La obligación de la seguridad pública y de la
prevención del delito corresponde a todo el conglomerado social, y no sólo es deber de la policía, si una si la población siente miedo de la violencia, pues, debe de limitar
sus actividades y resguardarse.
Tribunal de Justicia Administrativa
de San Luis Potosí
La semana pasada se llevo a cabo en San Luis Potosí, el Foro de Pacificación propuesto por el próximo gobierno de la República, donde se contó con la participación del próximo Subsecretario de Derechos Humanos, el Sen. Alejandro Encinas, al conocer el argumento judicial del Tribunal de Justicia Administrativa, que se presenta al principio de la columna, señaló:
[…] Vamos a retomar el Caso Jair, creo que es muy claro que la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del San Luis Potosí es infame, no solamente porque elude la responsabilidad (del Estado en materia de seguridad pública y prevención del delito), además, cualquier jurista se puede dar cuenta que es un llamado para hacerse justicia por propia mano, es un error gravísimo, debería sancionarse a esa autoridad, pues, (refiriéndose a la sentencia) “cuídense ustedes mismos” cuando hubo una solicitud de protección en estos hechos, la resolución de este Tribunal es inadmisible.
La verdad es muy delicado, que prospere la sentencia de este Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que, está en las manos del Poder Judicial de la Federación impedirlo, como ya una vez, en este juicio, lo hizo la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante, paradójicamente en lugar de entender la importancia y relevancia nacional del Caso Jair, el Magistrado Ignacio Varela sorprendió a la comunidad con este negativo precedente.
La sentencia busca que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, la Policía Municipal de Villa de Reyes, la Policía Ministerial y la Fiscalía General Local, sean exonerados de toda culpa por la falta de brindar la seguridad pública, cumplir con su obligación den la prevención del crimen, y negarse a la petición de auxilio que hizo una comunidad poblacional.
La trascendencia es tal, que por primera vez en el país se castigarían a las corporaciones en seguridad pública por su falta de eficacia operativa, es decir, sería reprocharles su responsabilidad en la proliferación de la violencia generalizada en nuestro país, lo cual es evidente, el clima delictivo que se vive en gran medida tiene su causa en la falta de preparación de las autoridades encargadas del orden público.
Por ello es indignante escuchar a un Tribunal traslaparle la carga de los efectos del delito y la violencia a quienes resultaron víctimas, no obstante, esta idiosincrasia de la autoridad no parce ser un hecho aislado, resulta muy preocupante, la expresión del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Ernesto Pineda, al comparecer esta semana ante la diputación potosina, cuando dijo “todo nos lo dejan a la policía, pero todos tienen que ver, los robos a las joyerías se debe a que ellos deben tener seguridad propia”.
Mientras tanto, según el INEGI (2018) la percepción de inseguridad ya está casi en un 90% en San Luis Potosí. Me parece que el asesinato de la joven dentista (que se encontraba embarazada), en el interior de su consultorio durante la comisión de un robo en el mismo.
Sería absurdo que el Gobierno pretendiera que los consultorios contarán con seguridad propia, este mensaje es completamente errático y muy peligroso en una sociedad democrática, pues, tácitamente se alienta la justicia privada o de propia mano, además, sus resultados serían evidentemente discriminatorios, porque sólo las personas con capacidad económica pueden contratar custodios privados o “guaruras” y estar a salvo, tal vez, precisamente se trate de sólo ese 10% de potosinos que dicen sentirse seguros en las calles de las ciudades del Estado.
Reitero y coincido con la opinión del Senador Alejandro Encinas, es inaceptable que el Estado pretenda que tiendas, consultorios, y comunidades poblacionales, cuenten con seguridad privada, esta lógica llevaría a la aprobación de grupos de autodefensa, linchamientos, etcétera, el Gobierno no puede eludir su obligación más esencial que es la Seguridad Pública ¿no lo cree Usted amiga lectora amigo lector?
