En esta semana que termina tuvo lugar el aumento de la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí, una medida que bajo el argumento de que así lo dispone una ley –aprobada, como no podía ser de otra manera, por la Asamblea de vagos– fue adoptada sin tomar en cuenta la ya de por sí indiscriminada escalada de precios en agravio de los salarios.
Son cientos de miles las personas afectadas, y sin que mis observaciones tengan por objeto menoscabar el derecho que tienen los prestadores del servicio, es un golpe bajo, demoledor y tremendamente injusto a la economía de las familias potosinas.
Aumentaron los insumos para los transportistas, entre ellos los combustibles y las refacciones, eso no tiene uno manera alguna de controvertirlo, pero siempre hay un bien mayor, que es el bien superior de la población.
No objeto que los transportistas tienen el derecho a que la prestación del servicio sea también un espacio lícito para ganar dinero, pero tiene sus aristas, mire Usted:
Quien usa el transporte público hoy en día no sólo recibe un servicio de la peor calidad –en relación a servicios similares que reciben otros usuarios en las entidades vecinas y en las ciudades más importantes del país– y en condiciones de tal inseguridad que tornan peligroso abordar las unidades.
¿Los transportistas han estado cumpliendo sus obligaciones de mejorar el servicio o sólo simulan hacerlo cuando tienen lugar las alzas?
¿Los camioneros han puesto algo de atención al grave flagelo que para los usuarios es usar de sus servicios? Tenga presente que las unidades han sido asaltadas, y en un par de ocasiones han sido escenarios de graves atentados en contra de la gente, incluido el asesinato.
¿Cómo empatar el derecho de la ciudadanía a la movilidad en condiciones mínimas de confort, seguridad y oportunidad con el de los empresarios a obtener ganancias?
Debemos empezar por afirmar que el transporte, el derecho a la movilidad, es decir el derecho a la ciudad, es un derecho humano superior al de cualquier expectativa de negocio, sobre todo porque los usuarios son precisamente las capas sociales más desprotegidas, los más necesitados de todos cuantos vivimos en San Luis.
El gobierno –no sólo el Poder Ejecutivo, sino señaladamente el Poder Legislativo– ha sido omiso en atender las necesidades de la gente y centrarse sólo en cifras, y eso ha traído un serio conflicto entre la viabilidad del servicio y el derecho de los usuarios.
Hay un grupo social especialmente perjudicado, y se trata de los más jóvenes, estudiantes de todas las edades que por sus propias características son enteramente vulnerables.
Nuestras niñas y niños, nuestra juventud, está a merced no sólo de decisiones injustas que les cancelan sus derechos sin tentarse el corazón, sino lo que es peor, están en franca imposibilidad de elevar la voz para ser escuchados.
Es una vergüenza que los estudiantes, señaladamente los de educación media superior y superior, estén siendo representados de una manera tan lastimosa, y por lo mismo su voz y sus derechos totalmente silenciados y pervertidos.
No hay quien hable por nuestros jóvenes universitarios, porque quien debería hacerlo está del lado de quienes los perjudican.
En días recientes, precisamente tras el aumento, hubo una tímida reacción de parte de una representación que otrora fuera genuina, y hoy día es una vil simulación, me refiero a la Federación Universitaria Potosina, y a la mayoría de los consejeros alumnos y sociedades de alumnos de las escuelas y facultades de nuestra Máxima Casa de Estudios.
Fue penoso ver que los sedicientes representantes estudiantiles acudían en solitario a la plaza de Armas de nuestra ciudad capital para “hacerse oír” por parte de las autoridades, y que parecían más preocupados por lucir uniformados que por expresar el sentir y la necesidad de nuestros jóvenes estudiantes, y desde luego sin apenas convocarlos, incapaces de hacerlo.
Traían todos los “representantes estudiantes” una chamarra de buena manufactura –en color gris clarito, el color de moda, el color de Carreritas– pero ninguna intención real de reclamar el derecho juvenil a no ser atropellados por las decisiones del poder; iban esos “líderes” a cumplir con la mera formalidad, no a exigir que el Estado les apoyara en sus tareas, que siendo jóvenes y estudiantes no es otra que ir a la escuela, estudiar y prepararse para servir al país con sus talentos y capacidades.
