“Tenéis miedo, miedo de la democracia, miedo de las urnas,
de la misma forma que tenéis miedo del Estado de Derecho”
Antoni Comín
(exconceller de la Generalitat)
En esta semana que termina, el INEGI emitió su informe anual llamado “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana”, que entre sus objetivos está la medición de la percepción ciudadana sobre el clima de violencia y el delito, el periodo a considerar fue el 2017, pues bien, la pregunta a considerar sería más o menos así ¿Qué sentimiento tienen las personas en México, después de haber vivido el año más violento desde que sucedió la alternancia partidista en la Presidencia de la República de 2000? Pues bueno la respuesta es más que obvia, hay Miedo generalizado.
En 2017 hubo más de 23.100 homicidios violentos en el país, aun superándose a los 22.409 asesinado que dejó en 2011, en pleno auge de la llamada guerra al narco orquestada por Felipe Calderón. La tasa de homicidios en México es de 151.8 por cada 100 mil habitantes, similar a la mortalidad en Siria o en Irak tras la recuperación del territorio ocupado por el EI.
Pues bueno decía ¿qué puede sentir la población de un país donde en promedio 2 mil seres humanos son asesinados por mes, es decir, alrededor de 70 personas diariamente? Aunque pareciera ociosa la pregunta, el Inegi tenía que formularla, es su chamba para eso se le paga de los impuestos de la gente. Así que, la respuesta es que en promedio el 75%, o sea, 2 de cada 3 personas que habitan en México tiene miedo, miedo en sus casas, en sus escuelas, al ir a sus trabajos y saber que pueden no volver a estar con sus seres queridos.
¿Es ésta la vida que nos merecemos las mexicanas y los mexicanos y en general todas y todos los que habitan aquí? ¿cuál sería entonces la diferencia entre vivir en una democracia que en un régimen autoritario del terror? ¿existe realmente diferencia entre la guerra y la paz, si al fin y al cabo la gente debe morir por millares? ¿por qué la gente debe adecuar su estilo de vida en función a la violencia? ¿por qué no se termina de entender que la violencia y el crimen es una cruel manera de restringir nuestros derechos humanos y nuestras libertades fundamentales?
Vale la pena recordar que el término de “Estado Fallido” se le da aquel aparato burocrático que a pesar de consumir grandes cantidades de dinero público –vía impuestos- para su fastuoso sostenimiento no puede garantizar a su población el mínimo de seguridad, seguridad pública ¿para qué entonces tener a favor de las personas el Derecho Constitucional a la Seguridad Pública consagrado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, si al fin y al cabo nuestras autoridades no lo cumplen? ¿qué no se supone que vivimos en un Estado de Derecho y nuestras autoridades están subordinadas a la ley? ¿cuál es la responsabilidad a la que son merecedoras nuestras autoridades por violar la Constitución por un país ensangrentado?
Desde luego amiga lectora amigo lector, San Luis Potosí no es para la excepción, aquí casi el 82 % de las potosinas y los potosinos vive con miedo, es decir, el temor ciudadano está por encima de la media nacional que es del 75%, aquí casi 3 de cada 3 percibe a un Estado rebasado por el crimen, pero bueno no es para menos, en 2017 el promedio mensual de personas asesinadas fue de 50, entre periodistas asesinados, colgados en puentes vehiculares, desmenbrados, feminicidios, casas y negocios acribillados, y otros horrores que demuestran un desprecio por la vida y la dignidad humana, verdaderos candidatos a ser enjuiciados en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.
Se creó el cuerpo policiaco “Fuerza Metropolitana” como respuesta al crimen, pues en la capital y el municipio conurbado de Soledad se concentra hasta el 70% del delito, se removió al Secretario de Seguridad Pública de “10”, se estableció la Alerta de Género ¡y Nada, nada de lo que se dice nada! ¿cómo es posible 6 feminicidios en lo que va del año, en un mes que aún no termina, u 8 personadas asesinadas tan sólo en 2 horas?
La democracia no eso, no me cabe duda alguna, recordemos que, en última instancia una genuina sociedad democrática busca ante todo y sobre todo el bienestar de las personas, el problema está en todo caso, que en México hemos confundido intencionalmente el Derecho a la Democracia con el Derecho Electoral, se ha preferido el culto al trámite y a las reglas sobre el Derecho mismo de lo que implica el gobierno del pueblo y para el pueblo.
En San Luis Potosí se está próximo a elegir a quienes habrán de encabezar las Fiscalías especializadas de Delitos Electorales y de Anticorrupción, rescatemos una vez más lo ordenado por el artículo 21 de la Constitución de México, la Seguridad Pública implica no sólo la prevención delictiva de corte policíaco, sino, además la persecución y la sanción al crimen, tarea que recae en los Fiscales, Ministerios Públicos, Jueces y Magistrados.
La mejor forma de prevenir y combatir al delito es la cero tolerancia a la impunidad, bajo un principio de igualdad ante la ley, sin excusas ni prebendas o privilegios, y aquí será trascendental el trabajo de los fiscales especializados anticorrupción y el delitos electorales.
Sin embargo no debemos olvidar que, en un sociedad democrática es muy importante la legitimidad y no sólo la legalidad, parafraseando un poco a Norberto Bobbio.
