Quienes tenemos algunos años interesados en la política y los asuntos públicos, habremos notado que la apertura de la información, la proliferación de medios de comunicación y el predominio del internet como fuente de acceso a contenidos y opiniones, han revolucionado la forma en que percibimos, conocemos y entendemos los fenómenos sociales. Hacer una estrategia de campaña electoral hace 20 años implicaba una estrategia de comunicación completamente distinta a lo que hoy tenemos. Por mencionar un ejemplo, tiene más potencial de incidir en el electorado un(a) youtuber, un(a) influencer o un(a) community manager que la persona que promueve una candidatura en la colonia.
Esta megadiversidad de fuentes de información presenta una oportunidad única. Tenemos la posibilidad de acceder de forma real y oportuna al núcleo duro de los hechos y argumentos sobre los cuales funciona la política. Sin embargo esta oportunidad viene de la mano de una amenaza igualmente compleja: la discusión objetiva de los asuntos públicos puede llegar a un nivel de especialización tal que puede dejar afuera de la misma a la gran mayoría de los ciudadanos. Las personas responsables de la toma de decisiones y sus estrategas lo saben, por tanto presentan una versión deformada de la realidad a fin de que pueda ser presentada y comprendida con sencillez, para así generar la reacción deseada. En esto no hay nada de nuevo, se viene haciendo desde que la propaganda se emplea como recurso político.
Para formarnos una opinión, soy de la idea de que la posición que adoptamos sobre un asunto debe basarse más en la valoración personal que hacemos ante una verdad objetiva, y no (como pretenden algunos) recibiendo de forma acrítica una deformación que se nos ha presentado como un hecho objetivo.
Permítame ser más claro. Tengo la profunda convicción de que la discusión de los asuntos públicos sería un lugar más hospitalario si todos partiéramos de la realidad concreta y no de una posición ya polarizada.
Y me quiero referir a esto ya que como lo hemos dicho previamente, noto enormes niveles de vehemencia e intolerancia en el intercambio de argumentos sobre los asuntos públicos. Gran parte de este problema proviene, precisamente, porque las apreciaciones personales ya vienen cargadas, muchas veces, de información tergiversada, que se ha mezclado con descontento e insultos, en la anchurosa pampa de la postverdad.
Para ejemplificar lo anterior quisiera traer a la memoria tres situaciones relacionadas con el proceso electoral de este año. Recordará Usted el caso de la elección municipal de Ciudad Valles en donde el candidato que quedó en segundo lugar, alegó en los tribunales y ante la opinión pública, que había una enorme cantidad de boletas en las casillas que superaba por mucho al número de electores empadronados en esa sección; todas las instancias y todos tribunales confirmaron que no había tal error. Recuerde también el caso de la Alcaldía en Coyoacán donde la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la nulidad de la elección ya que si bien reconocieron que hubo violencia de género contra una candidata, consideró que no incidió de forma determinante en el resultado de la elección. O bien el reciente caso de la elección en Puebla donde el Magistrado responsable de presentar el proyecto de resolución propuso anular (y repetir) la elección por irregularidades en la misma, pero el proyecto fue votado en contra por 4 de los 7 magistrados incluyendo a la Magistrada Presidenta. La razón es que de manera similar al caso de Coyoacán, consideraron que las irregularidades no fueron suficientes y determinantes para anular toda la elección.
Partir de la verdad objetiva es una misión difícil en la que tenemos pocos aliados. ¿Qué importa la explicación técnica que pueden dar las autoridades electorales ante ciertos fenómenos si resulta más sencillo construir narrativa facilona del fraude electoral?. ¿No estará ocurriendo lo mismo con el asunto de los sueldos para altos funcionarios? ¿se trata de un tema de finanzas públicas, de equilibrio de poderes, de justicia social o de constitucionalidad? ¿No estará ocurriendo lo mismo con el aeropuerto? ¿o con la política energética? ¿o con el sistema educativo?.
