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Miguel R. Valladares García

martes 20 noviembre 2018

Gobernador ¿a cuentas

Carlos A. Hernández Rivera
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El país en el que yo vivo sufre una profunda crisis política y social, los ciudadanos no confían en sus instituciones, y los gobiernos dejaron de representar los intereses de la gente ¿si esta noche lo invito a pasear por la ciudad cuántos guaruras necesitará para sentirse seguro Sr. Secretario?

Tatiana Clouhthier

Cuando el filósofo John Rawls grandiosamente nos ilustraba, acerca de los riesgos de romper la confianza en el derecho dentro de una sociedad democrática, la mayoría de las veces, tan brillante reflexión sólo quedaba en el aplauso académico, no obstante, los gobernantes y políticos en México, como sabemos, no están preparados, es por ello, que lamentablemente, nuestra realidad social serviría muy bien para un experimentalismo social, pues los síntomas que advertimos son propios de una descomposición comunitaria.

Antes de comentar, mis reflexiones acerca de la comparecencia del Gobernador de San Luis Potosí, ante la legislatura local, para explicar el problema de la inseguridad pública, debo, por razones de evidente importancia, señalar mi preocupación por el intento de linchamiento en la escuela de Milpillas, justo, cuando en esta semana se presentaba un informe acerca de la “impunidad”, elaborado por las Organizaciones Impunidad Cero y Jurimetría, en el cual, se ubicaba San Luis Potosí como el sexto lugar en el país, donde los crímenes no recibirán castigo, sea por falta de investigación o por una deficiente calidad en la impartición de justicia.

En México, el 90 % de los crímenes no se denuncian, según las encuestas de victimización, la razón sería, que no tendría caso pues sólo un porcentaje minúsculo recibirá una sentencia de culpabilidad, además, la víctima tiene que sufrir la tortuosidad burocrática (los que pocos deciden enfrentarse en aras de exigir su derecho humano a la justicia).

Así que, ante ese clima de impotencia social, cada vez se hace más frecuente la justicia de propia mano, el hecho sucedido en Milpillas así lo demuestra, desde luego, reconozco que, si no hubiera impedido el linchamiento la policía metropolitana, las consecuencias hubieran sido aún más preocupantes.

Claro está, que debe de investigarse los señalamientos de pedofilia al profesor, y de ser ciertos castigársele, pero no menos verdad es, que también debe sancionarse a los pobladores que cometieron el delito de, al parecer, tentativa de homicidio, pues la justicia de propia mano debilita la convivencia social, nos regresa a un estado natural previo a una sociedad civilizada, en términos de Locke y Hobbes, ¿entonces cómo para que queremos al Estado? ya no digamos ¿Cómo para que tenemos que pagarles a los Ministros, Magistrados y Jueces tan jugosos sueldos?

Es por ello, que el Senador Alejandro Encinas llamó infame a la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, por conducto de su Magistrado Ignacio Varela (dentro del Caso Jair), por incitar irresponsablemente a la población a hacerse justicia de propia mano, cuando dijo:

“La obligación de la seguridad pública y de la prevención del delito corresponde a todo el conglomerado social, y no sólo es deber de la policía, si una población siente miedo de la violencia, pues, debe de limitar sus actividades y resguardarse”

Ahora, todo está en manos de un Tribunal Federal Colegiado de Circuito, veremos si se revierte esta “infamia” judicial, o seguimos preguntándonos ¿Cómo para que tenemos que pagarles a los Ministros, Magistrados y Jueces tan jugosos sueldos? sobre todo ahora que andan muy susceptibles por la ley “AMLO”, acerca de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Bueno, ahora sí, regresemos a la idea original de esta colaboración periodística, acerca de la comparecencia del Gobernador de San Luis Potosí al Congreso local, para explicar el tema de la inseguridad pública, bien, de entrada me parece que las editoriales de Pulso, Código San Luis y Astrolabio nos invitan a hacer una seria reflexión, pues en ellas, se dice, que fue de bostezo, que las butacas de la legislatura estuvieron plagadas de burócratas y policías vestidos de civil, vamos, que los espacios fueron llenados por servidores públicos y no por la sociedad civil, y que esto fue orquestado premeditadamente.

También, que altos funcionarios del Poder Ejecutivo entraban por la puerta lateral del Congreso, por si fuera poco ¿a qué hacia el Secretario de Desarrollo Económico o de Turismo en la comparecencia?

Pues bien, ahora sí que nos la pusieron difícil, dentro de la sociedad civil nos quejábamos que el formato del Informe de Gestión Pública del titular del Poder Ejecutivo no abonaba al debate dentro de una sociedad democrática, sin embargo, la forma ideada para la comparecencia creó expectativas (las 27 diputadas y diputados iban a replicar y el Gobernador a contrarreplicar ¿entonces qué pasó? Pues bueno como investigador social sólo me quedaría decirle, como lo haría frente a mis alumnos/as, si la el resultado deseado, no se logró desde un enfoque objetivo, entonces, muy seguramente la explicación está en el elemento subjetivo, en el caso particular, en el comportamiento de las y los diputados.

En la democracia no se puede simular un debate social, porque ello, indefectiblemente llevará a la perdida de la confianza en las instituciones, por eso digo ¿Qué parte del postulado de John Rawls no se entiende? Es decir, cuando se rompe en una sociedad, la confianza en el estado de derecho, no nos queda ya nada.

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@hotmail.com

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