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Confirmado por las últimas revelaciones: los potosinos todos -sería injusto decir que solamente los de la Zona Media- pronto estaremos representados en la Cámara de Diputados por un facineroso, extorsionador y defraudador que si tantita justicia hubiera en San Luis debería estar en la cárcel. Semejante vergüenza colectiva se la tenemos que agradecer al gobernador Juan Manuel Carreras López, porque es absolutamente incontrovertible que sin su anuencia, su apoyo y su bobería política, Óscar Bautista Villegas nunca habría sido postulado por el PRI a la diputación federal del Tercer Distrito.
Hay que subrayarlo: Óscar Bautista Villegas, mejor conocido en los bajos fondos de la política como El Cochiloco, nunca habría sido candidato sin la aquiescencia de Carreras López, en su carácter de jefe real del priismo potosino.
En algún momento previo a la formalización de las candidaturas, un operador político del mandatario me comentó que OBV sería postulado porque prometía sacar por lo menos 90 mil votos en su distrito, importantes para apoyar a José Antonio Meade. “Ni robándoselos”, fue mi respuesta. Le recordé que ese Distrito lo había ganado en 2015 Fabiola Guerrero, con 63 mil 050 votos, y que yo dudaba que Bautista superara esa cifra. Los datos definitivos del INE indican que el connotado integrante de la Ecuación Corrupta obtuvo 61 mil 857 sufragios. Es decir, JMCL le compró la lámpara de Aladino y la Torre Eiffel al mismo tiempo.
Lo peor es que los números indican que El Cochiloco sólo trabajó para su santo: En ese mismo Distrito, el candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-PNA, obtuvo únicamente 50 mil 703 votos. La conclusión es obvia: OBV le vio la cara a Carreras.
Dentro de la debacle priista ocurrida en las recientes elecciones, el equipo político del mandatario potosino encuentra consuelo en el hecho de que de las ocho o nueve diputaciones federales de mayoría relativa conseguidas por el tricolor en todo el país, dos son aportadas por San Luis Potosí. Lo que no presumen es que una de ellas es la de Óscar Bautista, delincuente consumado que debería estar en la cárcel.
Pero el problema de fondo no es ese. Lo verdaderamente grave es que el caso de El Cochiloco resulta emblemático pero no es el único que acredita de la inadmisible facilidad con que Juan Manuel Carreras López ha renunciado a cumplir sus elevadas responsabilidades como Gobernador del Estado, comenzando por la fundamental de procurar justicia.
Además de las obligaciones legales que corresponden a un jefe de Ejecutivo Estatal, detalladas en nuestra Constitución, hay otras no escritas pero igualmente importantes y que reclaman el mismo cumplimiento puntual. Entre ellas, la de guardar respeto a sus gobernados. No me refiero al respeto a los derechos que está perfectamente establecido en las leyes, sino a ese respeto que consiste esencialmente en no causarles vergüenza; en no hacerlos sentir pena ajena un día sí y otro también.
El indignante caso de Bautista Villegas se ha actualizado por la aparición en días pasados de un audio donde se le escucha, con lenguaje soez y estilo gangsteril, extorsionar a un empleado público, pero ojalá fuera el único. Gracias también a Juan Manuel Carreras, el tristemente célebre Alejandro Jano Segovia es ahora alcalde electo de Matehuala, uno de los 4 o 5 municipios más importantes de la entidad. El que Segovia haya insultado desde la tribuna al Gobernador del Estado no es lo más relevante, frente al hecho de que si en el Congreso como uno de 27 mostró una voracidad insaciable para llenarse los bolsillos, qué no hará con el presupuesto matehualense que este año cerrará por encima de los 300 millones de pesos a su entera disposición.
Antes de que alguien salte a precisar que el tal Jano ganó la alcaldía de Matehuala postulado por el partido Verde, puntualizaré que por ahí de enero o febrero el dirigente nato del PRI potosino, Juan Manuel Carreras, le dijo muy seria y enérgicamente a su socio minoritario Manuel Barrera Guillén, dirigente estatal del PVEM, que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se le fuera a ocurrir postular a Segovia en Matehuala. Lo tiraron a loco.
