“Me ha llamado chaparro, me ha dicho mariquita, me ha dicho la vestida,
me ha dicho mandilón, ha hecho señas obscenas...”,
Francisco Labastida.
En tres días en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, es el primer debate presidencial con los cinco aspirantes a la misma, con temas por demás trascendentales para el futuro inmediato de todo el país, como son Política y Gobierno (Seguridad Pública, Violencia, Democracia y Vulnerabilidad).
Al estudiar sus propuestas en la materia, para medianamente vislumbrar que proponen los candidatos en materia de seguridad, la verdad es que no se encuentra una visión integral del fenómeno. La percepción sigue siendo que desde la Presidencia de la Republica se va a solucionar el tema, nada más falso que ello. Los diseños institucionales federales se desdibujan en un macro espectro, difícilmente apreciable desde la municipalidad, e inclusive de alguna entidad federativa. Dicen los estrategas políticos que “un candidato, puede decir lo que quiera, que eso no importa, lo que importa es como lo dice y en donde”.
A ver, parece que no se tiene memoria, este agosto se cumplen diez años del “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, que fue enmarcado en el Consejo Nacional de Seguridad, para quienes no lo registran se trataba de que todos, sí, todos, sin excepción, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, Gobernadores, Alcaldes, IP, Sindicatos, Medios de Comunicación, ONG, Religiosos, etc., en el ámbito de sus facultades y capacidades instituyeran acciones por y para la seguridad y la justicia.
Respetado lector, honestamente, que le viene a la memoria con los siguientes nombres de los personajes que signaron el “Acuerdo” en cuestión: Andrés Granier; Jesús Aguilar Padilla; José Reyes Baeza, Emilio González Márquez, Zeferino Torreblanca Galindo, Ismael Hernández Deras, Marcelo Ebrard Casaubon, Juan Manuel Oliva Ramírez, Enrique Peña Nieto, Silverio Cavazos Ceballos, Ney González Sánchez, Leonel Godoy Rangel, Fidel Herrera, Eugenio Hernández, Marcelo de los Santos Fraga, Humberto Moreira Valdés, Narciso Agúndez Montaño, Amalia García, Félix González Torres, Natividad González Parás y Marco Antonio Adame Castillo.
Todos fueron Gobernadores de los Estados de: Tabasco, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Colima, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Baja California Sur, Zacatecas, Quintana Roo, Nuevo León y Morelos, respectivamente.
Acuerdo de gran envergadura y con enfoque de política de Estado que muy pocos cumplieron. Estados que a diez años después, padecen más-menos, problemas de Seguridad, Justicia y Legalidad; desde índices delictivos al alza frecuente, deterioro de sus instituciones de policía (estatales y municipales), penitenciarías, academias de seguridad, procuradurías, subejercicio de recurso federales, infraestructura inútil (elefantes blancos), dilapidación de recursos, infiltración, policías ministeriales desfasados, etc.
La mayoría de los Estados no pudieron transitar al sistema penal acusatorio en forma por demás atinada, desde la formación de sus operadores, como igualmente el derroche de recursos en “salas de oralidad” y en conferencias de vacas sagradas latinoamericanas que venían a pillar a sus oyentes, las procuradurías no protegieron su independencia del ejecutivo, así como su reingeniería institucional, al día de hoy aún hay Estados que no tienen Institutos de profesionalización de ministerios públicos, peritos y policías investigadores.
En lo relativo a la legalidad, definida como “un conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que toda la población crea en el Estado democrático de derecho, lo defienda y no tolera la ilegalidad”, aun, es una asignatura pendiente de todos.
El domingo, los aspirantes a Presidentes de la Republica deben exponer que conocen y reconocen el tema de la inseguridad y la violencia, con más pragmatismo que con un sentimiento populista, mismas que han escalado a esferas por demás poco discutidas. A partir de gobernadores, alcaldes, partidos políticos, diputados, senadores, jueces, magistrados, etc., hasta las “manitas”, sin un compromiso de lealtad e institucionalidad para con México.
Si, desde la federación como órgano rector, pero con responsabilidades políticas y penales por acción y omisión a Gobernadores y Alcaldes, que al fin y cuentas son los responsables directos del atraso, estancamiento y avances en materia de seguridad y justicia, “Que se hace y como se hacen las cosas en materia de seguridad y procuración de justicia es cosa de ellos”, si bien les va, en otros Estados, hasta los familiares y esposas son los que opinan, quitan y ponen jefes de policía y procuradores. ¿O no? Cita clásica del pasado reciente: “Si el Gobernador o Alcalde dice que bañen al perrito, pues bañen al perrito, cabrones”
TAPANCO: Justo a unos días del primer debate presidencial en el tema de la seguridad y la violencia, es interesante la lectura que se le puede dar a la aparición de Genaro García Luna con su libro “Seguridad con bienestar, un Modelo Integral de seguridad”, en un noticiero un tanto sui generis como lo es El Financiero Bloomberg, flanqueado por Raymundo Riva Palacio y Enrique Quintana y al otro día aparece en la mañana con el periodista Carlos Loret, su Jefe, el Expresidente Felipe Calderón. Dados nuevos.
