En otros países los órganos de Auditoría Superior son sumamente efectivos, por ejemplo, en Espa ña el llamado Tribunal de Cuenta, infunde tal respeto, que todo mundo le teme a sus auditorías, al grado de que ha sido posible someter a proceso y purga cárcel el mismísimo cuñado y poco le faltó a la hermana del rey Felipe VI. En Inglaterra es casi inexistente la corrupción por la fuerza de la National Audit Office, (NAO). ¿Y en México?. . . ¿Y en San Luis Potosí?
Todos sabemos que la corrupción y la impunidad son lacras que disminuyen cada día más la calidad de vida de los que habitamos en San Luis Potosí. Muchos de nosotros conocemos a personas que a la sombra o por la cercanía de los altos puestos públicos, han formado fortunas cuantiosas que ya descansan en buena medida en los bancos de Norteamérica, Canadá o las Islas Caimán, pero no sabemos de uno solo de ellos que haya sido sujeto a proceso y mucho menos condenado a purgar cárcel y a devolver lo sustraído de la riqueza pública. Al contrario, muchas veces se les rinden honores o se pone su nombre a alguna calle. A nivel de nuestro estado, nos inquieta y preocupa que nuestro mas alto funcionario, el gobernador Carreras, parece no haberse dado cuenta de la terrible corrupción que hemos venido denunciando desde organismos como el Frente Ciudadano Anticorrupción, Ciudadanos Observando o Acción Ciudadana, que está enquistada en órganos gubernamentales como el Congreso Estatal, La Auditoría Superior del Estado o el Ayuntamiento que presidió Ricardo Gallardo. Concretamente, que no le hayamos escuchado ni una sola vez alguna expresión de censura o preocupación por casos tan escandalosos y llamativos como por ejemplo el de la Ecuación Corrupta o el caso de Sandra Sánchez Ruíz, entre otros, que han sido denunciados y comprobados con documentos y testimonios fehacientes, sin que pase nada. Absolutamente nada. Tampoco le hemos conocido al gobernador que tenga alguna preocupación o esté tomando acciones en contra de la violencia e inseguridad que nos azota y amenaza.
Los ciudadanos podemos no saber hacer zapatos, pero sabemos si los zapatos nos aprietan. De la misma forma podemos no saber hacer leyes, pero sabemos cuáles son las que dañan nuestros derechos y libertades, y las posibilidades de vivir en una sociedad justa y libre que nos permita prosperar, educarnos y vivir en paz con nuestros congéneres. También nos interesa observar cómo hablan y cómo actúan los representantes en el congreso, y si con su trabajo contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida o no. Quizá solo por experiencia de vida, o por intuición sabemos que los diputados deben de hacer leyes; pero no cualquier ley, sino las que aporten algo efectivo a la Justicia y al Bien Comùn. Que independientemente de su rol de contrapeso al poder del ejecutivo, los diputados tienen la facultad y la obligación de vigilar que los entes de gobierno que manejan la riqueza pública, hagan buen uso de ella, conforme al presupuesto anual aprobado y generar el máximo beneficio a la sociedad. Que cada diputado es personalmente responsable de vigilar el buen uso de cada peso que la ciudadanía aporta con el sudor de su frente. Para eso, recibe una generosa, y probablemente excesiva, remuneración.
Cada diputado tiene la responsabilidad y la facultad de aprobar o no, cada año, la Cuenta Pùblica del año anterior, el Presupuesto Estatal y la Ley de Ingresos del siguiente año. Por ello, cuentan con un órgano técnico dependiente del propio congreso, que es la Auditorìa Superior del Estado, (ASE), con amplio presupuesto (mas de 250 millones de pesos al año), donde trabajan abogados, contadores, ingenieros y muchos otros profesionales, que perciben altas remuneraciones y que tienen la obligación de vigilar y revisar el correcto manejo de los ingresos y de los egresos de cada entidad que maneje presupuesto público, en cada municipio y de todos los entes auditables como por ejemplo el Interapas, el Gobierno Estatal, Pensiones del Estado o la Universidad. Y al fin de cada ejercicio fiscal o administrativo, rendir un informe cuidadoso y verìdico en el que detalle con claridad, si las hay, todas las irregularidades, desviaciones u operaciones dudosas, para que el congreso a su vez rinda un dictamen de aprobación o rechazo y si procede, iniciar un procedimiento legal en contra de funcionarios negligentes o corruptos.
