Fundador:
Miguel R. Valladares García

viernes 15 diciembre 2017

Badavin badaboom

Francisco Salazar Soni
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“La desaparición de personas,

un delito continuado y permanente…

 

El líder de los camioneros en los Estados Unidos Jimmy Hoffa, desapareció desde 1975, hasta la fecha no lo han encontrado. Es todo un caso y es parte de la comidilla tanto en cine como en series de televisión y hasta en caricaturas en el vecino país del norte, ¿Dónde está Hoffa? En México tenemos otro desaparecido, el exdiputado Manuel Muños Rocha, presunto autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, que hasta la fecha se desconoce su ubicación.

Hoy en forma oficial, el gobierno federal reconoce a través del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas RNPED, tanto a nivel federal como común la cifra de 33,159 personas extraviadas o desaparecidas, contabilizadas a partir del 2006 o fechas anteriores. No obstante, desde hace más de diez años según Human Rights Watch, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de forma generalizada. Los Estados de Guerrero, de México, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa, capitanean las desapariciones.

¿Cómo es que desaparecen las personas? La gente común presupone que los magos desaparecían desde conejos de la chistera hasta aparecer monedas en las orejas, pero no suponían que las autoridades o cualquier sujeto podía desaparecer personas; hasta infortunadamente hace algunos años, dieciséis para ser exactos, que fue la fecha en que se incorporó el tipo penal de “desaparición forzada de personas” en la legislación federal.

“El delito lo cometen servidores públicos, que independientemente que hayan participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicien o mantengan dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”, dicta el Código Penal Federal. Los elementos del tipo me parecen muy limitados, por decir lo menos con la legislación internacional: la calidad del sujeto activo, su participación o no en la detención y que haya participado o no y mantenga dolosamente el ocultamiento. Asimismo, es necesario señalar que el que una carpeta de investigación se abra para investigar el delito de desaparición forzada, no implica que el delito se haya cometido, sino que es una línea de investigación.

Con el tipo penal como conducta perseguible a nivel federal, veintisiete Estados se metieron en la encrucijada de contemplar también el delito. En materia de Derecho se conoce la ausencia, que es la condición de la persona en paradero desconocido, pero no se admitía la desaparición, menos el ocultamiento. De la mano, de un tipo penal nada adecuado a la normatividad mundial, sin la distribución de competencias y coordinación de autoridades, sin capacidad de detección de fosas clandestinas, peritos especializados, bancos de ADN, etc., el panorama se veía complejo siquiera de comprenderlo y mucho menos de perseguirlo.

Durante años se insistió a nivel nacional e internacional, que se adoptaran las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que –la desaparición forzada-, fuera tipificada a nivel federal y estatal, como delito autónomo que se ajustara a la praxis universal con instituciones y penas apropiadas, tomando en cuenta de la gravedad de la situación, “país

de desaparecidos”.

En 1994 en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Organización de Estados Americanos la OEA, la definió como “la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de recurso legales y de las garantías procesales pertinentes”.

El colectivo ciudadano puede suponer que sus seres queridos, no se van, no desparecen así porque si, nuestra cultura familiar y de arraigo no se compara con otras culturas donde la gente simplemente agarra camino, sin decir nada, acá, con trabajo y se mueven de colonia o barrio, mucho menos, emprenden destinos inciertos.

Sin embargo, dos cuestiones que habría que tener en cuenta, ¿la persona despareció por su voluntad o fue forzada la misma? Dos escenarios completamente diferentes que se pueden manipular a conveniencia. Si está desaparecida una persona, la autoridad la va a entender como a toda aquella que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

El fondo, los “desaparecidos en México”, suena complejo en su dimensionamiento, tanto para autoridades como para los propios familiares victimas del delito. Poco se ha avanzado en adoptar y aplicar estándares internacionales de seguridad y prevención recomendadas, como hace seis años las hicieron un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas en México del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Empezando a considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de aplicación de la ley penal; Adoptar legislación, normas y protocolos para regular el uso de la fuerza; Que se garantice la coordinación de todas las autoridades encargadas de la seguridad pública; Garantizar la completa identificación de todas las autoridades competentes en la detención de personas durante las operaciones en cumplimiento de la ley y, fortalecer el registro de detención para garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con otras bases de datos.

Se avizora que en el futuro próximo, se pueda materializar un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano en la materia y sobre todo, contar con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

TAPANCO: Franca y brutalmente lo expone el Embajador mexicano Juan José Gómez, representante permanente ante la ONU: “la característica distintiva de la desaparición forzada de personas, y de la que se deriva su extrema gravedad, es que en este caso el Estado no sólo priva de la libertad e incluso con frecuencia la vida a una persona, sino que lo hace en forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte. Y, lo más importante, sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida. Este es un delito específicamente diseñado para anular la protección de la ley y de las instituciones y para dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión”.

 

 

 

Francisco.soni@uaslp.mx

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