“Ser valiente no requiere cualidades excepcionales, es oportunidad
que a todos se ofrece,
a los políticos especialmente”.
JFK
Construir un FBI; Cortar manos a los que roben; Prevención, deportes, cultura, trabajo y educación en contra de la inseguridad; un Código Penal Único, Amnistía a delincuentes y cárceles especiales para los delincuentes organizados es lo que se dijo en el debate presidencial, entre otras linduras.
No es lo mismo un debate de los problemas de la inseguridad, que un batidero de debate con los problemas de la inseguridad. ¿Cómo comunicar bien políticas públicas en seguridad? Para empezar, existe un sistema nacional de información en materia de inseguridad desde hace veinte años, que debe servir, supongo, de base para expresar estrategias, citar datos reales y concretos respecto al tema.
Por otro lado, está el INEGI con sus encuestas metodológicas acertadas en temas de victimización, incidencia delictiva, número de delitos registrados, victimas, inculpados y sentenciados, número de intervenciones de la policía, averiguaciones previas, carpetas de investigación e investigaciones, expedientes y asuntos judiciales, población reclusa, así como adolescentes infractores, los recursos humanos y de infraestructura de las instituciones de seguridad y justicia, la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad, su desempeño, violaciones a derechos humanos y hasta el número de accidentes de tránsito.
No saber comunicar perfectamente lo que se piensa hacer (o se hace), en materia de seguridad y justicia, es igual de negativo que no saber y hacer nada. La difusión de la inseguridad está evolucionando del lado de los delincuentes como respuesta al nulo debate y difusión de acciones que se deben estar cumpliendo en todo México, sin excepción. La comunicación pública de la agenda de seguridad debe y es, la fuerza que va a dotar de una conexión real a la acción consecutiva y de vanguardia en una prevención generalizada en la sociedad mexicana, de lo contrario se quedarán en los rumores y especulaciones que sólo generan desconfianza y temor.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, no descentralizado de la función pública federal, por lo tanto, es un órgano inferior subordinado a la misma, debería ser este Secretariado en un futuro innovador, quien sienta las bases de comunicación estratégica en materia de seguridad y justicia.
Desde una conceptualización ciudadana, evolucionar a una instancia de Instituto Nacional. El gran articulador y coordinador de la Federación, Estados y Municipios para hacer lo que le corresponde: Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública; Proponer y evaluar los Programas Nacionales de Procuración de Justicia, de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia; Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública; Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública; Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito y de las Instituciones de Seguridad Pública.
Ocurrencias en seguridad y justicia, no lo aguanta otro sexenio el país. Un sistema coherente de seguridad y justicia, le correspondería integrarse como un conjunto de políticas públicas que se implementan en estrategias y acciones contundentes, de raíz fundamentalmente jurídica, con una clara responsabilidad de las autoridades implicadas, más la colaboración irrestricta de quienes ostentan la opinión pública y sobre todo de la sociedad en general.
La visión que se tiene de la inseguridad desde la esfera estrictamente federal, no es la correcta. Urge y es necesario cambiar la óptica de ver los fenómenos delincuenciales, la violencia y la inseguridad. Sí nos ceñimos a que al día de hoy, pocos son los que saben realmente lo que violenta algunas regiones del país, estaremos a que no se ha podido desarrollar una política pública que se base en descubrimientos y casos concretos que aprueben ejecutar, afirmar y aprobar opciones estratégicas de gran calado.
Hace algunos días asistí a una reunión del INEGI, y me sorprendió que todavía se insinúe que las estadísticas deben contribuir a mejores políticas públicas, ¿en serio? Las estadísticas, tanto del Sistema Nacional de Seguridad como las del INEGI, muestran una realidad que no se puede seguir sorteando, debe provocar el debate democrático ya que suministra al ciudadano de a pie información, lo que le debería acceder a tener su propia noción respecto a un contexto o justificación de una decisión política en materia de seguridad y justicia.
TAPANCO: Sin conocimiento claro de la evolución tanto circunstancial como ordenada de los delincuentes, que han evolucionado a otro nivel, un nuevo mercado criminal (la política), con nuevos procedimientos de acceso y nuevos objetivos, hoy, hay actores criminales con nuevas “vocaciones”. Más de tres mil trecientos cargos de elección popular se juegan en dos meses, por primera vez concurren treinta elecciones locales con los comicios federales, veintiséis congresos locales se renuevan con todo y ayuntamientos. ¡Aguas!
