“Es hora que desde el gobierno
se deje de simular y haya justicia en derechos humanos, es hora
que se hable de justicia”
Olga Sánchez Cordero
Quizá, una de las cosas más extraordinarias que tiene la democracia es transmitir una autoconfianza social, en verdad, es sorprendente observar en las personas un sentimiento que alberga una esperanza, por ello, es que, la democracia a pesar de sus imperfecciones (más la mexicana que aún se encuentra en un proceso de mejoría sustancial), posee ese atributo mágico de renovar las “pilas” sociales en cada elección; de ahí, que cada llamado a las urnas hacia las electoras y electores es recomendable, cuando, se perciba que se ha roto la comunión entre sociedad y gobierno, precisamente, cuando la autoridad ya no es digna de confianza.
Desde, mis anteriores colaboraciones para Pulso (durante el pasado proceso electoral), las que llamé, “Democracia Legítima y Reflexión Electoral”, decía, que era de suma importancia que se respetará la voluntad del pueblo (como al final sucedió), pues, un gobierno que emerge del consenso social gozará de una enorme fuerza, capaz de realizar los cambios que fueran necesarios, aún, ante la obvia resistencia de sectores o poderes fácticos.
Pero, también señalaba, que un nuevo gobierno posee el mandato legítimo mayoritario para realizar sus planes y programas de gobierno, aunque, debe de escuchar siempre a los sectores o grupos poblacionales involucrados con el impacto de la política pública a implementar, de aquí, surgen una acotación, cuando hablo de abrirse a opiniones de grupos sociales, no me refiero, en absoluto, a la política de lobby -que se limita a los poderes fácticos, a la política del coñac y que se gesta en los vapores de los clubes sociales- (que no parece ser el problema del nuevo gobierno de la República), sino, en un verdadero espíritu democrático escuchar, sobre todo, a los más desposeídos, a los oprimidos o los que han sufrido en carne propia las consecuencias de la ineficacia e indiferencia del Estado.
En lo particular, resulta de sumo interés, lo que está proponiendo el nuevo gobierno nacional para diseñar una diferente Política Criminal ¡felicidades, ya era hora! Al escuchar hablar a la Ministro en retiro, Doña Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, de legalizar el consumo de algunas drogas, tiene gran significancia, pues, atiende al problema del narcomenudeo, del mercado interno clandestino que tanto desangra a las ciudades mexicanas, nada menos, en San Luis Potosí, no hay un solo día que, los periódicos no reporten un ejecutado en alguna colonia de la periferia, eso, obviamente, responde a la disputa de la venta ilegal de estupefacientes, así que, esta propuesta responde a una lógica de oferta/demanda, pero tiene el mérito de no negar el problema, más bien, busca encararlo.
Lo mismo podemos decir, de la supresión del departamento de inteligencia llamado el “CISEN”, porque, es evidente que resultaba incompatible con un gobierno emanado del voto popular que expresó su hartazgo, así que ¿cómo justificar ante la sociedad a una agencia que se dedicó a hacer espionaje político?, por ejemplo, el bochornoso caso de las comunicaciones entre la periodista Carmen Aristegui con su hijo ¡inaceptable! No es que se haya renunciado a la función de inteligencia policial, sino, que será enfocada a los criminales, y no más a periodistas, abogados, opositores, defensores de derechos humanos, etcétera.
La remoción del Estado Mayor Presidencial, obedece a un principio de justicia igualitaria, pues, resultaba absurdo que el Presidente tuviera a su disposición a un ejército particular con más de 8 mil efectivos, cuando hay ciudades en México, como San Luis Potosí que sus elementos policiacos no se acercan a esa cifra ni de broma ¿Cómo era posible que 8 mil personas resguardaran a un ciudadano más y a su familia, frente, a una ciudad de más de 1 millón de habitantes? Insisto, la medida era un acto de justicia redistributiva.
Por razón de espacio, me resulta imposible comentar más de esta nueva mirada de Política Criminal, pero, no me cabe la menor duda, la sociedad y yo, seguiremos debatiéndolo, para terminar, sólo me resta comentar la última parte de la frase que usó la eventual Secretaria de Gobernación, Doña Olga Sánchez Cordero, cuando se refirió a la deuda hacia las víctimas de la violencia por una década de una Política Criminal errónea, muchas de ellas ni siquiera formaron parte de la “guerra al narco”, como estudioso del Derecho victimal aplaudo este compromiso del nuevo gobierno, y comparto su proclama ¡ya basta de simulaciones!