Ante hechos así es inevitable la pregunta ¿cuando alguien se burla de un gobernador, en alguna medida se burla de sus gobernados? Yo creo que sí. Pero tampoco este sería el problema principal. Aquí lo grave y hasta peligroso es que el Gobernador sea el primero que se burle de sus gobernados. ¿De qué otra manera entender las nominaciones triunfantes de Bautista y Segovia, pero también las fallidas de José Luis Romero Calzada y Rebeca Guevara?
Lo que Carreras López ha hecho reiterada y consistentemente es otorgar impunidades a su libre voluntad. Las que tienen que ver con el Congreso –Ecuación Corrupta, Trama Panavi, Cena Fantasma, falsificación de documentos, robos de identidad y demás.- son los más visibles y ostentosos, pero igual lo ha hecho con otros muchos casos de corrupción, unos que heredó de Fernando Toranzo, María Luisa Ramos, Rodolfo Ramos, Cándido Ochoa, etcétera, etcétera, pero también otros que son ya propios.
Todo esto conduce a otra interrogante: ¿Tiene derecho un gobernador a solapar sinvergüenzadas, corruptelas y ladronerías al por mayor, que no lo afectan a él en lo personal pero sí a sus gobernados?
No sé que a qué le tire Carreras López de aquí al 2021. Lo que sí veo venir para él es un final tipo Peña Nieto: cierre con un muy alto desprecio popular; derrota trágica en las urnas y muy posible persecución posterior, máxime si su sucesor es alguien que para ganar haya enarbolado la bandera de combate a la corrupción.
¿De qué estamos hablando?
No deja de ser curioso que uno de los temas que dominan eso que ahora se llama la conversación pública cuente con poca información y que ésta sea imprecisa. Se dice y mucho se discute que la administración de Andrés Manuel López Obrador “suprimirá” las delegaciones federales en los estados y que nombrará coordinadores estatales que las sustituyan, aunque también se menciona que esos coordinadores lo serán de “los programas sociales”.
Así, de inicio, hay cierta confusión, porque sin duda que muchas de las delegaciones federales ejecutan planes y programas de contenido social, pero no todas. Dudo mucho que expedir pasaportes, surtir gasolineras, controlar migrantes, cobrar impuestos, repartir cartas o consignar delincuentes ante los tribunales federales sean actividades que se puedan meter en el ancho saco de los programas de desarrollo social.
En tanto no haya mayor precisión, puede resultar ocioso cualquier discusión sobre las conveniencias o inconveniencias de las medidas que al respecto tomará el próximo gobierno federal.
De entrada, no es imaginable siquiera un coordinador federal, que al mismo tiempo que evalúa un programa carretero determine el contenido de despensas, firme los pasaportes, calcule cuántos árboles hay que plantar en el año o cuántas cabras introducir en el Altiplano; supervise la construcción de una presa, avale los cálculos estructurales de un puente, regularice los terrenos de San Juan de Guadalupe, expida concesiones para extraer agua o arregle la huelga en la Goodyear. Ni siquiera creo que eso sea posible. Debe tratarse de otra cosa.
En todo caso, en el renglón más racional, que probablemente se refiere a la disminución, compactación y/o supresión de delegaciones, nos parece que hay una experiencia razonablemente exitosa que valdría tomar en cuenta, aunque quizá no embone con la intencionalidad política de fondo del lopezobradorismo.
Me refiero al hecho de que hay varias secretarías de Estado que no tienen delegaciones en las entidades federativas porque operan mediante convenios de coordinación con dependencias estatales. Hay margen para replicar ese método en muchas, no todas, las secretarías y otros organismos federales.