Francisco.soni@uaslp.mx
que a todos se ofrece,
a los políticos especialmente”.
JFK
Construir un FBI; Cortar manos a los que roben; Prevención, deportes, cultura, trabajo y educación en contra de la inseguridad; un Código Penal Único, Amnistía a delincuentes y cárceles especiales para los delincuentes organizados es lo que se dijo en el debate presidencial, entre otras linduras.
No es lo mismo un debate de los problemas de la inseguridad, que un batidero de debate con los problemas de la inseguridad. ¿Cómo comunicar bien políticas públicas en seguridad? Para empezar, existe un sistema nacional de información en materia de inseguridad desde hace veinte años, que debe servir, supongo, de base para expresar estrategias, citar datos reales y concretos respecto al tema.
Por otro lado, está el INEGI con sus encuestas metodológicas acertadas en temas de victimización, incidencia delictiva, número de delitos registrados, victimas, inculpados y sentenciados, número de intervenciones de la policía, averiguaciones previas, carpetas de investigación e investigaciones, expedientes y asuntos judiciales, población reclusa, así como adolescentes infractores, los recursos humanos y de infraestructura de las instituciones de seguridad y justicia, la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad, su desempeño, violaciones a derechos humanos y hasta el número de accidentes de tránsito.
No saber comunicar perfectamente lo que se piensa hacer (o se hace), en materia de seguridad y justicia, es igual de negativo que no saber y hacer nada. La difusión de la inseguridad está evolucionando del lado de los delincuentes como respuesta al nulo debate y difusión de acciones que se deben estar cumpliendo en todo México, sin excepción. La comunicación pública de la agenda de seguridad debe y es, la fuerza que va a dotar de una conexión real a la acción consecutiva y de vanguardia en una prevención generalizada en la sociedad mexicana, de lo contrario se quedarán en los rumores y especulaciones que sólo generan desconfianza y temor.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, no descentralizado de la función pública federal, por lo tanto, es un órgano inferior subordinado a la misma, debería ser este Secretariado en un futuro innovador, quien sienta las bases de comunicación estratégica en materia de seguridad y justicia.
Desde una conceptualización ciudadana, evolucionar a una instancia de Instituto Nacional. El gran articulador y coordinador de la Federación, Estados y Municipios para hacer lo que le corresponde: Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública; Proponer y evaluar los Programas Nacionales de Procuración de Justicia, de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia; Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública; Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública; Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito y de las Instituciones de Seguridad Pública.
Ocurrencias en seguridad y justicia, no lo aguanta otro sexenio el país. Un sistema coherente de seguridad y justicia, le correspondería integrarse como un conjunto de políticas públicas que se implementan en estrategias y acciones contundentes, de raíz fundamentalmente jurídica, con una clara responsabilidad de las autoridades implicadas, más la colaboración irrestricta de quienes ostentan la opinión pública y sobre todo de la sociedad en general.
La visión que se tiene de la inseguridad desde la esfera estrictamente federal, no es la correcta. Urge y es necesario cambiar la óptica de ver los fenómenos delincuenciales, la violencia y la inseguridad. Sí nos ceñimos a que al día de hoy, pocos son los que saben realmente lo que violenta algunas regiones del país, estaremos a que no se ha podido desarrollar una política pública que se base en descubrimientos y casos concretos que aprueben ejecutar, afirmar y aprobar opciones estratégicas de gran calado.
Hace algunos días asistí a una reunión del INEGI, y me sorprendió que todavía se insinúe que las estadísticas deben contribuir a mejores políticas públicas, ¿en serio? Las estadísticas, tanto del Sistema Nacional de Seguridad como las del INEGI, muestran una realidad que no se puede seguir sorteando, debe provocar el debate democrático ya que suministra al ciudadano de a pie información, lo que le debería acceder a tener su propia noción respecto a un contexto o justificación de una decisión política en materia de seguridad y justicia.
TAPANCO: Sin conocimiento claro de la evolución tanto circunstancial como ordenada de los delincuentes, que han evolucionado a otro nivel, un nuevo mercado criminal (la política), con nuevos procedimientos de acceso y nuevos objetivos, hoy, hay actores criminales con nuevas “vocaciones”. Más de tres mil trecientos cargos de elección popular se juegan en dos meses, por primera vez concurren treinta elecciones locales con los comicios federales, veintiséis congresos locales se renuevan con todo y ayuntamientos. ¡Aguas!
Francisco.soni@uaslp.mx