En los próximos días, del 25 al 28 de octubre, se realizará una consulta pública para resolver sobre el destino del megaproyecto aeroportuario (NAIM) contemplado en Texcoco. Dicha consulta se ha pretendido descalificar, asumiendo que la mayoría de la población que podría participar en ese ejercicio no cuenta con sofisticados elementos técnicos para emitir una opinión que sea válida en términos científicos. Esa afirmación sería pertinente si nos atuviéramos a un principio de validez cerrado a los términos fijados por una determinada comunidad de investigadores. Sin embargo, desde hace tiempo ha quedado claro que no puede universalizarse, así nomás, una verdad científica si se desconoce la existencia de diversos colectivos que pueden diferir en principios y normas para definir la validez de sus planteamientos. Así las cosas, hoy vemos que a favor del megaproyecto aeroportuario hay técnicos que defienden su viabilidad y, en contraste, hay los que cuestionan daños y secuelas, sobre todo medioambientales; por tanto, pareciera que solamente una determinación política podría zanjar el problema.
En efecto, solamente una determinación política puede contribuir a decidir el futuro de ese megaproyecto, pero no se trata de cualquier determinación política, sino de la que tenga una orientación democrática. De allí que la consulta que se ha propuesto, y que se complementará con una encuesta, parece conveniente porque, sobre todo, va más allá de las implicancias meramente técnicas que hasta ahora se han discutido de uno y otro lado, pero dejando para después el gravísimo daño ecológico y social para los pueblos originarios asentados en la zona, así como obviando el gran negocio inmobiliario de unos cuantos magnates y que, en verdad, es lo que estaría detrás del megaproyecto en cuestión. Desgraciadamente, la consulta debió ser la primera parte a cubrir, no sólo porque así se contempla legalmente, sino porque se trataría de una obra descomunal que, financieramente, compromete enormes recursos del erario público, así como por el riesgo cierto de una devastación territorial que afectaría de manera grave la biodiversidad de la zona y el abasto de agua para la zona metropolitana de la capital del país.
El megaproyecto aeroportuario que se pretende en Texcoco cumple, como todo megaproyecto, con las características que se han señalado en la literatura relacionada con el tema, señaladamente las siguientes: largos tiempos de ejecución, elevados presupuestos, alto número de actores públicos y privados, mayores riesgos y altas complejidades tecnológicas, jurídicas y ambientales, problemas de continuidad política entre períodos intergubernamentales, así como el desplazamiento de comunidades, todo lo cual genera importantes tensiones institucionales y escenarios de conflictividad social. Como puede verse, se trata de una multiplicidad de efectos que no pueden ser menospreciados y sobre todo porque se trata de “emprendimientos que materializan el despojo de bienes comunes, en una estrategia de acumulación de capital cuya instrumentación se genera a partir de la inserción a redes de capital global” (Federico Guzmán, “Megaminería y 7 maldades del despojo territorial”, Ed. Académica Española, Cap. II). Todo esto, con el propósito de generar nuevos espacios de valorización del capital que incluyen la mercantilización de recursos vitales como el agua.
Así, resulta que desde 1999, es decir, hace ya 19 años, empezó “la compra de tierras aledañas al exlago de Texcoco y se prolongó hasta 2015 (…) durante esos 16 años los gobiernos de Arturo Montiel y Peña Nieto mandaron operadores y prestanombres para adquirir parcelas en la zona de más de 370 hectáreas que coinciden con la zona urbanizable de 431 hectáreas que colindan con el NAIM en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco” (Revista “Proceso”, 14 de octubre de 2018). Además, en ese perímetro “se planea construir una gran aerotrópolis, así como un nuevo centro habitacional, comercial y de negocios al estilo Santa Fe (…) ‘con oportunidades de desarrollo para bienes raíces de clase mundial para atender a los viajeros… la ubicación estratégica de desarrollos comerciales, parques empresariales y zonas de libre comercio´, según el documento del Grupo Aeroportuario del Centro de México en solicitud entregada a la “Semarnat” para su evaluación y aprobación” (Ibid). Y esto, apenas como “obras complementarias”, ya que en otros documentos se amplía la oferta inmobiliaria.