Debo comentar amigos lectores/amigas lectoras, que es verdad lo que ha venido publicando el Diario Digital Astrolabio, en cuanto, que en el caso Jair, sus padres le ganaron un juicio de amparo al Comisionado estatal de la CEEAV en San Luis Potosí, Jorge Vega Arroyo, recordemos que, el reclamo de la madre de Jair, era porque, la CEEAV SLP rasuró la Recomendación 2/2017 de la CEDH SLP, para no reconocer que a Jair, la negligencia del Estado le costó su vida- pues bien su exigencia fue escuchada por la Justicia de la Unión, y ahora le ordena a la CEEAV formule otra nueva resolución y repare el daño, sólo, que esta vez, habrá una jueza federal observando.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com
se deje de simular y haya justicia en derechos humanos, es hora
que se hable de justicia”
Olga Sánchez Cordero
Quizá, una de las cosas más extraordinarias que tiene la democracia es transmitir una autoconfianza social, en verdad, es sorprendente observar en las personas un sentimiento que alberga una esperanza, por ello, es que, la democracia a pesar de sus imperfecciones (más la mexicana que aún se encuentra en un proceso de mejoría sustancial), posee ese atributo mágico de renovar las “pilas” sociales en cada elección; de ahí, que cada llamado a las urnas hacia las electoras y electores es recomendable, cuando, se perciba que se ha roto la comunión entre sociedad y gobierno, precisamente, cuando la autoridad ya no es digna de confianza.
Desde, mis anteriores colaboraciones para Pulso (durante el pasado proceso electoral), las que llamé, “Democracia Legítima y Reflexión Electoral”, decía, que era de suma importancia que se respetará la voluntad del pueblo (como al final sucedió), pues, un gobierno que emerge del consenso social gozará de una enorme fuerza, capaz de realizar los cambios que fueran necesarios, aún, ante la obvia resistencia de sectores o poderes fácticos.
Pero, también señalaba, que un nuevo gobierno posee el mandato legítimo mayoritario para realizar sus planes y programas de gobierno, aunque, debe de escuchar siempre a los sectores o grupos poblacionales involucrados con el impacto de la política pública a implementar, de aquí, surgen una acotación, cuando hablo de abrirse a opiniones de grupos sociales, no me refiero, en absoluto, a la política de lobby -que se limita a los poderes fácticos, a la política del coñac y que se gesta en los vapores de los clubes sociales- (que no parece ser el problema del nuevo gobierno de la República), sino, en un verdadero espíritu democrático escuchar, sobre todo, a los más desposeídos, a los oprimidos o los que han sufrido en carne propia las consecuencias de la ineficacia e indiferencia del Estado.
En lo particular, resulta de sumo interés, lo que está proponiendo el nuevo gobierno nacional para diseñar una diferente Política Criminal ¡felicidades, ya era hora! Al escuchar hablar a la Ministro en retiro, Doña Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, de legalizar el consumo de algunas drogas, tiene gran significancia, pues, atiende al problema del narcomenudeo, del mercado interno clandestino que tanto desangra a las ciudades mexicanas, nada menos, en San Luis Potosí, no hay un solo día que, los periódicos no reporten un ejecutado en alguna colonia de la periferia, eso, obviamente, responde a la disputa de la venta ilegal de estupefacientes, así que, esta propuesta responde a una lógica de oferta/demanda, pero tiene el mérito de no negar el problema, más bien, busca encararlo.
Lo mismo podemos decir, de la supresión del departamento de inteligencia llamado el “CISEN”, porque, es evidente que resultaba incompatible con un gobierno emanado del voto popular que expresó su hartazgo, así que ¿cómo justificar ante la sociedad a una agencia que se dedicó a hacer espionaje político?, por ejemplo, el bochornoso caso de las comunicaciones entre la periodista Carmen Aristegui con su hijo ¡inaceptable! No es que se haya renunciado a la función de inteligencia policial, sino, que será enfocada a los criminales, y no más a periodistas, abogados, opositores, defensores de derechos humanos, etcétera.
La remoción del Estado Mayor Presidencial, obedece a un principio de justicia igualitaria, pues, resultaba absurdo que el Presidente tuviera a su disposición a un ejército particular con más de 8 mil efectivos, cuando hay ciudades en México, como San Luis Potosí que sus elementos policiacos no se acercan a esa cifra ni de broma ¿Cómo era posible que 8 mil personas resguardaran a un ciudadano más y a su familia, frente, a una ciudad de más de 1 millón de habitantes? Insisto, la medida era un acto de justicia redistributiva.
Por razón de espacio, me resulta imposible comentar más de esta nueva mirada de Política Criminal, pero, no me cabe la menor duda, la sociedad y yo, seguiremos debatiéndolo, para terminar, sólo me resta comentar la última parte de la frase que usó la eventual Secretaria de Gobernación, Doña Olga Sánchez Cordero, cuando se refirió a la deuda hacia las víctimas de la violencia por una década de una Política Criminal errónea, muchas de ellas ni siquiera formaron parte de la “guerra al narco”, como estudioso del Derecho victimal aplaudo este compromiso del nuevo gobierno, y comparto su proclama ¡ya basta de simulaciones!
Debo comentar amigos lectores/amigas lectoras, que es verdad lo que ha venido publicando el Diario Digital Astrolabio, en cuanto, que en el caso Jair, sus padres le ganaron un juicio de amparo al Comisionado estatal de la CEEAV en San Luis Potosí, Jorge Vega Arroyo, recordemos que, el reclamo de la madre de Jair, era porque, la CEEAV SLP rasuró la Recomendación 2/2017 de la CEDH SLP, para no reconocer que a Jair, la negligencia del Estado le costó su vida- pues bien su exigencia fue escuchada por la Justicia de la Unión, y ahora le ordena a la CEEAV formule otra nueva resolución y repare el daño, sólo, que esta vez, habrá una jueza federal observando.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com