Si Peña Nieto quisiera combatir la corrupción, no necesitaría de más leyes y más burocracia, bastaría con seguir el ejemplo del gobernador de Chihuahua Javier Corral metiendo en la cárcel a funcionarios corruptos, aplicando las leyes y los mecanismos jurídicos que ya existen desde hace mucho tiempo. No necesitaría de más leyes y más burocracia, que solo encarecen a un gobierno de por sí ineficiente y plagado de lacras, corrupción y abusos. Basta la voluntad firme de hacer justicia y dejar muy claro que quien abuse de su cargo público, irá a parar a la cárcel, como lo está haciendo el gobernador chihuahuense. Ese es el mejor antídoto contra la corrupción.
Me parece que el mayor mérito que tiene la lucha que está emprendiendo el gobernador Corral, además de hacerle justicia al pueblo de su estado y dar ejemplo a todo el país, es el de que puso a la vista de todos los mexicanos, las pruebas del contubernio y la red de complicidades que existen, entre la Sría. de Hacienda y Crédito Público, altos funcionarios del PRI local y nacional y de los gobernadores de ese partido, que han tejido toda una red en toda la nación para desviar recursos de los ciudadanos a apoyar al PRI en procesos electora les estatales. La fiscalía general de Chihuahua investiga el desvío de al menos 250 millones de pesos a las campañas electorales del PRI durante el gobierno de César Duarte en ese estado, cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente de ese partido. El periódico The New York Times, uno de los que cuenta con mayor circulación en el mundo, revisó documentos y declaraciones de ex funcionarios vinculados al plan, comprobando que se depositaron cerca de 14 millones de dólares en las cuentas de 4 compañías fantasma, que fueron usados para las campañas priistas del 2016.
Alejandro Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está preso acusado de malversación de fondos. Beltrones se amparó. César Duarte está prófugo y su proceso de extradición de Estados Unidos, solicitado desde septiembre, apenas ayer lo inició el gobierno de Peña Nieto, muy a su pesar y gracias a la presión del gobernador Corral, que ya advirtió que iniciaría una caravana desde Cd. Juárez hasta llegar a la Cd. De México.
Héctor Tajonar, articulista de la revista semanal PROCESO, apunta que “Luis Videgaray, José Antonio Meade y su tocayo González Anaya, deben estar nerviosos. Ello se tradujo en una orden presidencial temeraria: utilizar a la Sría. de Hacienda como arma política, a fin de frenar la investigación que ha develado el uso ilegal de recursos públicos para fines electorales”.
El lunes pasado, en su conferencia de prensa, Corral acusó al gobierno federal de haber cancelado la entrega de 700 millones a su estado, como represalia por las investigaciones judiciales sobre la defraudación perpetrada por su antecesor. Su denuncia además de veraz, tiene la virtud de sacar a la luz pública el fraude electoral y financiero practicado por el PRI.
Por su parte las respuestas confusas y falaces de González Anaya y Peña Nieto, en entrevistas de prensa del martes, exhiben la falta de argumentos del gobierno federal. Primero dijo González Anaya que el monto reclamado de 700 millones, no había sido depositado debido a que tenían un número de cuenta equivocado y aseguró que ya no se van a pagar “pues son del ejercicio de 2017. Después Peña desdeñó la denuncia “por tratarse de un acto partidario” y en un desplante de cinismo extremo, dijo: “el presidente se conducirá con su vocación democrática con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente a derecho”.
“Lo que ha mostrado EPN es exactamente lo contrario”, dice Tajonar: vocación autoritaria, perversión de las instituciones y menosprecio por la legalidad”. Se confirma porqué se ufanó en decir hace algunos años, “que, si algo sabe hacer, es ganar elecciones”. Así cómo no, corrompiendo los procesos electorales y malversando fondos públicos. Así llegó al poder y así quiere imponer a su sucesor.
Por eso se puede ya afirmar que el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, están resultando otra burla más del gobierno de Peña Nieto que trata de engañar a la ciudadanía aparentando falsamente que hay una voluntad de acabar con esa lacra nacional que es la corrupción y que para vergüenza de los mexicanos, ya es ampliamente conocida y duramente criticada en el mundo entero.
Alfredo Figueroa ex consejero del IFE, en entrevista televisiva con Carmen Aristegui, relató entre otras cosas el “modus operandi”, la forma en que van a intentar el fraude electoral, al igual que lo hicieron en Edomex y en Coahuila el año pasado:
1.- Hacienda envía recursos a los gobiernos estatales del PRI.
2.-Las secretarías locales de Hacienda asignan el dinero a “proyectos de inversión” (en el caso Chihuahua, dijeron a proyectos educativos)
3.- Crean empresas fantasma donde depositan los recursos y se simula la realización de proyectos.
4.- En forma subrepticia se entrega el dinero en efectivo del erario público a funcionarios del gobierno y del PRI para usarlos en las campañas políticas.
5.- Con ese dinero se procede a la compra clandestina de espacios y voluntades en medios de comunicación, reparto de artículos promocionales, coacción del voto, prestación de algún servicio público, despensas, productos para el hogar y dádivas en efectivo o tarjetas Monex.
6.- Paralelamente los gobiernos del PRI, pervierten o engañan a las instituciones electorales y a las de procuración de justicia, tanto federales como locales, para cometer delitos electorales sin sanción.
7.- Se consuma la corrupción electoral en total impunidad.