Como puede verse, no se trata de cualquier bolsa de cacahuates y, menos de una obra que pudiera significar impactos menores en la vida presente y futura de la nación mexicana. Por lo demás, al amparo de la prisa por avanzar en ese megaproyecto se han generado otro tipo de negocios como el de la proliferación de minas, incluso clandestinas, para la extracción de materiales utilizados en la construcción del NAIM, así como la venta ilegal de combustible para los camiones de acarreo de materiales, con la consecuente afectación ambiental e incluso criminal en la zona. En suma, la turbiedad de un negociazo para unos cuantos que no se cansan de saquear a México.
En efecto, solamente una determinación política puede contribuir a decidir el futuro de ese megaproyecto, pero no se trata de cualquier determinación política, sino de la que tenga una orientación democrática. De allí que la consulta que se ha propuesto, y que se complementará con una encuesta, parece conveniente porque, sobre todo, va más allá de las implicancias meramente técnicas que hasta ahora se han discutido de uno y otro lado, pero dejando para después el gravísimo daño ecológico y social para los pueblos originarios asentados en la zona, así como obviando el gran negocio inmobiliario de unos cuantos magnates y que, en verdad, es lo que estaría detrás del megaproyecto en cuestión. Desgraciadamente, la consulta debió ser la primera parte a cubrir, no sólo porque así se contempla legalmente, sino porque se trataría de una obra descomunal que, financieramente, compromete enormes recursos del erario público, así como por el riesgo cierto de una devastación territorial que afectaría de manera grave la biodiversidad de la zona y el abasto de agua para la zona metropolitana de la capital del país.
El megaproyecto aeroportuario que se pretende en Texcoco cumple, como todo megaproyecto, con las características que se han señalado en la literatura relacionada con el tema, señaladamente las siguientes: largos tiempos de ejecución, elevados presupuestos, alto número de actores públicos y privados, mayores riesgos y altas complejidades tecnológicas, jurídicas y ambientales, problemas de continuidad política entre períodos intergubernamentales, así como el desplazamiento de comunidades, todo lo cual genera importantes tensiones institucionales y escenarios de conflictividad social. Como puede verse, se trata de una multiplicidad de efectos que no pueden ser menospreciados y sobre todo porque se trata de “emprendimientos que materializan el despojo de bienes comunes, en una estrategia de acumulación de capital cuya instrumentación se genera a partir de la inserción a redes de capital global” (Federico Guzmán, “Megaminería y 7 maldades del despojo territorial”, Ed. Académica Española, Cap. II). Todo esto, con el propósito de generar nuevos espacios de valorización del capital que incluyen la mercantilización de recursos vitales como el agua.
Así, resulta que desde 1999, es decir, hace ya 19 años, empezó “la compra de tierras aledañas al exlago de Texcoco y se prolongó hasta 2015 (…) durante esos 16 años los gobiernos de Arturo Montiel y Peña Nieto mandaron operadores y prestanombres para adquirir parcelas en la zona de más de 370 hectáreas que coinciden con la zona urbanizable de 431 hectáreas que colindan con el NAIM en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco” (Revista “Proceso”, 14 de octubre de 2018). Además, en ese perímetro “se planea construir una gran aerotrópolis, así como un nuevo centro habitacional, comercial y de negocios al estilo Santa Fe (…) ‘con oportunidades de desarrollo para bienes raíces de clase mundial para atender a los viajeros… la ubicación estratégica de desarrollos comerciales, parques empresariales y zonas de libre comercio´, según el documento del Grupo Aeroportuario del Centro de México en solicitud entregada a la “Semarnat” para su evaluación y aprobación” (Ibid). Y esto, apenas como “obras complementarias”, ya que en otros documentos se amplía la oferta inmobiliaria.
Como puede verse, no se trata de cualquier bolsa de cacahuates y, menos de una obra que pudiera significar impactos menores en la vida presente y futura de la nación mexicana. Por lo demás, al amparo de la prisa por avanzar en ese megaproyecto se han generado otro tipo de negocios como el de la proliferación de minas, incluso clandestinas, para la extracción de materiales utilizados en la construcción del NAIM, así como la venta ilegal de combustible para los camiones de acarreo de materiales, con la consecuente afectación ambiental e incluso criminal en la zona. En suma, la turbiedad de un negociazo para unos cuantos que no se cansan de saquear a México.