público, pero es inevitable evaluar a profundidad no solo los ahorros que se buscan obtener, sino también su efectos en el suministro de los servicios y en las políticas públicas afectadas por los recortes presupuestales y su asignación a otros rubros; esta evaluación es responsabilidad de la burocracia.
Ésta burocracia sufrirá transformaciones, habrá cambios en la estructura administrativa gubernamental, nuevos perfiles de funcionarios se incorporarán a la administración pública, pero permanecerán reglas de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación que ya existen, a las cuales se les sumaran nuevas premisas de decisión, las cuales ya se perfilan en las reformas a la Ley de la administración Pública Federal, la Ley de Salarios Máximos de los Funcionarios Públicos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2019.
La estructura y procesos de la administración pública hereda aspectos positivos, tales como reglas de transparencia y de vigilancia del gasto, prácticas de evaluación, procesos de mejora regulatoria consolidados, así como un incipiente modelo de combate a la corrupción; sin embargo una gestión pública más vigilada no es sinónimo de más eficiencia y eficacia, se requiere transparencia en tiempo real, mejores auditorías, mejores políticas públicas y mayor capacidad de implementación.
Los cambios propuestos del gobierno federal se centran en una agenda de austeridad y una reorganización administrativa; la primera tuvo gran aceptación durante los procesos electorales, buscando terminar con una burocracia privilegiada, con gastos superfluos; esta acción se sustenta en menos empleados públicos, reducción de sueldos y restricciones de gasto público; la segunda se refiere a la existencia de estructuras administrativas más compactas en responsabilidades y espacios de acción pública.
Con la Ley de Salarios Máximos también se busca cumplir promesas de campaña: desaparecer las pensiones a los ex presidentes, reducir los altos sueldos de la burocracia, en ella se ponen topes a los ingresos de los funcionarios públicos, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial; también se emiten restricciones a la política de recursos humanos del gobierno federal, tales como: primas de riesgos, estímulos a los salarios, compensaciones por costos de vida, seguros de gastos médicos mayores y fondos de ahorro.
Otras medidas adoptadas en el gobierno federal son: 1) centralizar las funciones administrativas en la Secretaría de Hacienda, asumiendo las funciones que realizan las Oficialías Mayores; 2) concentrar el proceso de adquisiciones de toda la administración pública federal y 3) asumir el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, que tenía la Secretaría de la Función Pública; estas medidas, según el nuevo gobierno, busca una gestión eficiente de recursos, optimizando los recursos públicos.
Una acción más a destacar es la concentración operativa de los programas sociales en los denominados delegados estatales, quienes coordinarán las acciones entre las autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal; verificarán las acciones estratégicas en materias prioritarias, y llevarán a cabo la supervisión del debido cumplimiento en la prestación de servicios y trámites a cargo de las dependencias de la administración pública federal en las entidades federativas.
En cuanto a la propuesta de presupuesto de egresos 2019, el gasto público federal se reorienta a sectores más sociales; los sectores que sufren reducción en su presupuesto son: comunicaciones y transportes, gobernación, agricultura, marina, medio ambiente; los sectores que tendrán más recursos son: educación, combate a la pobreza, salud, defensa nacional y trabajo y previsión social (gráfica); las políticas públicas prioritarias serán: adultos mayores. Jóvenes construyendo futuro, aeropuertos, becas para nivel medio superior y sembrando vida.
Cada una de estas decisiones de política pública afectará la operación cotidiana de la administración pública, en primer lugar, los nuevos funcionarios deberán aprender su funcionamiento cotidiano, redistribuir responsabilidades y funciones entre las distintas dependencias y al interior de las mismas, operar en un contexto de restricciones de personal y recursos financieros, y a la vez dar resultados de política pública en el corto plazo, porque de lo contario perderán la credibilidad social adquirida en el pasado proceso electoral.
Finalmente, el nuevo gobierno enfrentará grandes resistencias al cambio al interior de la administración pública, cada actor involucrado defenderá sus agendas de prioridades, sus espacios, sus sueldos, sus privilegios, sus formas de trabajar; sin embargo lo que debemos aceptar es que estamos en tiempos de transformaciones estructurales, nuevos actores, nuevos procesos y diferentes formas de trabajar llegarán a la administración pública, en donde el reto es trabajar generando valor público en un contexto de austeridad presupuestal. ¡Felices fiestas a todos y cada uno de mis lectores!
Son tiempos de la burocracia en sentido weberiano, donde cada decisión de política pública deberá ser diseñada, operada y evaluada por un conjunto de personas con capacidades e insuficiencias técnicas, siguiendo premisas políticas dictadas por un gobierno que busca ser diferente a los que le han antecedido; para los próximos años los principal criterios para la toma de decisiones será la austeridad en el ejercicio del gasto público y reorientar el destino de los recursos públicos.
