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martes 20 noviembre 2018

El montaje

Carlos A. Hernández Rivera
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“Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, es una definición de locura”

Ricardo Salinas Pliego

A las 6:47 a.m., del viernes 9 de diciembre de 2005, se interrumpió abruptamente el noticiero Primero Noticias de Televisa para dar paso a un enlace en vivo y en directo.

El Reportero del programa, se encontraba fuera del Rancho Las Chinitas, en el kilómetro 29.5 de la carretera federal México Cuernavaca, desde donde informa que en esos momentos la Agencia Federal de Investigación (en adelante AFI) está por dar “un duro golpe contra la industria del secuestro”, en virtud de que “van a liberar a tres personas que estaban ilegalmente privadas de su libertad”.

A espaldas del reportero se puede observar a los elementos de la AFI fuertemente armados y formados fuera de la propiedad.

El inmueble permite un fácil acceso a los elementos de la policía ya que sus puertas están abiertas. A continuación, la cámara gira a la izquierda, enfocando un rincón de la cabaña. Se observa la cabeza y la espalda de una mujer, quien cubre su rostro con una manta blanca –Florence Cassez Crepin–. El reportero indica que ella “es una mujer de origen francés. Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro”.

Los anteriores párrafos forman parte de la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del amparo directo en revisión 517/2011, con el cual, como hoy sabemos, la ciudadana francesa obtuvo su libertad, cuando se encontraba recluida acusada de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Aunque básicamente, el máximo tribunal del país ordenó su libertad, al encontrar que se habían violado los derechos humanos de la francesa, básicamente, el derecho a la asistencia consular, y a la garantía de ser puesto sin demora ante el ministerio público ante cualquier detención policíaca.

En esa ocasión la Suprema Corte decidió no analizar otro agravio que denunciaba Florence Cassez, consistente, en la contravención del Principio de Buena Fe, que se supone debe guiar la conducta de las autoridades encargadas del combate al crimen.

El artículo 21 de nuestra Constitución, señala que:

[…] La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Como vemos, la máxima ley del país rescata valores públicos, y exige de las corporaciones policíacas que los sigan respetando la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos.

Al paso del tiempo, considero que fue un error del más alto tribunal, eludir pronunciarse sobre los principios que deben guiar la actuación de las corporaciones policíacas, aunque, quizá en ese entonces los ministros no se imaginaban el daño a la credibilidad y confianza a las policías, que arrojaría, los más de diez años de guerra al narco.

Aún así, la Suprema Corte reconoció los efectos nocivos en los derechos de la ciudadana francesa que ocasionó el montaje y show televisivo que orquestó la extinta Agencia Federal de Investigaciones de la PGR.

Por la trascendencia del caso Cassez, creímos que no volveríamos a ver un show televisivo de corporaciones policiacas federales, pues, habían crispado las relaciones franco-mexicanas, además, de polarizar a la opinión pública nacional, y que conste, que no uso el término montaje, ya que, lamentablemente las detenciones arbitrarias y pruebas incriminatorias sembradas siguen siendo de lo más común y frecuente en México.

Por todo lo anterior, es que resulta imprescindible investigar a fondo y sancionar ejemplarmente, en su caso, la actuación de la Policía Federal Preventiva destacamentada en San Luis Potosí, en virtud, del video circulado en redes, donde tres de oficiales de la PFP, aparecen “rescatando” a una bebé en el municipio de Rioverde, sin embargo, según informó la Fiscalía General en la entidad, los verdaderos rescatistas serían particulares y no los policías, es decir, como ya se empieza a manejar, se trataría de otro montaje.

Sabemos, que en San Luis Potosí hay una crítica social por el clima de inseguridad pública, precisamente, el 2017 ha sido el año más violento, y, que son casi 2 mil personas asesinadas durante los últimos 3 años.

La exigencia de un clima de paz por parte de la ciudadanía es un reclamo legítimo, la crítica ante los magros resultados, también lo es; entendemos, que están bajo presión social, bajo una mirada democráticamente fiscalizadora de la ciudadanía, que, en este contexto, a las corporaciones policiacas les vendría muy bien historias heroicas, no obstante, inventárselas, es inaceptable, más bien, urge una nueva política criminal que rescate los valores de la honorabilidad y de la buena fe ¿No lo cree usted, amiga lectora, amigo lector?

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@hotmail.com

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