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Miguel R. Valladares García

sábado 20 enero 2018

Democracias mayoritarias

Carlos A. Hernández Rivera
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“Las minorías de hoy serán

las mayorías del mañana”

Inés Arrimadas

(lideresa catalana del Partido Ciudadanos,

inquiriéndole hace 8 años al Sr. Artur Mas –

entonces Presidente de la Generalitat-)

Casualmente mi primera colaboración para el Diario Pulso, hace casi dos años, tuvo que ver con el pronunciamiento de la Legislatura en San Luis Potosí de convocar a un posible referéndum, para el reconocimiento legal sobre el matrimonio igualitario, decía entonces, que ese referéndum era a todas luces violatorio del derecho internacional, pues lo único que no le está permitido a una mayoría democrática es atentar contra los derechos humanos de las minorías.

Comentaba en mi primera colaboración de ese 2016 que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había sentenciado en contra del Uruguay, por haber convocado a elecciones plebiscitarias tratándose de violaciones a derechos humanos, concluyendo que no por ser mayoritario el resultado del referéndum era legítimo ni válido.

En esa mi primera colaboración, rescataba una interesantísima discusión teórica entre dos grandes maestros, Luigi Ferrajoli (en derechos humanos) frente a Michelangenlo Bovero (en derecho político y electoral), acerca de, las pocas limitantes que una democracia puede tener, y que es precisamente, el respeto a los derechos humanos de las minorías. Hoy dos años después, sabemos que la Legislatura de San Luis Potosí nunca legisló a favor del matrimonio igualitario, chicaneó el tema hasta el final.

Recordar es vivir, sectores conservadores pregonaron hasta al hastío la supuesta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que según dictaminaba “no existe el derecho al matrimonio igualitario”, desde luego ello fue una mentira, lo que realmente dijo el tribunal de Estrasburgo fue que, en la forma de protección legal de la unión dada entre personas, es indiferente si es del tipo judicial o administrativo, es decir, la denominación no importa, siempre y cuando se dé esa protección, desde luego.

Como es de todos sabido, esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su opinión, a petición de la República de Costa Rica, sobre el derecho a la igualdad y no discriminación entre parejas del mismo sexo, desde luego, que vendrán los sectores conservadores a tratar de confundir diciendo que, no es una sentencia es una opinión, la pidió Costa Rica y no México, o falacias leguleyas para sugerir que no es vinculante.

Para los letrados en el derecho internacional sabemos perfectamente que es muy obligatoria, que la Corte Interamericana fue muy valiente pero ya era hora, en pleno siglo XXI, claro, pondrán en aprietos muchos derechos internos de Latinoamérica como el de Paraguay, por ejemplo, cuya Constitución establece que la familia está formada sólo por un hombre y una mujer, este país sudamericano prohibió en las escuelas públicas la enseñanza de la igualdad de género.

El punto nodal para la Corte Interamericana es que, efectivamente existe una protección internacional para las parejas del mismo sexo, derivada del artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce al concepto de familia no de forma restrictiva de la noción tradicional, es decir, de papá, mamá e hijos, pues ello, sería restrictivo para el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, dando al traste a la razón de ser de este tratado internacional, no siendo otra que, la protección de los derechos fundamentales de las personas.

Así, si un país protege las uniones entre personas a través de cualquier vía, sea legislativa, administrativa o de cualquier otra índole (llámese matrimonio – sociedades o como les de la gana) están en completo su derecho, como dijo el Tribunal Europeo de DDHH, lo que no se vale, dice la Corte Interamericana, es que se les llamen de diferente forma, pues eso es discriminación y está completamente prohibido.

Cierto es, que México no ha sido completamente ciego a esta situación, pues les dio protección legal a las uniones entre parejas del mismo sexo desde 2006, cuando menos en CDMX, que inclusive reconoció su matrimonio en 2009.

A nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Primera Sala, ya había establecido jurisprudencia en 2015 para declarar inconstitucional los códigos familiares del país que establecieran como la finalidad del matrimonio la procreación de la especie, o la unión entre un hombre y una mujer. El problema está en que aún con este gran aporte, las parejas del mismo sexo tienen que casarse con un “amparo en mano”, eso amiga lectora amigo lector se llama discriminación, ni más ni menos.

Sin embargo, en San Luis Potosí nuestra actual legislatura no quiso remediar -por razones políticas o ideológicas- este problema de discriminación, no les importó las opiniones de los letrados/as, ni de los altos tribunales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando, en completo estado de indefinición legal e indefensión jurídica a estos grupos sociales, negándose a reconocer una realidad social evidente.

Pues bien, amiga lectora amigo lector sólo queda por preguntarse ¿los próximos aspirantes a integrar la nueva legislatura que opinan de: 1.- El desentendimiento de las y los diputadas/os que terminan su encargo por negarse a proteger los derechos humanos de minorías, 2.- Cual sería su postura al respecto, y 3.- Lo pondrían por escrito o ante notario?

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@hotmail.com

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