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
prevención del delito corresponde a todo el conglomerado social, y no sólo es deber de la policía, si una si la población siente miedo de la violencia, pues, debe de limitar
sus actividades y resguardarse.
Tribunal de Justicia Administrativa
de San Luis Potosí
La semana pasada se llevo a cabo en San Luis Potosí, el Foro de Pacificación propuesto por el próximo gobierno de la República, donde se contó con la participación del próximo Subsecretario de Derechos Humanos, el Sen. Alejandro Encinas, al conocer el argumento judicial del Tribunal de Justicia Administrativa, que se presenta al principio de la columna, señaló:
[…] Vamos a retomar el Caso Jair, creo que es muy claro que la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del San Luis Potosí es infame, no solamente porque elude la responsabilidad (del Estado en materia de seguridad pública y prevención del delito), además, cualquier jurista se puede dar cuenta que es un llamado para hacerse justicia por propia mano, es un error gravísimo, debería sancionarse a esa autoridad, pues, (refiriéndose a la sentencia) “cuídense ustedes mismos” cuando hubo una solicitud de protección en estos hechos, la resolución de este Tribunal es inadmisible.
La verdad es muy delicado, que prospere la sentencia de este Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que, está en las manos del Poder Judicial de la Federación impedirlo, como ya una vez, en este juicio, lo hizo la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante, paradójicamente en lugar de entender la importancia y relevancia nacional del Caso Jair, el Magistrado Ignacio Varela sorprendió a la comunidad con este negativo precedente.
La sentencia busca que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, la Policía Municipal de Villa de Reyes, la Policía Ministerial y la Fiscalía General Local, sean exonerados de toda culpa por la falta de brindar la seguridad pública, cumplir con su obligación den la prevención del crimen, y negarse a la petición de auxilio que hizo una comunidad poblacional.
La trascendencia es tal, que por primera vez en el país se castigarían a las corporaciones en seguridad pública por su falta de eficacia operativa, es decir, sería reprocharles su responsabilidad en la proliferación de la violencia generalizada en nuestro país, lo cual es evidente, el clima delictivo que se vive en gran medida tiene su causa en la falta de preparación de las autoridades encargadas del orden público.
Por ello es indignante escuchar a un Tribunal traslaparle la carga de los efectos del delito y la violencia a quienes resultaron víctimas, no obstante, esta idiosincrasia de la autoridad no parce ser un hecho aislado, resulta muy preocupante, la expresión del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Ernesto Pineda, al comparecer esta semana ante la diputación potosina, cuando dijo “todo nos lo dejan a la policía, pero todos tienen que ver, los robos a las joyerías se debe a que ellos deben tener seguridad propia”.
Mientras tanto, según el INEGI (2018) la percepción de inseguridad ya está casi en un 90% en San Luis Potosí. Me parece que el asesinato de la joven dentista (que se encontraba embarazada), en el interior de su consultorio durante la comisión de un robo en el mismo.
Sería absurdo que el Gobierno pretendiera que los consultorios contarán con seguridad propia, este mensaje es completamente errático y muy peligroso en una sociedad democrática, pues, tácitamente se alienta la justicia privada o de propia mano, además, sus resultados serían evidentemente discriminatorios, porque sólo las personas con capacidad económica pueden contratar custodios privados o “guaruras” y estar a salvo, tal vez, precisamente se trate de sólo ese 10% de potosinos que dicen sentirse seguros en las calles de las ciudades del Estado.
Reitero y coincido con la opinión del Senador Alejandro Encinas, es inaceptable que el Estado pretenda que tiendas, consultorios, y comunidades poblacionales, cuenten con seguridad privada, esta lógica llevaría a la aprobación de grupos de autodefensa, linchamientos, etcétera, el Gobierno no puede eludir su obligación más esencial que es la Seguridad Pública ¿no lo cree Usted amiga lectora amigo lector?
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.