Francisco.soni@uaslp.mx
me ha dicho mandilón, ha hecho señas obscenas...”,
Francisco Labastida.
En tres días en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, es el primer debate presidencial con los cinco aspirantes a la misma, con temas por demás trascendentales para el futuro inmediato de todo el país, como son Política y Gobierno (Seguridad Pública, Violencia, Democracia y Vulnerabilidad).
Al estudiar sus propuestas en la materia, para medianamente vislumbrar que proponen los candidatos en materia de seguridad, la verdad es que no se encuentra una visión integral del fenómeno. La percepción sigue siendo que desde la Presidencia de la Republica se va a solucionar el tema, nada más falso que ello. Los diseños institucionales federales se desdibujan en un macro espectro, difícilmente apreciable desde la municipalidad, e inclusive de alguna entidad federativa. Dicen los estrategas políticos que “un candidato, puede decir lo que quiera, que eso no importa, lo que importa es como lo dice y en donde”.
A ver, parece que no se tiene memoria, este agosto se cumplen diez años del “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, que fue enmarcado en el Consejo Nacional de Seguridad, para quienes no lo registran se trataba de que todos, sí, todos, sin excepción, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, Gobernadores, Alcaldes, IP, Sindicatos, Medios de Comunicación, ONG, Religiosos, etc., en el ámbito de sus facultades y capacidades instituyeran acciones por y para la seguridad y la justicia.
Respetado lector, honestamente, que le viene a la memoria con los siguientes nombres de los personajes que signaron el “Acuerdo” en cuestión: Andrés Granier; Jesús Aguilar Padilla; José Reyes Baeza, Emilio González Márquez, Zeferino Torreblanca Galindo, Ismael Hernández Deras, Marcelo Ebrard Casaubon, Juan Manuel Oliva Ramírez, Enrique Peña Nieto, Silverio Cavazos Ceballos, Ney González Sánchez, Leonel Godoy Rangel, Fidel Herrera, Eugenio Hernández, Marcelo de los Santos Fraga, Humberto Moreira Valdés, Narciso Agúndez Montaño, Amalia García, Félix González Torres, Natividad González Parás y Marco Antonio Adame Castillo.
Todos fueron Gobernadores de los Estados de: Tabasco, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Colima, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Baja California Sur, Zacatecas, Quintana Roo, Nuevo León y Morelos, respectivamente.
Acuerdo de gran envergadura y con enfoque de política de Estado que muy pocos cumplieron. Estados que a diez años después, padecen más-menos, problemas de Seguridad, Justicia y Legalidad; desde índices delictivos al alza frecuente, deterioro de sus instituciones de policía (estatales y municipales), penitenciarías, academias de seguridad, procuradurías, subejercicio de recurso federales, infraestructura inútil (elefantes blancos), dilapidación de recursos, infiltración, policías ministeriales desfasados, etc.
La mayoría de los Estados no pudieron transitar al sistema penal acusatorio en forma por demás atinada, desde la formación de sus operadores, como igualmente el derroche de recursos en “salas de oralidad” y en conferencias de vacas sagradas latinoamericanas que venían a pillar a sus oyentes, las procuradurías no protegieron su independencia del ejecutivo, así como su reingeniería institucional, al día de hoy aún hay Estados que no tienen Institutos de profesionalización de ministerios públicos, peritos y policías investigadores.
En lo relativo a la legalidad, definida como “un conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que toda la población crea en el Estado democrático de derecho, lo defienda y no tolera la ilegalidad”, aun, es una asignatura pendiente de todos.
El domingo, los aspirantes a Presidentes de la Republica deben exponer que conocen y reconocen el tema de la inseguridad y la violencia, con más pragmatismo que con un sentimiento populista, mismas que han escalado a esferas por demás poco discutidas. A partir de gobernadores, alcaldes, partidos políticos, diputados, senadores, jueces, magistrados, etc., hasta las “manitas”, sin un compromiso de lealtad e institucionalidad para con México.
Si, desde la federación como órgano rector, pero con responsabilidades políticas y penales por acción y omisión a Gobernadores y Alcaldes, que al fin y cuentas son los responsables directos del atraso, estancamiento y avances en materia de seguridad y justicia, “Que se hace y como se hacen las cosas en materia de seguridad y procuración de justicia es cosa de ellos”, si bien les va, en otros Estados, hasta los familiares y esposas son los que opinan, quitan y ponen jefes de policía y procuradores. ¿O no? Cita clásica del pasado reciente: “Si el Gobernador o Alcalde dice que bañen al perrito, pues bañen al perrito, cabrones”
TAPANCO: Justo a unos días del primer debate presidencial en el tema de la seguridad y la violencia, es interesante la lectura que se le puede dar a la aparición de Genaro García Luna con su libro “Seguridad con bienestar, un Modelo Integral de seguridad”, en un noticiero un tanto sui generis como lo es El Financiero Bloomberg, flanqueado por Raymundo Riva Palacio y Enrique Quintana y al otro día aparece en la mañana con el periodista Carlos Loret, su Jefe, el Expresidente Felipe Calderón. Dados nuevos.
Francisco.soni@uaslp.mx