[Spoiler alert: Este texto no tiene que ver con el aeropuerto]
La discusión sobre la pertinencia de la consulta pública referente al destino del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México ha propuesto argumentos importantes. Sostengo que en una democracia amplia, las decisiones públicas pueden y deben pasar por un amplio debate público informado para contar con decisiones razonadas colectivamente. El revés de esta idea es la simulación, es decir, la invocación de la participación ciudadana para legitimar una decisión ya tomada o en el peor de los casos, para cumplir con algún requisito legal.
Entiendo los argumentos de quienes afirman que los representantes populares no pueden o deben consultar a la población sobre ciertos asuntos ya que, desde su perspectiva, estos funcionarios han sido elegidos precisamente para tomar decisiones en nombre y a beneficio de la población. Esta aproximación a la democracia representativa parte del enfoque de democracia competitiva que supone que la participación directa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones en el estado no es necesaria, económica y/o conveniente. Desde esa lógica, el sistema democrático solo requiere la participación permanente de un conjunto minoritario de representantes ya que esta fórmula se encuentra más próxima a una realidad práctica donde la capacidad de autogobierno del pueblo consiste básicamente en el establecimiento de procedimientos para la elección de encargados de tomar decisiones colectivas.
Ese tipo de democracia funciona con procedimientos bien establecidos y el papel del pueblo se acota a la elección de un gobierno. Schumpeter (economista) define a este método democrático como “aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo”. De esta manera el fundamento democrático del gobierno está dado por la existencia de un procedimiento de elección basado en la competencia por el voto libre. La ciudadanía posee y ejerce un poder a través de la conformación de mayorías que eligen a una élite gobernante que representa políticamente al electorado que lo eligió, y toma decisiones en su nombre. Para ellos, en última instancia, es la misma ciudadanía quien puede conservar el control sobre el gobierno mediante el voto y la posibilidad de reelegir o cambiar a los gobernantes.
Todo eso está muy bien. Pero ignora otros espacios de la anchurosa pampa democrática. Son muhco y muy severos los riesgos que se corren ante la reducción de la perspectiva democrática de la ciudadanía frente a los asuntos públicos. Si acotamos la participación de los ciudadanos a un mero ejercicio de designación de representantes populares, quizás nos abandonamos (una vez más) a la peor de nuestras suertes: un gobierno autoritario. Cuidado aquí, es autoritario precisamente porque implica el ejercicio no democrático del poder, causado por la ausencia de una ciudadanía participante, vigilante, exigente.
Habrá que preguntarse si la indiferencia y el olvido son determinantes para que un gobierno no cumpla con sus obligaciones y compromisos. Habrá que preguntarse si la recurrente presencia de imposturas políticas y personajes impresentables no son consecuencia de ello. Hay una enorme carga de responsabilidad ciudadana frente a estos fenómenos, ¿Se acuerda Usted de las estrategias de proselitismo basadas en compromisos firmados ante la presencia de un notario público?, ¿y de las promesas de campaña?, ¿y de la plataforma electoral?, ¿y el contenido del plan de desarrollo?; ¿qué ha ocurrido con esos compromisos?, ¿no constituyen palabra empeñada que debe ser exigida públicamente?. ¿Y la agenda legislativa?. ¿Tendremos que esperar tres o seis años para corregir estas omisiones?, ¿el voto de castigo recupera el tiempo y los recursos perdidos?; ¿Y qué decir de la justicia abierta donde las sentencias judiciales deben ser claras, concisas y convincentes, y por tanto permiten el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos? ¿No hay ciudadanía allí?.
Albert Otto Hirschman (otro economista) lo tenía clarito: debe existir una comunicación fluida y efectiva entre gobernantes y gobernados para canalizar y hacer efectivas sus demandas. La planeación participativa, la exigencia de rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la demanda de justicia, no deberían ser aventura de valientes ni arte de expertos, sino códigos de normalidad cívica.
La discusión sobre la pertinencia de la consulta pública referente al destino del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México ha propuesto argumentos importantes. Sostengo que en una democracia amplia, las decisiones públicas pueden y deben pasar por un amplio debate público informado para contar con decisiones razonadas colectivamente. El revés de esta idea es la simulación, es decir, la invocación de la participación ciudadana para legitimar una decisión ya tomada o en el peor de los casos, para cumplir con algún requisito legal.
Entiendo los argumentos de quienes afirman que los representantes populares no pueden o deben consultar a la población sobre ciertos asuntos ya que, desde su perspectiva, estos funcionarios han sido elegidos precisamente para tomar decisiones en nombre y a beneficio de la población. Esta aproximación a la democracia representativa parte del enfoque de democracia competitiva que supone que la participación directa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones en el estado no es necesaria, económica y/o conveniente. Desde esa lógica, el sistema democrático solo requiere la participación permanente de un conjunto minoritario de representantes ya que esta fórmula se encuentra más próxima a una realidad práctica donde la capacidad de autogobierno del pueblo consiste básicamente en el establecimiento de procedimientos para la elección de encargados de tomar decisiones colectivas.
Ese tipo de democracia funciona con procedimientos bien establecidos y el papel del pueblo se acota a la elección de un gobierno. Schumpeter (economista) define a este método democrático como “aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo”. De esta manera el fundamento democrático del gobierno está dado por la existencia de un procedimiento de elección basado en la competencia por el voto libre. La ciudadanía posee y ejerce un poder a través de la conformación de mayorías que eligen a una élite gobernante que representa políticamente al electorado que lo eligió, y toma decisiones en su nombre. Para ellos, en última instancia, es la misma ciudadanía quien puede conservar el control sobre el gobierno mediante el voto y la posibilidad de reelegir o cambiar a los gobernantes.
Todo eso está muy bien. Pero ignora otros espacios de la anchurosa pampa democrática. Son muhco y muy severos los riesgos que se corren ante la reducción de la perspectiva democrática de la ciudadanía frente a los asuntos públicos. Si acotamos la participación de los ciudadanos a un mero ejercicio de designación de representantes populares, quizás nos abandonamos (una vez más) a la peor de nuestras suertes: un gobierno autoritario. Cuidado aquí, es autoritario precisamente porque implica el ejercicio no democrático del poder, causado por la ausencia de una ciudadanía participante, vigilante, exigente.
Habrá que preguntarse si la indiferencia y el olvido son determinantes para que un gobierno no cumpla con sus obligaciones y compromisos. Habrá que preguntarse si la recurrente presencia de imposturas políticas y personajes impresentables no son consecuencia de ello. Hay una enorme carga de responsabilidad ciudadana frente a estos fenómenos, ¿Se acuerda Usted de las estrategias de proselitismo basadas en compromisos firmados ante la presencia de un notario público?, ¿y de las promesas de campaña?, ¿y de la plataforma electoral?, ¿y el contenido del plan de desarrollo?; ¿qué ha ocurrido con esos compromisos?, ¿no constituyen palabra empeñada que debe ser exigida públicamente?. ¿Y la agenda legislativa?. ¿Tendremos que esperar tres o seis años para corregir estas omisiones?, ¿el voto de castigo recupera el tiempo y los recursos perdidos?; ¿Y qué decir de la justicia abierta donde las sentencias judiciales deben ser claras, concisas y convincentes, y por tanto permiten el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos? ¿No hay ciudadanía allí?.
Albert Otto Hirschman (otro economista) lo tenía clarito: debe existir una comunicación fluida y efectiva entre gobernantes y gobernados para canalizar y hacer efectivas sus demandas. La planeación participativa, la exigencia de rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la demanda de justicia, no deberían ser aventura de valientes ni arte de expertos, sino códigos de normalidad cívica.