Seguramente muchos de nuestros lectores se habrán percatado de que en nuestro estado no existen delegaciones de las secretarías de Turismo, de Salud y de la Función Pública, entre otras. ¿Por qué? Porque no se necesitan. Esas instancias federales operan bien a través de sus similares estatales. La Secretaría de Turismo federal cada año proporciona recursos etiquetados para proyectos específicos y hace una aportación financiera para gastos administrativos a la Secretaría de Turismo Estatal. La Secretaria de Salud del Gobierno del Estado es al mismo tiempo directora de los Servicios Coordinados de Salud federales, y maneja recursos de ambos niveles y está sujeta a evaluación y supervisión federal. Por su parte, la SFP tiene convenios de coordinación con la Contraloría General del Estado, a la que apoya financieramente para su operación.
Este esquema puede repetirse en un buen número de casos, no en todos porque hay dependencias federales que no tienen un equivalente estatal. Pero sí en el caso de las secretarias federales de Desarrollo Social, de Agricultura, del Trabajo, de Economía, del Medio Ambiente, la SEP y la SEDATU, igual que organismos paraestatales como la CONAGUA, la Comisión Nacional Forestal, etc.
El problema es que esto aumentaría el campo de acción de los gobernadores y hay sólidos indicios de que las intenciones de AMLO van justamente en sentido contrario.
COMPRIMIDOS
Hasta el próximo jueves.
Confirmado por las últimas revelaciones: los potosinos todos -sería injusto decir que solamente los de la Zona Media- pronto estaremos representados en la Cámara de Diputados por un facineroso, extorsionador y defraudador que si tantita justicia hubiera en San Luis debería estar en la cárcel. Semejante vergüenza colectiva se la tenemos que agradecer al gobernador Juan Manuel Carreras López, porque es absolutamente incontrovertible que sin su anuencia, su apoyo y su bobería política, Óscar Bautista Villegas nunca habría sido postulado por el PRI a la diputación federal del Tercer Distrito.
Hay que subrayarlo: Óscar Bautista Villegas, mejor conocido en los bajos fondos de la política como El Cochiloco, nunca habría sido candidato sin la aquiescencia de Carreras López, en su carácter de jefe real del priismo potosino.
En algún momento previo a la formalización de las candidaturas, un operador político del mandatario me comentó que OBV sería postulado porque prometía sacar por lo menos 90 mil votos en su distrito, importantes para apoyar a José Antonio Meade. “Ni robándoselos”, fue mi respuesta. Le recordé que ese Distrito lo había ganado en 2015 Fabiola Guerrero, con 63 mil 050 votos, y que yo dudaba que Bautista superara esa cifra. Los datos definitivos del INE indican que el connotado integrante de la Ecuación Corrupta obtuvo 61 mil 857 sufragios. Es decir, JMCL le compró la lámpara de Aladino y la Torre Eiffel al mismo tiempo.
Lo peor es que los números indican que El Cochiloco sólo trabajó para su santo: En ese mismo Distrito, el candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-PNA, obtuvo únicamente 50 mil 703 votos. La conclusión es obvia: OBV le vio la cara a Carreras.
Dentro de la debacle priista ocurrida en las recientes elecciones, el equipo político del mandatario potosino encuentra consuelo en el hecho de que de las ocho o nueve diputaciones federales de mayoría relativa conseguidas por el tricolor en todo el país, dos son aportadas por San Luis Potosí. Lo que no presumen es que una de ellas es la de Óscar Bautista, delincuente consumado que debería estar en la cárcel.
Pero el problema de fondo no es ese. Lo verdaderamente grave es que el caso de El Cochiloco resulta emblemático pero no es el único que acredita de la inadmisible facilidad con que Juan Manuel Carreras López ha renunciado a cumplir sus elevadas responsabilidades como Gobernador del Estado, comenzando por la fundamental de procurar justicia.
