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Miguel R. Valladares García

martes 25 septiembre 2018

Forzosa desaparición

Francisco Salazar Soni
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“La muina veracruzana”

En el pasado reciente, se han preguntado algunos políticos que pertenecen a mafias oligárquicas y que han sido electos democráticamente para ocupar cargos públicos, ¿Qué hacer respecto a los malosos que cohabitan en sus territorios?

Las respuestas pueden ser sencillas dependiendo de qué punto de vista se vea, por ejemplo: Se puede ser constitucionalmente correcto y se puede ordenar que los malosos sean detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente para que proceda en consecuencia; también se puede ser criminalmente correcto y ordenar que sean ejecutados extraoficialmente (simulando un enfrentamiento con las fuerzas del orden), o, ninguna de las dos por lo laborioso, tedioso y complicado que pudiera ser; Lo mejor es que sean “desparecidos”.

Comento lo anterior, ya que algunos gobiernos con problemas de inseguridad y sin evidente claridad respecto a políticas públicas criminológicas, se han distinguido por una serie de normas, procedimientos y formas muy contrarias a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho que deben ser parte esencial de la lucha contra la incertidumbre de la seguridad pública. Detenciones arbitrarias, el uso y abuso de la prisión preventiva oficiosa, torturas, allanamientos de domicilios, intervenciones telefónicas, etc., parecen ser la única forma de acabar con la inseguridad.

Y la más infame, más que el homicidio doloso, desparecer personas forzosamente, como que ya se ha vuelto una práctica común, con la utópica tesis que se trata de personas “non gratas” a la sociedad o que se trata de “los otros”, una especie de ser humano involucionado que solo delinque. A nivel internacional, la desaparición forzada en forma acumulativa se entiende como la privación de la libertad contra la voluntad de la persona interesada; la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia y ante la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

México puede llegar a convertirse en uno de los países con mayor número de casos de desaparición forzada sin esclarecer, a pesar de ser considerado como un país que no tiene un conflicto bélico o de guerrilla. En once años de cómputo del tema son 34,268 el número de personas no localizadas desde su desaparición. Con el pretexto de hacer frente al crimen organizado con el despliegue de fuerza letal de fuerzas armadas y la inclusión en retiro o con licencia de militares y marinos en instituciones civiles de seguridad, ha propiciado que las circunstancias de las desapariciones forzadas y su incidencia se desconozcan en su magnitud.

Otra pregunta que se hacen más allá de nuestras fronteras, es saber el nivel de participación y el número de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno que les ha dado por llevar a practicar la desaparición forzosa en forma por demás depredadora y con formas y procedimientos dignos de cualquier país Africano en guerra.

Veracruz, es un caso emblemático en el que las autoridades estatales encargadas de brindar seguridad pública a todos los veracruzanos, estos los desparecían. La población civil se cuidaba de funcionarios públicos ante el miedo de ser detenido en un retén, o en la calle y ser subido en patrullas que burlonamente tenían pintado en los costados la leyenda de “Fuerza Civil”, para luego ser llevados otra vez irónicamente a la Academia de Seguridad Pública para de ahí desaparecer completamente.

El problema del delito de desaparición forzada parece ser cada vez más complejo en su estructura operacional, ya que los actores se están diversificando. ¿Quién puede desparecer a quién en México? Cualquiera, autoridades, particulares, delincuentes organizados o la mimetización de todos ellos. O puede incluso a considerarse como un delito de terrorismo de Estado, como un modelo punitivo absurdo que se practica en forma selectiva o sistemática contra un grupo específico de la población a quienes se les considera como enemigos, por simple presunción o lo que es peor, porque se puede, se hace la acción de desaparición. Los siguientes Estados parecen ser el “Top Ten” en desapariciones de personas: Coahuila 1,750, Chihuahua 2,157, Estado de México 3,834, Guerrero 1,439, Jalisco 3,060, Michoacán 1,092, Nuevo León 2,636, Puebla 1,852, Sinaloa 2,783, y Tamaulipas 5,989.

Habría que trabajar desde la sociedad civil, como único medio de presión para denunciar cualquier acto de esta naturaleza, en algunos lugares sutilmente se está ejecutando. La sociedad en general tendrá que aprender que es caso probable que autoridades del Estado (federal, local o municipal), sean quienes privan de libertad a las víctimas. Desde policías y fuerzas armadas pueden practicar campechanamente una detención que más tarde negaran; algunas ocasiones se valdrán de otras individuos, los que privan de la libertad o levantan no pertenecen “formalmente” a instituciones de autoridad, pero actúan a sus órdenes o al menos con luz verde o aquiescencia.

Concebir que puede ser cualquiera, nadie sospecha de un retén o de una patrulla, al fin son autoridades. Las casas de seguridad existen, donde los mantienen ocultos y son torturados para obtener algún tipo de información, casi siempre falsa, o para grabar videos en contra de otras supuestas organizaciones criminales.

TAPANCO: Las instituciones de seguridad pública que tienen mandos militares, al parecer son las que practican con más asiduidad la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. En el Veracruz de “Javidu”, decían que las personas no estaban desparecidas, sino que no estaban localizadas. ¡Pa´ su mecha!

Francisco.soni@uaslp.mx

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