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viernes 16 noviembre 2018

Brevísimo manifiesto por la formación de los abogados

Jorge Chessal Palau
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Cuando yo acudí a la universidad, para estudiar la licenciatura en derecho, cursé un plan anual de estudios que, a lo largo de cinco años, me permitieron acceder al conocimiento necesario para ejercer una profesión en constante evolución.

Con el paso del tiempo, los planes anuales se transformaron en cuatrimestrales (no son semestrales porque, entre vacaciones, días inhábiles y más, hay alrededor de cuatro meses en el aire), lo que redujo sensiblemente los contenidos formativos y amplió los informativos.

De hecho, la herencia de la visión napoleónica incluyó en los programas de estudio un recuento de las diversas áreas del derecho, además de algunas otras materias que, hoy en día, son vistas más como molestos complementos de “cultura”, perdiendo su esencia como base fundamental de la actividad jurídica.

A mi parecer existe un núcleo duro en la formación del jurista que, queda de lado en la mayoría de las escuelas y facultades de derecho, por lo menos en parte. Estas materias que, a mi parecer, deberías estar presentes indiscutiblemente en la formación de los abogados, serían, enunciativa pero no limitativamente, las de Teoría del Derecho, Teoría del Estado, Derecho Romano (nuestro sistema jurídico es romanista), Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Sistemas Jurídicos, Metodología y Teoría del Conocimiento, Teoría del Proceso, Derecho Judicial, Derecho Administrativo, Derecho Legislativo, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Economía, Psicología, Antropología, Sociología, Filosofía, Lógica, Ética, Derechos Humanos, Fundamentales y Garantías, Lingüística y Semiótica, Historía.

¿Es necesario, entonces, dejar de atender los contenidos de cada una de las áreas especializadas del derecho, como son el derecho mercantil, el laboral, el fiscal, etcétera? La respuesta es precisa: no.

Sin embargo, la gran mayoría de estas materias específicas derivan de las asignaturas jurídicas ya enunciadas, construyendo sus contenidos en base a los principios y aspectos generales que las conforman y de sus interacciones y complementariedades recíprocas. Así, del derecho civil deriva la posibilidad de conocer y entender el mercantil, el laboral, la propiedad intelectual, que así mismo cuentan con elementos del constitucional y administrativo.

Por lo que hace al catálogo de ciencias sociales y filosóficas, las mismas se justifican por cuanto, sin la antropología, quedaría corta la posibilidad del conocimiento del ser humano; sin la sociología, difícil que el abogado entienda a la sociedad; de la lingüística y de la semiótica el jurista aprendería el manejo del lenguaje y de los mecanismos de comunicación humana, herramientas esenciales de su actividad.

Y así podríamos desarrollar, si el espacio lo permitiera, las razones justificantes de la inclusión de cada una de las propuestas mencionadas.

La enseñanza de las diversas áreas del derecho, con la formación que daría el listado que constituye el núcleo duro a que me he referido, se facilitaría y permitiría, además, una mejor adaptación a los cambios de cada una de ellas, producto de la natural dinámica social. El derecho penal, el procesal penal, el laboral, el juicio de amparo, el derecho agrario y muchos más, de mil novecientos noventa (año en que concluí mi carrera) a la fecha, se han transformado drásticamente.

El jurista debe estar preparado para asimilar estos cambios, lo que solo se logra cuando, en las escuelas y facultades, deje de enseñarse el derecho y más bien se formen abogados.

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