Si verles todos ñoños, uniformados, como si estuvieran acudiendo a una novatada, fue de dar lástima, enterarnos luego que, en un indebido secreto, mediante carta que no hicieron pública, querían dinero para “becas de transporte” fue francamente humillante, sobre todo para quienes en nuestro respectivo momento de vida fuimos estudiantes y alzamos la voz por nuestras compañeras y compañeros.
Demandar subsidio con dinero público para ayudar al estudiantado no es una cosa mala, incluso creo que es una demanda justa y apropiada en este momento de emergencia en la pobreza, oiga, pero hacerlo como si estuvieran pidiendo una mordida para no hacer jaleo, eso es inadmisible.
La Justicia no se implora, y eso no lo saben esos jóvenes domesticados; la sociedad potosina ha preferido tener inmensas guarderías juveniles en lugar de universidades que formen en la libertad a personas críticas; premia a los sumisos y desprecia a quienes ejercen sus derechos.
¿Dónde y de quién aprendieron esas chicas y chicos universitarios a creer que representar estudiantes libres, informados y de provecho social era usar una chamarrita gris, o peor, quién les hizo conducirse como mafiositos, pidiendo dinero en secreto en lugar de demandar con toda Justicia el apoyo del dinero de nuestros impuestos para impulsar su desarrollo estudiantil?
¿Qué clase de ciudadanía está formando la Universidad Autónoma bajo el mando de este pequeño Rector?, ¿De quién fue la idea de que un moche, pedir una lana por debajo de la mesa, era digno, ejemplar o idealista?, ¿Cómo se atreven a escupir así sobre el límpido paraninfo en el que nos formamos?
Considero que el más grave pecado cívico es corromper a nuestra juventud, y que quien los corrompe para exhibir control es un delincuente imperdonable, de una bastardía asquerosa, ya nomás faltaría que además los quisieran usar como carne de cañón electoral para terminar de pudrirse.
Ingenuidades
Sembrar terror como estrategia electoral es tan horrendo que ni siquiera debemos deternos a pensar en esa posibilidad, pero los recientes acontecimientos nos obligan a encontrar explicaciones creíbles. Destruir por incendio restaurantes debe encender todas las alertas, porque resulta absolutamente increíble que se trate de accidentes, hechos aislados o infortunios, ¿Dónde están las autoridades municipales y las estatales de seguridad pública para darnos las explicaciones que logren traer un poco de tranquilidad a nuestra atormentada comunidad?
leonelserrato@gmail.com
Son cientos de miles las personas afectadas, y sin que mis observaciones tengan por objeto menoscabar el derecho que tienen los prestadores del servicio, es un golpe bajo, demoledor y tremendamente injusto a la economía de las familias potosinas.
Aumentaron los insumos para los transportistas, entre ellos los combustibles y las refacciones, eso no tiene uno manera alguna de controvertirlo, pero siempre hay un bien mayor, que es el bien superior de la población.
No objeto que los transportistas tienen el derecho a que la prestación del servicio sea también un espacio lícito para ganar dinero, pero tiene sus aristas, mire Usted:
Quien usa el transporte público hoy en día no sólo recibe un servicio de la peor calidad –en relación a servicios similares que reciben otros usuarios en las entidades vecinas y en las ciudades más importantes del país– y en condiciones de tal inseguridad que tornan peligroso abordar las unidades.
¿Los transportistas han estado cumpliendo sus obligaciones de mejorar el servicio o sólo simulan hacerlo cuando tienen lugar las alzas?
¿Los camioneros han puesto algo de atención al grave flagelo que para los usuarios es usar de sus servicios? Tenga presente que las unidades han sido asaltadas, y en un par de ocasiones han sido escenarios de graves atentados en contra de la gente, incluido el asesinato.
¿Cómo empatar el derecho de la ciudadanía a la movilidad en condiciones mínimas de confort, seguridad y oportunidad con el de los empresarios a obtener ganancias?
Debemos empezar por afirmar que el transporte, el derecho a la movilidad, es decir el derecho a la ciudad, es un derecho humano superior al de cualquier expectativa de negocio, sobre todo porque los usuarios son precisamente las capas sociales más desprotegidas, los más necesitados de todos cuantos vivimos en San Luis.
El gobierno –no sólo el Poder Ejecutivo, sino señaladamente el Poder Legislativo– ha sido omiso en atender las necesidades de la gente y centrarse sólo en cifras, y eso ha traído un serio conflicto entre la viabilidad del servicio y el derecho de los usuarios.