Además de las obligaciones legales que corresponden a un jefe de Ejecutivo Estatal, detalladas en nuestra Constitución, hay otras no escritas pero igualmente importantes y que reclaman el mismo cumplimiento puntual. Entre ellas, la de guardar respeto a sus gobernados. No me refiero al respeto a los derechos que está perfectamente establecido en las leyes, sino a ese respeto que consiste esencialmente en no causarles vergüenza; en no hacerlos sentir pena ajena un día sí y otro también.
El indignante caso de Bautista Villegas se ha actualizado por la aparición en días pasados de un audio donde se le escucha, con lenguaje soez y estilo gangsteril, extorsionar a un empleado público, pero ojalá fuera el único. Gracias también a Juan Manuel Carreras, el tristemente célebre Alejandro Jano Segovia es ahora alcalde electo de Matehuala, uno de los 4 o 5 municipios más importantes de la entidad. El que Segovia haya insultado desde la tribuna al Gobernador del Estado no es lo más relevante, frente al hecho de que si en el Congreso como uno de 27 mostró una voracidad insaciable para llenarse los bolsillos, qué no hará con el presupuesto matehualense que este año cerrará por encima de los 300 millones de pesos a su entera disposición.
Antes de que alguien salte a precisar que el tal Jano ganó la alcaldía de Matehuala postulado por el partido Verde, puntualizaré que por ahí de enero o febrero el dirigente nato del PRI potosino, Juan Manuel Carreras, le dijo muy seria y enérgicamente a su socio minoritario Manuel Barrera Guillén, dirigente estatal del PVEM, que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se le fuera a ocurrir postular a Segovia en Matehuala. Lo tiraron a loco.
Ante hechos así es inevitable la pregunta ¿cuando alguien se burla de un gobernador, en alguna medida se burla de sus gobernados? Yo creo que sí. Pero tampoco este sería el problema principal. Aquí lo grave y hasta peligroso es que el Gobernador sea el primero que se burle de sus gobernados. ¿De qué otra manera entender las nominaciones triunfantes de Bautista y Segovia, pero también las fallidas de José Luis Romero Calzada y Rebeca Guevara?
Lo que Carreras López ha hecho reiterada y consistentemente es otorgar impunidades a su libre voluntad. Las que tienen que ver con el Congreso –Ecuación Corrupta, Trama Panavi, Cena Fantasma, falsificación de documentos, robos de identidad y demás.- son los más visibles y ostentosos, pero igual lo ha hecho con otros muchos casos de corrupción, unos que heredó de Fernando Toranzo, María Luisa Ramos, Rodolfo Ramos, Cándido Ochoa, etcétera, etcétera, pero también otros que son ya propios.
Todo esto conduce a otra interrogante: ¿Tiene derecho un gobernador a solapar sinvergüenzadas, corruptelas y ladronerías al por mayor, que no lo afectan a él en lo personal pero sí a sus gobernados?
No sé que a qué le tire Carreras López de aquí al 2021. Lo que sí veo venir para él es un final tipo Peña Nieto: cierre con un muy alto desprecio popular; derrota trágica en las urnas y muy posible persecución posterior, máxime si su sucesor es alguien que para ganar haya enarbolado la bandera de combate a la corrupción.
¿De qué estamos hablando?
No deja de ser curioso que uno de los temas que dominan eso que ahora se llama la conversación pública cuente con poca información y que ésta sea imprecisa. Se dice y mucho se discute que la administración de Andrés Manuel López Obrador “suprimirá” las delegaciones federales en los estados y que nombrará coordinadores estatales que las sustituyan, aunque también se menciona que esos coordinadores lo serán de “los programas sociales”.
Así, de inicio, hay cierta confusión, porque sin duda que muchas de las delegaciones federales ejecutan planes y programas de contenido social, pero no todas. Dudo mucho que expedir pasaportes, surtir gasolineras, controlar migrantes, cobrar impuestos, repartir cartas o consignar delincuentes ante los tribunales federales sean actividades que se puedan meter en el ancho saco de los programas de desarrollo social.
En tanto no haya mayor precisión, puede resultar ocioso cualquier discusión sobre las conveniencias o inconveniencias de las medidas que al respecto tomará el próximo gobierno federal.
