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Miguel R. Valladares García

domingo 27 mayo 2018

Demanda penal vs. Ayuntamiento de la capital

Alfredo Lujambio R.
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La corrupción no se combate con el silencio. Nutre la cultura de la muerte.- Exacerba la desigualdad. Papa Francisco

El miércoles y el jueves pasados el Frente Ciudadano Anticorrupción instaló en el Jardín de Tequis un módulo para recolectar las firmas de ciudadanos que apoyan la demanda que pondrá a prueba al Sistema Estatal Anticorrupción y a sus flamantes titulares, con la demanda penal que preparó contra funcionarios municipales de la capital, por presuntos actos de peculado y corrupción, según lo anunció el vocero de esa institución apartidista, quien aseguró que “la Demanda está debidamente sustentada en documentos y datos duros y no estamos escondiendo absolutamente nada.”

Se trata de una irregularidad que forma parte de la operación para “limpiar” cuentas públicas por parte de la Auditoría Superior del Estado como la del videoescándalo que se denominó la ecuación corrupta protagonizado por el diputado Enrique Flores Flores, de la que fueron eliminadas de los Pliegos de Observaciones los informes finales de auditoría a la Cuenta Pública del 2016 del Ayuntamiento de San Luis Potosí de manera por demás cínica, con “cero observaciones”.

El FCA elaboró una denuncia penal, la primera de una serie que piensa presentar con relación a casos de la ecuación corrupta, en la que se anexan las siguientes pruebas documentales: Relación de egresos publicada por el Ayuntamiento via Transparencia, en la que se reportan 60 pagos realizados a Sandra Sánchez Ruíz por compra de medicamentos; 30 facturas que presuntamente amparan la compra de medicinas por mas de 34 millones de pesos, elaboradas todas el 4 de mayo del 2016 elaboradas todas entre las 13:05 y las 13:23 hs; copia de 48 transferencias bancarias a favor de Sandra Sánchez Ruíz por el pago de medicamentos; copia de contratos de compra de medicamentos y relación de medicamentos adquiridos y recetados por el servicio médico municipal en los que existen discrepancias entre lo comprado y lo prescrito a los trabajadores municipales.

La corrupción ha tenido muchas definiciones, pero me parece que una de las más precisas es: “el uso de recursos públicos para beneficio privado”, porque en solo 8 palabras encierra su mayor significado, y es también la expresión más clara del tremendo daño económico, social y moral que se infringe a la sociedad cuando la riqueza pública, la que generan los ciudadanos principal mente a través de sus impuestos, se desvía a enriquecer a una o a pequeños grupos de personas, en lugar de aplicarse a bienes públicos que producen bienestar y mejor calidad de vida a la colectividad, a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo mejorar los servicios de salud, de educación, de transporte, de vías de comunicación, de seguridad humana, de suministro de agua y redes de drenaje pluvial y sanitario, de alumbrado público, áreas para esparcimiento y deporte, etc. etc.

Una de las formas de corrupción más onerosa y pesada para los ciudadanos, es la baja, bajísima eficiencia con que se gasta el erario, no solo en compras y en contratos simulados o inflados, en concesiones y privilegios otorgados a grupos de gran poder económico, en ingresos públicos que no se contabilizan correcta mente, sino también en el sostenimiento de una nómina burocrática que excede con mucho, las necesidades reales de una correcta y sana administración pública.

Pero ¿A quién o a quienes les atañe la responsabilidad y la obligación de frenarla, de moderarla y eliminarla? Sin lugar a dudas a la autoridad en sus tres niveles de gobierno y en sus tres ramas, legislativo, judicial y ejecutivo.

A nosotros, a los ciudadanos, solo nos corresponde denunciar a quienes incurren en ella o la solapan. Si actuamos solidariamente, como lo hicieron los del estado de Chihuahua, empezaremos a ver que nuestra patria empieza a caminar por un nuevo sendero de esperanza y de salvación. Los del estado norteño ya marcaron el camino y demostraron que ¡SÍ SE PUEDE!

Que nosotros sepamos, ya se han recibido las firmas de varios cientos de ciudadanos que estamos hartos de la impunidad y la corrupción que nos asfixia y que exigimos medidas concretas y drásticas, como las que aplicaron los jueces del Estado de Chihuahua recientemente, en contra de altos funcionarios del gobierno de César Duarte que saquearon las finanzas de ese estado de la república, aplicando tan solo las leyes vigentes.

lujambio06@hotmail.com

PD.- La denuncia del Frente Ciudadano Anticorrupción, es pública, es abierta, sin sesgo partidista y hecha a favor de las mejores causas de la ciudadanía potosina. Esperamos que las autoridades así la entiendan.

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