Este atentado contra la democracia, el estado de derecho y la dignidad ciudadana es lo que Peña Nieto pretende que siga impune para repetirlo en el 2018.
Así se altera la voluntad popular y ya queda muy claro el tipo de personas en la cúpula del poder, desde la presidencia misma, que sin el menor escrúpulo cometen cualquier tipo de delito, con tal de mantener el poder.
lujambio06@hotmail.com
Me parece que el mayor mérito que tiene la lucha que está emprendiendo el gobernador Corral, además de hacerle justicia al pueblo de su estado y dar ejemplo a todo el país, es el de que puso a la vista de todos los mexicanos, las pruebas del contubernio y la red de complicidades que existen, entre la Sría. de Hacienda y Crédito Público, altos funcionarios del PRI local y nacional y de los gobernadores de ese partido, que han tejido toda una red en toda la nación para desviar recursos de los ciudadanos a apoyar al PRI en procesos electora les estatales. La fiscalía general de Chihuahua investiga el desvío de al menos 250 millones de pesos a las campañas electorales del PRI durante el gobierno de César Duarte en ese estado, cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente de ese partido. El periódico The New York Times, uno de los que cuenta con mayor circulación en el mundo, revisó documentos y declaraciones de ex funcionarios vinculados al plan, comprobando que se depositaron cerca de 14 millones de dólares en las cuentas de 4 compañías fantasma, que fueron usados para las campañas priistas del 2016.
Alejandro Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está preso acusado de malversación de fondos. Beltrones se amparó. César Duarte está prófugo y su proceso de extradición de Estados Unidos, solicitado desde septiembre, apenas ayer lo inició el gobierno de Peña Nieto, muy a su pesar y gracias a la presión del gobernador Corral, que ya advirtió que iniciaría una caravana desde Cd. Juárez hasta llegar a la Cd. De México.
Héctor Tajonar, articulista de la revista semanal PROCESO, apunta que “Luis Videgaray, José Antonio Meade y su tocayo González Anaya, deben estar nerviosos. Ello se tradujo en una orden presidencial temeraria: utilizar a la Sría. de Hacienda como arma política, a fin de frenar la investigación que ha develado el uso ilegal de recursos públicos para fines electorales”.
El lunes pasado, en su conferencia de prensa, Corral acusó al gobierno federal de haber cancelado la entrega de 700 millones a su estado, como represalia por las investigaciones judiciales sobre la defraudación perpetrada por su antecesor. Su denuncia además de veraz, tiene la virtud de sacar a la luz pública el fraude electoral y financiero practicado por el PRI.
Por su parte las respuestas confusas y falaces de González Anaya y Peña Nieto, en entrevistas de prensa del martes, exhiben la falta de argumentos del gobierno federal. Primero dijo González Anaya que el monto reclamado de 700 millones, no había sido depositado debido a que tenían un número de cuenta equivocado y aseguró que ya no se van a pagar “pues son del ejercicio de 2017. Después Peña desdeñó la denuncia “por tratarse de un acto partidario” y en un desplante de cinismo extremo, dijo: “el presidente se conducirá con su vocación democrática con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente a derecho”.
“Lo que ha mostrado EPN es exactamente lo contrario”, dice Tajonar: vocación autoritaria, perversión de las instituciones y menosprecio por la legalidad”. Se confirma porqué se ufanó en decir hace algunos años, “que, si algo sabe hacer, es ganar elecciones”. Así cómo no, corrompiendo los procesos electorales y malversando fondos públicos. Así llegó al poder y así quiere imponer a su sucesor.
Por eso se puede ya afirmar que el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, están resultando otra burla más del gobierno de Peña Nieto que trata de engañar a la ciudadanía aparentando falsamente que hay una voluntad de acabar con esa lacra nacional que es la corrupción y que para vergüenza de los mexicanos, ya es ampliamente conocida y duramente criticada en el mundo entero.
Alfredo Figueroa ex consejero del IFE, en entrevista televisiva con Carmen Aristegui, relató entre otras cosas el “modus operandi”, la forma en que van a intentar el fraude electoral, al igual que lo hicieron en Edomex y en Coahuila el año pasado:
1.- Hacienda envía recursos a los gobiernos estatales del PRI.
2.-Las secretarías locales de Hacienda asignan el dinero a “proyectos de inversión” (en el caso Chihuahua, dijeron a proyectos educativos)
3.- Crean empresas fantasma donde depositan los recursos y se simula la realización de proyectos.
4.- En forma subrepticia se entrega el dinero en efectivo del erario público a funcionarios del gobierno y del PRI para usarlos en las campañas políticas.
5.- Con ese dinero se procede a la compra clandestina de espacios y voluntades en medios de comunicación, reparto de artículos promocionales, coacción del voto, prestación de algún servicio público, despensas, productos para el hogar y dádivas en efectivo o tarjetas Monex.
6.- Paralelamente los gobiernos del PRI, pervierten o engañan a las instituciones electorales y a las de procuración de justicia, tanto federales como locales, para cometer delitos electorales sin sanción.
7.- Se consuma la corrupción electoral en total impunidad.
Este atentado contra la democracia, el estado de derecho y la dignidad ciudadana es lo que Peña Nieto pretende que siga impune para repetirlo en el 2018.
Así se altera la voluntad popular y ya queda muy claro el tipo de personas en la cúpula del poder, desde la presidencia misma, que sin el menor escrúpulo cometen cualquier tipo de delito, con tal de mantener el poder.
lujambio06@hotmail.com