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Miguel R. Valladares García

miércoles 12 diciembre 2018

Gasoducto y extorsión

Sergio Sarmiento
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“De tales orígenes del gobierno, ¿qué podría esperarse sino un sistema continuo de guerra y extorsión?”

Thomas Paine

Ha detenido desde 2015 el gasoducto Ramal-Tula, al que le faltan solo 1.6 kilómetros, lo cual ha duplicado su costo a 100 millones de dólares. Exigió dinero a la empresa canadiense ATCO para permitirle concluir el trabajo; pero como la firma se negó, el ducto sigue detenido. Ha sido procesado dos veces por peculado. Hoy se le ha premiado no solo con una curul federal, sino con una de las secretarías de la comisión de energía de la Cámara de Diputados.

Julio César Ángeles Mendoza trabajó en la industria automotriz, primero como empleado, pero después se convirtió en dueño de empresas proveedoras. Ha sido dos veces presidente municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo, de 2009 a 2012 y de 2016 a 2008, cuando dejó la responsabilidad por una diputación federal. De Encuentro Social pasó a Morena.

Dos veces ha sido encarcelado. La primera, en 2009, por no haber aclarado gastos por 1 millón 127 mil pesos como alcalde. La segunda, en 2016, por transacciones indebidas con el Consorcio Aguas Tratadas del Valle de México por 202 millones de pesos, también en su primer gobierno. En el primer caso fue exonerado por falta de pruebas, en el segundo por prescripción del delito.

Desde 2015 Ángeles Mendoza ha detenido la conclusión de un gasoducto de ATCO para proveer combustible a la Comisión Federal de Electricidad. En un principio buscó bloquearlo a través del Sindicato Nacional de Trabajadores, Empleados, Choferes, Transportistas y Obreros de la Construcción en General (Sinatrec), del que fue representante y con el que exigía una parte de los contratos de construcción. Después lo hizo, como es común en México, a través de amparos de ejidatarios, que tienen un trato especial en el sistema jurídico nacional.

En una entrevista con Reforma publicada el 5 de agosto, cuando ya era diputado electo, pero había regresado a ocupar la alcaldía de Atotonilco de Tula, Ángeles Mendoza argumentó que la empresa solo paga “10 metros de derechos de vía, cuando en realidad la afectación es de 180 metros”.

Reconoció que los ejidatarios “ya habían recibido su pago de lo acordado”, pero añadió que “para mí fue absurdo”. Por eso, dijo, “Si quieren pasar por estos terrenos, me los pagan todos”.

ATCO ha señalado que Ángeles Mendoza pidió dinero a cambio de permitir la finalización del ducto, pero la ley canadiense convierte en un crimen el pago de un soborno en el extranjero por lo que los ejecutivos involucrados podrían haber sido procesados en Canadá. El diputado ha negado la acusación: “Nunca acordamos ninguna cantidad. Ellos inventaron que pidieron 60 millones. Nunca les pedí ninguna cantidad.”

No es éste el único gasoducto frenado por litigios o extorsiones. Por lo menos cuatro están siendo litigados por la Secretaría de Energía. El costo es muy alto para porque el gas natural es tres o cuatro veces más barato, y mucho más limpio, que el combustóleo o el diésel.

Ángeles Mendoza ya no podrá cuidar su negocio desde la presidencia municipal de Atotonilco de Tula. Si bien regresó a la alcaldía después de ser electo diputado federal, la sala regional del Tribunal Electoral le quitó la curul por eso, aunque la sala superior se la devolvió después. Hoy, sin embargo, podrá hacerse cargo de su negocio desde la Cámara de Diputados. El premio por haber parado el gasoducto ha sido su nombramiento como secretario de la comisión de energía.

Qué mejor lugar para seguir deteniendo las inversiones.

Sin calidad

Irán Santiago, ex dirigente de la CNTE y hoy diputado, ha firmado la iniciativa de Morena para derogar la reforma educativa. Elimina, entre otras cosas, la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación y, por supuesto, las evaluaciones.

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