Hay un grupo social especialmente perjudicado, y se trata de los más jóvenes, estudiantes de todas las edades que por sus propias características son enteramente vulnerables.
Nuestras niñas y niños, nuestra juventud, está a merced no sólo de decisiones injustas que les cancelan sus derechos sin tentarse el corazón, sino lo que es peor, están en franca imposibilidad de elevar la voz para ser escuchados.
Es una vergüenza que los estudiantes, señaladamente los de educación media superior y superior, estén siendo representados de una manera tan lastimosa, y por lo mismo su voz y sus derechos totalmente silenciados y pervertidos.
No hay quien hable por nuestros jóvenes universitarios, porque quien debería hacerlo está del lado de quienes los perjudican.
En días recientes, precisamente tras el aumento, hubo una tímida reacción de parte de una representación que otrora fuera genuina, y hoy día es una vil simulación, me refiero a la Federación Universitaria Potosina, y a la mayoría de los consejeros alumnos y sociedades de alumnos de las escuelas y facultades de nuestra Máxima Casa de Estudios.
Fue penoso ver que los sedicientes representantes estudiantiles acudían en solitario a la plaza de Armas de nuestra ciudad capital para “hacerse oír” por parte de las autoridades, y que parecían más preocupados por lucir uniformados que por expresar el sentir y la necesidad de nuestros jóvenes estudiantes, y desde luego sin apenas convocarlos, incapaces de hacerlo.
Traían todos los “representantes estudiantes” una chamarra de buena manufactura –en color gris clarito, el color de moda, el color de Carreritas– pero ninguna intención real de reclamar el derecho juvenil a no ser atropellados por las decisiones del poder; iban esos “líderes” a cumplir con la mera formalidad, no a exigir que el Estado les apoyara en sus tareas, que siendo jóvenes y estudiantes no es otra que ir a la escuela, estudiar y prepararse para servir al país con sus talentos y capacidades.
Si verles todos ñoños, uniformados, como si estuvieran acudiendo a una novatada, fue de dar lástima, enterarnos luego que, en un indebido secreto, mediante carta que no hicieron pública, querían dinero para “becas de transporte” fue francamente humillante, sobre todo para quienes en nuestro respectivo momento de vida fuimos estudiantes y alzamos la voz por nuestras compañeras y compañeros.
Demandar subsidio con dinero público para ayudar al estudiantado no es una cosa mala, incluso creo que es una demanda justa y apropiada en este momento de emergencia en la pobreza, oiga, pero hacerlo como si estuvieran pidiendo una mordida para no hacer jaleo, eso es inadmisible.
La Justicia no se implora, y eso no lo saben esos jóvenes domesticados; la sociedad potosina ha preferido tener inmensas guarderías juveniles en lugar de universidades que formen en la libertad a personas críticas; premia a los sumisos y desprecia a quienes ejercen sus derechos.
¿Dónde y de quién aprendieron esas chicas y chicos universitarios a creer que representar estudiantes libres, informados y de provecho social era usar una chamarrita gris, o peor, quién les hizo conducirse como mafiositos, pidiendo dinero en secreto en lugar de demandar con toda Justicia el apoyo del dinero de nuestros impuestos para impulsar su desarrollo estudiantil?
¿Qué clase de ciudadanía está formando la Universidad Autónoma bajo el mando de este pequeño Rector?, ¿De quién fue la idea de que un moche, pedir una lana por debajo de la mesa, era digno, ejemplar o idealista?, ¿Cómo se atreven a escupir así sobre el límpido paraninfo en el que nos formamos?
Considero que el más grave pecado cívico es corromper a nuestra juventud, y que quien los corrompe para exhibir control es un delincuente imperdonable, de una bastardía asquerosa, ya nomás faltaría que además los quisieran usar como carne de cañón electoral para terminar de pudrirse.
Ingenuidades
Sembrar terror como estrategia electoral es tan horrendo que ni siquiera debemos deternos a pensar en esa posibilidad, pero los recientes acontecimientos nos obligan a encontrar explicaciones creíbles. Destruir por incendio restaurantes debe encender todas las alertas, porque resulta absolutamente increíble que se trate de accidentes, hechos aislados o infortunios, ¿Dónde están las autoridades municipales y las estatales de seguridad pública para darnos las explicaciones que logren traer un poco de tranquilidad a nuestra atormentada comunidad?
leonelserrato@gmail.com