Fundador:
Miguel R. Valladares García

miércoles 12 diciembre 2018

Fundación Jair

Carlos A. Hernández Rivera
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“No venimos sólo con nuestro

dolor, también venimos con nuestras propuestas, es necesario que el Estado reconozca

su responsabilidad”

Voces de las víctimas.

Por años, cada día 24 de mayo los habitantes laguneros, celebran sus fiestas patronales en honor a María Auxiliadora, suelen congregarse en la plaza principal, que luce adaptada con juegos mecánicos y estantes de comida, sin embargo, la verbena celebrada en el 2015 visibilizaría la desigualdad de tratamiento por condiciones económicas y sociales, una serie de funestos eventos demostraría la negación de un servicio público por razones discriminatorias, invisibles cuando menos hasta en ese momento.

Con el anterior preámbulo es como se suscitan los hechos del que sería llamado “caso Jair” documentado dentro de la Recomendación 2/2017 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La evidencia que se recopiló en la investigación de la CEDH, demuestra que el Juez de la comunidad (una persona habilitada por el Poder Judicial estatal para procurar amigables composiciones en los pleitos vecinales sin tratarse de un jurista) solicitó por escrito, y con antelación de 15 días por lo menos, a la alcaldía municipal el apoyo de policías para garantizar la integridad física de los habitantes durante el desarrollo de la fiesta, justificaba su petición en base a previos incidentes delictivos con arma de fuego. Sin embargo, su “ruego” fue desestimado en razón de que las patrullas se encontraban descompuestas, paradójicamente si se mandaron inspectores de comercio para recaudar los impuestos municipales.

La existencia de 10 eventos delictivos previos suscitados en 2015 en esa comunidad y sus alrededores hacían previsible y controlable cualquier situación de seguridad pública, no obstante, el día de la verbena popular se dio la presencia de una persona armada que tenía viejas rencillas con otros dos de sus vecinos, desencuentros personales de los cuales la policía ministerial había tenido conocimiento, pues semanas antes ésta corporación había participado en el desarme de los involucrados en una gresca anterior.

La noche de ese domingo 24 de mayo, tal cual se documentó en la investigación, la persona armada buscó y disparó en contra de sus friccionados vecinos, ante el pánico generado en la multitud el agresor se abrió camino disparando entre la gente, entre ellas se encontraba el joven Jair quien recibió un impacto en su cabeza, quien tuvo que ser trasladado en coches de sus familiares al hospital más cercano porque tampoco había ambulancias o primeros auxilios.

El caso Jair acredita la ausencia de la prestación de la seguridad pública, la falta de protección a los habitantes de la comuna resulta sospechosa máxime si recordamos que la prevención es determinante para controlar la violencia, y en este caso los hechos notorios de incidentes previos con arma de fuego hacían razonablemente previsible todo tipo de contingencias; de una revisión hemerográfica al periódico Pulso se desprenden antecedentes delictivos de la zona de la Laguna de San Vicente.

En corolario de lo anterior resulta evidente que la falta de prevención al delito, en hechos notorios y previsibles, permiten establecer un patrón de discriminación invisible en prácticas o políticas policíacas, tal como, suelen ser por las que atraviesan las comunidades rurales del Estado de SLP.

EN SU DEFENSA, EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR CONDUCTO DE SU TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, alegó lo siguiente:

“… La obligación de la seguridad pública y de la prevención del delito corresponde a todo el conglomerado social, y no sólo es deber de la policía, no se valdría trasladar la carga a las autoridades policíacas porque sería desproporcionada. Pues, esta inválida premisa, llevaría a establecer que el Estado es responsable por la comisión de los delitos allá donde no hay presencia policíaca.

La construcción constitucional, admite que, existe una IMPOSIBILIDAD para evitar de forma total los delitos, es por ello, que el artículo 21 constitucional, contempla a, la investigación y sanción de los delitos como una forma preventiva, es decir, no todo se limita a la prevención en estricto sensu.

En este sentido, sirva de ejemplo, que cuando la comunidad poblacional, de la Laguna de San Vicente Villa de Reyes San Luis Potosí, solicitó por escrito, la presencia policíaca para que resguardara la paz pública, durante su verbena tradicionalmente celebrada año con año, ello, sólo obligaba al Honorable Ayuntamiento y al Presidente Municipal a responder por escrito a su derecho de petición, pero, de ninguna manera, a conceder en sentido positivo con lo solicitado, pues, es su facultad discrecional consentir o no; amen, de que en la petición se advierte que, la comuna hizo, tan sólo, una solicitud y no una exigencia a un derecho. Interpretar en otro sentido la Política Criminal del Estado mexicano, señalada en el artículo 21 Constitucional, sería trasladar una carga desproporcionada a las autoridades policíacas…”

Si una comunidad poblacional siente miedo de la violencia, pues, debe de limitar sus festividades al interior del templo, y, no hacerlo en la plaza pública, -como si fuera legítimo impedirle al pueblo mexicano festejar el 12 de diciembre a la virgen de Guadalupe, o a los comuneros de la Laguna de San Vicente a María Auxiliadora-, además, señorías, según la última encuesta del INEGI (2018), sólo el 14% de los potosinos se siente seguro, y, no por ello trabajan en su casa, o, los niños estudian en el hogar; así las cosas, del 86% de los potosinos /as y sienten miedo de la inseguridad, si salen de sus casas a estudiar o trabajar será bajo su cuenta y riesgo”.

Si no bastara el bodrio jurídico anterior, el Comisionado Estatal de Atención a Víctimas Jorge Vega Arroyo, al cumplimentar la recomendación 2/2017 de la CEDH S.L.P, para efectos de hacer efectiva el derecho humano de la reparación integral, a que se tiene derecho según el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, practicante mutiló toda la resolución para negar que a Jair se le había privado de la vida por la inacción del Estado potosino, como era evidente un Juez de amparo anuló el proyecto de reparación de la CEEAV S.L.P, y ahora, en su nueva resolución el Comisionado nos dice que el responsable es únicamente un particular, evadiendo la responsabilidad del Estado que fue coparticipe al ignorar la súplica seguridad pública, que le hacia una comunidad de ejidatarios que viven justo detrás del clúster automotriz, es decir, las armadoras BMW y GM.

Es evidente que nuestra querida nación mexicana necesita de la paz pública, pero para ello, primero el Estado debe de reconocer su responsabilidad por su incompetencia en el combate al crimen que arrebató la vida de chicos inocentes (Este es un extracto de la ponencia de Fundación Jair en el Foro de Escucha Víctimas, convocado por el Colsan y otras instituciones).

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