De entrada, no es imaginable siquiera un coordinador federal, que al mismo tiempo que evalúa un programa carretero determine el contenido de despensas, firme los pasaportes, calcule cuántos árboles hay que plantar en el año o cuántas cabras introducir en el Altiplano; supervise la construcción de una presa, avale los cálculos estructurales de un puente, regularice los terrenos de San Juan de Guadalupe, expida concesiones para extraer agua o arregle la huelga en la Goodyear. Ni siquiera creo que eso sea posible. Debe tratarse de otra cosa.
En todo caso, en el renglón más racional, que probablemente se refiere a la disminución, compactación y/o supresión de delegaciones, nos parece que hay una experiencia razonablemente exitosa que valdría tomar en cuenta, aunque quizá no embone con la intencionalidad política de fondo del lopezobradorismo.
Me refiero al hecho de que hay varias secretarías de Estado que no tienen delegaciones en las entidades federativas porque operan mediante convenios de coordinación con dependencias estatales. Hay margen para replicar ese método en muchas, no todas, las secretarías y otros organismos federales.
Seguramente muchos de nuestros lectores se habrán percatado de que en nuestro estado no existen delegaciones de las secretarías de Turismo, de Salud y de la Función Pública, entre otras. ¿Por qué? Porque no se necesitan. Esas instancias federales operan bien a través de sus similares estatales. La Secretaría de Turismo federal cada año proporciona recursos etiquetados para proyectos específicos y hace una aportación financiera para gastos administrativos a la Secretaría de Turismo Estatal. La Secretaria de Salud del Gobierno del Estado es al mismo tiempo directora de los Servicios Coordinados de Salud federales, y maneja recursos de ambos niveles y está sujeta a evaluación y supervisión federal. Por su parte, la SFP tiene convenios de coordinación con la Contraloría General del Estado, a la que apoya financieramente para su operación.
Este esquema puede repetirse en un buen número de casos, no en todos porque hay dependencias federales que no tienen un equivalente estatal. Pero sí en el caso de las secretarias federales de Desarrollo Social, de Agricultura, del Trabajo, de Economía, del Medio Ambiente, la SEP y la SEDATU, igual que organismos paraestatales como la CONAGUA, la Comisión Nacional Forestal, etc.
El problema es que esto aumentaría el campo de acción de los gobernadores y hay sólidos indicios de que las intenciones de AMLO van justamente en sentido contrario.
COMPRIMIDOS
- Los enviados de Xavier Nava que se apersonaron el martes en la Unidad Administrativa Municipal para avisar que ya están listos para iniciar el proceso de entrega-recepción, sabían muy bien que falta un mes para que en términos legales pueda iniciarse el trámite, pero fueron a “meter un calambre”. No dudo que lo hayan logrado. El mensaje está cañón. Ya no es tanto lo que hay que hacer sino quienes y cómo lo van a hacer.
- Por cierto, hablando de estas cosas con alguien que conoce muy bien los entramados gallardistas, me dijo escuetamente: “Que Xavier no pierda tiempo, lo único que necesita es conseguir que la Secretaría de Finanzas, en coordinación con el SAT, le eche un vistazo a las finanzas y el patrimonio del “Tatis”.
- Hará una semana, alguien del entorno de Primo Dothé me aseguró que éste ya tenía garantizada la dirigencia estatal de Morena, y que con eso se ponía en ruta para la gubernatura en el 2021. No se por qué tengo la sospecha de que ese tren se descarriló el sábado con la suntuosa boda, totalmente contraria a los estilos de AMLO. Un festejo de ese tipo es un asunto privado, aun si es para más de mil personas. Pero si invades un campo deportivo público, ya la regaste gacho.
- Y como se decía hace mucho, la pregunta de los 64 mil pesos: ¿Van los gobernadores a adecuar sus administraciones a los esquemas de austeridad ya anunciados por López Obrador? Ya los quiero ver.
Hasta el próximo jueves.