La y lo espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com
de la misma forma que tenéis miedo del Estado de Derecho”
Antoni Comín
(exconceller de la Generalitat)
En esta semana que termina, el INEGI emitió su informe anual llamado “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana”, que entre sus objetivos está la medición de la percepción ciudadana sobre el clima de violencia y el delito, el periodo a considerar fue el 2017, pues bien, la pregunta a considerar sería más o menos así ¿Qué sentimiento tienen las personas en México, después de haber vivido el año más violento desde que sucedió la alternancia partidista en la Presidencia de la República de 2000? Pues bueno la respuesta es más que obvia, hay Miedo generalizado.
En 2017 hubo más de 23.100 homicidios violentos en el país, aun superándose a los 22.409 asesinado que dejó en 2011, en pleno auge de la llamada guerra al narco orquestada por Felipe Calderón. La tasa de homicidios en México es de 151.8 por cada 100 mil habitantes, similar a la mortalidad en Siria o en Irak tras la recuperación del territorio ocupado por el EI.
Pues bueno decía ¿qué puede sentir la población de un país donde en promedio 2 mil seres humanos son asesinados por mes, es decir, alrededor de 70 personas diariamente? Aunque pareciera ociosa la pregunta, el Inegi tenía que formularla, es su chamba para eso se le paga de los impuestos de la gente. Así que, la respuesta es que en promedio el 75%, o sea, 2 de cada 3 personas que habitan en México tiene miedo, miedo en sus casas, en sus escuelas, al ir a sus trabajos y saber que pueden no volver a estar con sus seres queridos.
¿Es ésta la vida que nos merecemos las mexicanas y los mexicanos y en general todas y todos los que habitan aquí? ¿cuál sería entonces la diferencia entre vivir en una democracia que en un régimen autoritario del terror? ¿existe realmente diferencia entre la guerra y la paz, si al fin y al cabo la gente debe morir por millares? ¿por qué la gente debe adecuar su estilo de vida en función a la violencia? ¿por qué no se termina de entender que la violencia y el crimen es una cruel manera de restringir nuestros derechos humanos y nuestras libertades fundamentales?
Vale la pena recordar que el término de “Estado Fallido” se le da aquel aparato burocrático que a pesar de consumir grandes cantidades de dinero público –vía impuestos- para su fastuoso sostenimiento no puede garantizar a su población el mínimo de seguridad, seguridad pública ¿para qué entonces tener a favor de las personas el Derecho Constitucional a la Seguridad Pública consagrado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, si al fin y al cabo nuestras autoridades no lo cumplen? ¿qué no se supone que vivimos en un Estado de Derecho y nuestras autoridades están subordinadas a la ley? ¿cuál es la responsabilidad a la que son merecedoras nuestras autoridades por violar la Constitución por un país ensangrentado?
Desde luego amiga lectora amigo lector, San Luis Potosí no es para la excepción, aquí casi el 82 % de las potosinas y los potosinos vive con miedo, es decir, el temor ciudadano está por encima de la media nacional que es del 75%, aquí casi 3 de cada 3 percibe a un Estado rebasado por el crimen, pero bueno no es para menos, en 2017 el promedio mensual de personas asesinadas fue de 50, entre periodistas asesinados, colgados en puentes vehiculares, desmenbrados, feminicidios, casas y negocios acribillados, y otros horrores que demuestran un desprecio por la vida y la dignidad humana, verdaderos candidatos a ser enjuiciados en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.
Se creó el cuerpo policiaco “Fuerza Metropolitana” como respuesta al crimen, pues en la capital y el municipio conurbado de Soledad se concentra hasta el 70% del delito, se removió al Secretario de Seguridad Pública de “10”, se estableció la Alerta de Género ¡y Nada, nada de lo que se dice nada! ¿cómo es posible 6 feminicidios en lo que va del año, en un mes que aún no termina, u 8 personadas asesinadas tan sólo en 2 horas?
La democracia no eso, no me cabe duda alguna, recordemos que, en última instancia una genuina sociedad democrática busca ante todo y sobre todo el bienestar de las personas, el problema está en todo caso, que en México hemos confundido intencionalmente el Derecho a la Democracia con el Derecho Electoral, se ha preferido el culto al trámite y a las reglas sobre el Derecho mismo de lo que implica el gobierno del pueblo y para el pueblo.
En San Luis Potosí se está próximo a elegir a quienes habrán de encabezar las Fiscalías especializadas de Delitos Electorales y de Anticorrupción, rescatemos una vez más lo ordenado por el artículo 21 de la Constitución de México, la Seguridad Pública implica no sólo la prevención delictiva de corte policíaco, sino, además la persecución y la sanción al crimen, tarea que recae en los Fiscales, Ministerios Públicos, Jueces y Magistrados.
La mejor forma de prevenir y combatir al delito es la cero tolerancia a la impunidad, bajo un principio de igualdad ante la ley, sin excusas ni prebendas o privilegios, y aquí será trascendental el trabajo de los fiscales especializados anticorrupción y el delitos electorales.
Sin embargo no debemos olvidar que, en un sociedad democrática es muy importante la legitimidad y no sólo la legalidad, parafraseando un poco a Norberto Bobbio.
La y lo espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com