La agenda de austeridad presupuestal y reorientación del gasto público fue una demanda que estuvo en los pasados procesos electorales, por lo que su implementación será un avance importante y necesario para incrementar la calidad del gasto público, pero es inevitable evaluar a profundidad no solo los ahorros que se buscan obtener, sino también su efectos en el suministro de los servicios y en las políticas públicas afectadas por los recortes presupuestales y su asignación a otros rubros; esta evaluación es responsabilidad de la burocracia.
Ésta burocracia sufrirá transformaciones, habrá cambios en la estructura administrativa gubernamental, nuevos perfiles de funcionarios se incorporarán a la administración pública, pero permanecerán reglas de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación que ya existen, a las cuales se les sumaran nuevas premisas de decisión, las cuales ya se perfilan en las reformas a la Ley de la administración Pública Federal, la Ley de Salarios Máximos de los Funcionarios Públicos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2019.
La estructura y procesos de la administración pública hereda aspectos positivos, tales como reglas de transparencia y de vigilancia del gasto, prácticas de evaluación, procesos de mejora regulatoria consolidados, así como un incipiente modelo de combate a la corrupción; sin embargo una gestión pública más vigilada no es sinónimo de más eficiencia y eficacia, se requiere transparencia en tiempo real, mejores auditorías, mejores políticas públicas y mayor capacidad de implementación.
Los cambios propuestos del gobierno federal se centran en una agenda de austeridad y una reorganización administrativa; la primera tuvo gran aceptación durante los procesos electorales, buscando terminar con una burocracia privilegiada, con gastos superfluos; esta acción se sustenta en menos empleados públicos, reducción de sueldos y restricciones de gasto público; la segunda se refiere a la existencia de estructuras administrativas más compactas en responsabilidades y espacios de acción pública.
Con la Ley de Salarios Máximos también se busca cumplir promesas de campaña: desaparecer las pensiones a los ex presidentes, reducir los altos sueldos de la burocracia, en ella se ponen topes a los ingresos de los funcionarios públicos, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial; también se emiten restricciones a la política de recursos humanos del gobierno federal, tales como: primas de riesgos, estímulos a los salarios, compensaciones por costos de vida, seguros de gastos médicos mayores y fondos de ahorro.
Otras medidas adoptadas en el gobierno federal son: 1) centralizar las funciones administrativas en la Secretaría de Hacienda, asumiendo las funciones que realizan las Oficialías Mayores; 2) concentrar el proceso de adquisiciones de toda la administración pública federal y 3) asumir el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, que tenía la Secretaría de la Función Pública; estas medidas, según el nuevo gobierno, busca una gestión eficiente de recursos, optimizando los recursos públicos.
Una acción más a destacar es la concentración operativa de los programas sociales en los denominados delegados estatales, quienes coordinarán las acciones entre las autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal; verificarán las acciones estratégicas en materias prioritarias, y llevarán a cabo la supervisión del debido cumplimiento en la prestación de servicios y trámites a cargo de las dependencias de la administración pública federal en las entidades federativas.
En cuanto a la propuesta de presupuesto de egresos 2019, el gasto público federal se reorienta a sectores más sociales; los sectores que sufren reducción en su presupuesto son: comunicaciones y transportes, gobernación, agricultura, marina, medio ambiente; los sectores que tendrán más recursos son: educación, combate a la pobreza, salud, defensa nacional y trabajo y previsión social (gráfica); las políticas públicas prioritarias serán: adultos mayores. Jóvenes construyendo futuro, aeropuertos, becas para nivel medio superior y sembrando vida.
Cada una de estas decisiones de política pública afectará la operación cotidiana de la administración pública, en primer lugar, los nuevos funcionarios deberán aprender su funcionamiento cotidiano, redistribuir responsabilidades y funciones entre las distintas dependencias y al interior de las mismas, operar en un contexto de restricciones de personal y recursos financieros, y a la vez dar resultados de política pública en el corto plazo, porque de lo contario perderán la credibilidad social adquirida en el pasado proceso electoral.
Finalmente, el nuevo gobierno enfrentará grandes resistencias al cambio al interior de la administración pública, cada actor involucrado defenderá sus agendas de prioridades, sus espacios, sus sueldos, sus privilegios, sus formas de trabajar; sin embargo lo que debemos aceptar es que estamos en tiempos de transformaciones estructurales, nuevos actores, nuevos procesos y diferentes formas de trabajar llegarán a la administración pública, en donde el reto es trabajar generando valor público en un contexto de austeridad presupuestal. ¡Felices fiestas a todos y cada uno de mis lectores!