En términos de ética pública, quien ostenta un cargo público lleva consigo un compromiso con la verdad. Me parece deshonesto hacer deformaciones facilonas para generar reacciones incendiarias. Como siempre, nos corresponde a nosotros como ciudadanos definir lo que queremos creer. Nuestra democracia depende de ello.
Esta megadiversidad de fuentes de información presenta una oportunidad única. Tenemos la posibilidad de acceder de forma real y oportuna al núcleo duro de los hechos y argumentos sobre los cuales funciona la política. Sin embargo esta oportunidad viene de la mano de una amenaza igualmente compleja: la discusión objetiva de los asuntos públicos puede llegar a un nivel de especialización tal que puede dejar afuera de la misma a la gran mayoría de los ciudadanos. Las personas responsables de la toma de decisiones y sus estrategas lo saben, por tanto presentan una versión deformada de la realidad a fin de que pueda ser presentada y comprendida con sencillez, para así generar la reacción deseada. En esto no hay nada de nuevo, se viene haciendo desde que la propaganda se emplea como recurso político.
Para formarnos una opinión, soy de la idea de que la posición que adoptamos sobre un asunto debe basarse más en la valoración personal que hacemos ante una verdad objetiva, y no (como pretenden algunos) recibiendo de forma acrítica una deformación que se nos ha presentado como un hecho objetivo.
Permítame ser más claro. Tengo la profunda convicción de que la discusión de los asuntos públicos sería un lugar más hospitalario si todos partiéramos de la realidad concreta y no de una posición ya polarizada.
Y me quiero referir a esto ya que como lo hemos dicho previamente, noto enormes niveles de vehemencia e intolerancia en el intercambio de argumentos sobre los asuntos públicos. Gran parte de este problema proviene, precisamente, porque las apreciaciones personales ya vienen cargadas, muchas veces, de información tergiversada, que se ha mezclado con descontento e insultos, en la anchurosa pampa de la postverdad.
Para ejemplificar lo anterior quisiera traer a la memoria tres situaciones relacionadas con el proceso electoral de este año. Recordará Usted el caso de la elección municipal de Ciudad Valles en donde el candidato que quedó en segundo lugar, alegó en los tribunales y ante la opinión pública, que había una enorme cantidad de boletas en las casillas que superaba por mucho al número de electores empadronados en esa sección; todas las instancias y todos tribunales confirmaron que no había tal error. Recuerde también el caso de la Alcaldía en Coyoacán donde la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la nulidad de la elección ya que si bien reconocieron que hubo violencia de género contra una candidata, consideró que no incidió de forma determinante en el resultado de la elección. O bien el reciente caso de la elección en Puebla donde el Magistrado responsable de presentar el proyecto de resolución propuso anular (y repetir) la elección por irregularidades en la misma, pero el proyecto fue votado en contra por 4 de los 7 magistrados incluyendo a la Magistrada Presidenta. La razón es que de manera similar al caso de Coyoacán, consideraron que las irregularidades no fueron suficientes y determinantes para anular toda la elección.
Partir de la verdad objetiva es una misión difícil en la que tenemos pocos aliados. ¿Qué importa la explicación técnica que pueden dar las autoridades electorales ante ciertos fenómenos si resulta más sencillo construir narrativa facilona del fraude electoral?. ¿No estará ocurriendo lo mismo con el asunto de los sueldos para altos funcionarios? ¿se trata de un tema de finanzas públicas, de equilibrio de poderes, de justicia social o de constitucionalidad? ¿No estará ocurriendo lo mismo con el aeropuerto? ¿o con la política energética? ¿o con el sistema educativo?.
En términos de ética pública, quien ostenta un cargo público lleva consigo un compromiso con la verdad. Me parece deshonesto hacer deformaciones facilonas para generar reacciones incendiarias. Como siempre, nos corresponde a nosotros como ciudadanos definir lo que queremos creer. Nuestra democracia depende de ello.