Si guardàbamos cierto optimismo hasta hace algunas semanas, de que la nueva legislatura local empezarìa su periodo de responsabilidades pùblicas marcando una clara diferencia respecto de la anterior, hay por el momento malas noticias, estimado lector, porque ya empezó dejando mucho què desear. Hace pocos días el congreso acordó no volver a someter a revisión la Cuenta Pública del 2017 de los ayuntamientos del estado, a pesar de que algunos de ellos como el de la capital y el de Cd. Del Maíz han dado claras y evidentes señales de corrupción. Al momento de escribir estas líneas, es muy probable que estèn aprobando en el pleno del congreso local como “limpio”, el informe del INTERAPAS, cuando la nueva administración encontró a ese organismo intermuni cipal en la ruina y con una pesada carga de deudas e irregularidades que deben ser sancionadas, si no son subsanadas en el tiempo previsto por los responsables de la pasada administración.
En el informe que rindió hace unos días el secretario del Ayuntamiento de la capital, el licenciado Sebastiàn Pèrez, dejó bien claro que en la denuncia de las múltiples irregularidades que han encontrado en las escasas seis semanas de la nueva administración, no existe sesgo partidista, sino que se trata de cumplir el mandato de justicia de la ciudadanía y exigir a los responsables la reparación del daño al patrimonio y al erario municipal.
En voz de su secretario general, el Ayuntamiento denunciò por su parte que hasta el momento, una vez que han empezado a tener acceso a la documentación y archivos que no les dio tiempo de sustraer a los funcionarios gallardistas, han encontrado casi dos mil observaciones que deberán aclarar dentro del plazo que la Ley concede, para no enfrentar las acciones legales que los obligue a resarcir los daños al erario y al patrimonio municipal y las sanciones que la propia ley establece.
El municipio de Cerritos es otro caso de corrupción abierta y descarada que ha denunciado su actual presidenta municipal, por el desvío de recursos y las deudas que le dejó el ayuntamiento anterior y exhibe tanto a la ASE como a la Comisión de Vigilancia del congreso estatal, por su absoluta indiferencia, al dictaminar esas cuentas como “limpias”.
El diario digital Astrolabio, en edición muy reciente apunta: “El cùmulo de irregularidades en la administración de Ricardo Gallardo, no es ninguna sorpresa. La férrea opacidad con que transcurrió el trienio de la gallardìa, ya daba cuenta de una administración caracterizada por el abuso de poder para beneficio propio. 1,843 observaciones solo son una referencia de las que se pueden desprender daños al erario en decenas de miles de actos específicos de corrupción”. Añade: “Lo novedoso de tal cantidad de irregularidades, es que se documente por primera vez y se abra la posibilidad de que de ese proceso se deriven efectivamente acciones legales para resarcir daños y sancionar a los responsables.”
lujambio06@hotmail.com
Todos sabemos que la corrupción y la impunidad son lacras que disminuyen cada día más la calidad de vida de los que habitamos en San Luis Potosí. Muchos de nosotros conocemos a personas que a la sombra o por la cercanía de los altos puestos públicos, han formado fortunas cuantiosas que ya descansan en buena medida en los bancos de Norteamérica, Canadá o las Islas Caimán, pero no sabemos de uno solo de ellos que haya sido sujeto a proceso y mucho menos condenado a purgar cárcel y a devolver lo sustraído de la riqueza pública. Al contrario, muchas veces se les rinden honores o se pone su nombre a alguna calle. A nivel de nuestro estado, nos inquieta y preocupa que nuestro mas alto funcionario, el gobernador Carreras, parece no haberse dado cuenta de la terrible corrupción que hemos venido denunciando desde organismos como el Frente Ciudadano Anticorrupción, Ciudadanos Observando o Acción Ciudadana, que está enquistada en órganos gubernamentales como el Congreso Estatal, La Auditoría Superior del Estado o el Ayuntamiento que presidió Ricardo Gallardo. Concretamente, que no le hayamos escuchado ni una sola vez alguna expresión de censura o preocupación por casos tan escandalosos y llamativos como por ejemplo el de la Ecuación Corrupta o el caso de Sandra Sánchez Ruíz, entre otros, que han sido denunciados y comprobados con documentos y testimonios fehacientes, sin que pase nada. Absolutamente nada. Tampoco le hemos conocido al gobernador que tenga alguna preocupación o esté tomando acciones en contra de la violencia e inseguridad que nos azota y amenaza.
Los ciudadanos podemos no saber hacer zapatos, pero sabemos si los zapatos nos aprietan. De la misma forma podemos no saber hacer leyes, pero sabemos cuáles son las que dañan nuestros derechos y libertades, y las posibilidades de vivir en una sociedad justa y libre que nos permita prosperar, educarnos y vivir en paz con nuestros congéneres. También nos interesa observar cómo hablan y cómo actúan los representantes en el congreso, y si con su trabajo contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida o no. Quizá solo por experiencia de vida, o por intuición sabemos que los diputados deben de hacer leyes; pero no cualquier ley, sino las que aporten algo efectivo a la Justicia y al Bien Comùn. Que independientemente de su rol de contrapeso al poder del ejecutivo, los diputados tienen la facultad y la obligación de vigilar que los entes de gobierno que manejan la riqueza pública, hagan buen uso de ella, conforme al presupuesto anual aprobado y generar el máximo beneficio a la sociedad. Que cada diputado es personalmente responsable de vigilar el buen uso de cada peso que la ciudadanía aporta con el sudor de su frente. Para eso, recibe una generosa, y probablemente excesiva, remuneración.
Cada diputado tiene la responsabilidad y la facultad de aprobar o no, cada año, la Cuenta Pùblica del año anterior, el Presupuesto Estatal y la Ley de Ingresos del siguiente año. Por ello, cuentan con un órgano técnico dependiente del propio congreso, que es la Auditorìa Superior del Estado, (ASE), con amplio presupuesto (mas de 250 millones de pesos al año), donde trabajan abogados, contadores, ingenieros y muchos otros profesionales, que perciben altas remuneraciones y que tienen la obligación de vigilar y revisar el correcto manejo de los ingresos y de los egresos de cada entidad que maneje presupuesto público, en cada municipio y de todos los entes auditables como por ejemplo el Interapas, el Gobierno Estatal, Pensiones del Estado o la Universidad. Y al fin de cada ejercicio fiscal o administrativo, rendir un informe cuidadoso y verìdico en el que detalle con claridad, si las hay, todas las irregularidades, desviaciones u operaciones dudosas, para que el congreso a su vez rinda un dictamen de aprobación o rechazo y si procede, iniciar un procedimiento legal en contra de funcionarios negligentes o corruptos.
Si guardàbamos cierto optimismo hasta hace algunas semanas, de que la nueva legislatura local empezarìa su periodo de responsabilidades pùblicas marcando una clara diferencia respecto de la anterior, hay por el momento malas noticias, estimado lector, porque ya empezó dejando mucho què desear. Hace pocos días el congreso acordó no volver a someter a revisión la Cuenta Pública del 2017 de los ayuntamientos del estado, a pesar de que algunos de ellos como el de la capital y el de Cd. Del Maíz han dado claras y evidentes señales de corrupción. Al momento de escribir estas líneas, es muy probable que estèn aprobando en el pleno del congreso local como “limpio”, el informe del INTERAPAS, cuando la nueva administración encontró a ese organismo intermuni cipal en la ruina y con una pesada carga de deudas e irregularidades que deben ser sancionadas, si no son subsanadas en el tiempo previsto por los responsables de la pasada administración.
En el informe que rindió hace unos días el secretario del Ayuntamiento de la capital, el licenciado Sebastiàn Pèrez, dejó bien claro que en la denuncia de las múltiples irregularidades que han encontrado en las escasas seis semanas de la nueva administración, no existe sesgo partidista, sino que se trata de cumplir el mandato de justicia de la ciudadanía y exigir a los responsables la reparación del daño al patrimonio y al erario municipal.
En voz de su secretario general, el Ayuntamiento denunciò por su parte que hasta el momento, una vez que han empezado a tener acceso a la documentación y archivos que no les dio tiempo de sustraer a los funcionarios gallardistas, han encontrado casi dos mil observaciones que deberán aclarar dentro del plazo que la Ley concede, para no enfrentar las acciones legales que los obligue a resarcir los daños al erario y al patrimonio municipal y las sanciones que la propia ley establece.
El municipio de Cerritos es otro caso de corrupción abierta y descarada que ha denunciado su actual presidenta municipal, por el desvío de recursos y las deudas que le dejó el ayuntamiento anterior y exhibe tanto a la ASE como a la Comisión de Vigilancia del congreso estatal, por su absoluta indiferencia, al dictaminar esas cuentas como “limpias”.
El diario digital Astrolabio, en edición muy reciente apunta: “El cùmulo de irregularidades en la administración de Ricardo Gallardo, no es ninguna sorpresa. La férrea opacidad con que transcurrió el trienio de la gallardìa, ya daba cuenta de una administración caracterizada por el abuso de poder para beneficio propio. 1,843 observaciones solo son una referencia de las que se pueden desprender daños al erario en decenas de miles de actos específicos de corrupción”. Añade: “Lo novedoso de tal cantidad de irregularidades, es que se documente por primera vez y se abra la posibilidad de que de ese proceso se deriven efectivamente acciones legales para resarcir daños y sancionar a los responsables.”
lujambio06@hotmail.com