“Como todos los soñadores, confundí el desencanto
con la verdad.”
Jean-Paul Sartre
Es difícil pensar que un viernes en la noche hace cuatro años el presidente Enrique Peña Nieto decidió ordenar el secuestro de un grupo de normalistas de Ayotzinapa porque le estaban causando molestias a José Luis Abarca, presidente municipal perredista de Iguala.
Al mandatario se le pueden cuestionar muchas cosas. Quizá su lentitud de reacción, con la idea de que la investigación correspondía a las autoridades de Guerrero, o la falta de explicaciones claras de sus portavoces. El problema de fondo es que el gobierno federal parece haber perdido el control de ciertas zonas del país ante el avance del crimen organizado. Entre los errores del presidente, sin embargo, no parece estar el haber dado la orden de secuestrar a los estudiantes.
Las investigaciones de la PGR sugieren que los jóvenes fueron atacados y secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, un grupo de narcotraficantes, que los ejecutaron y quemaron-o cuando menos a algunos-- en el basurero municipal de Cocula. ¿Cuál habría sido el motivo? Los propios delincuentes detenidos han declarado que sus jefes pensaron que los jóvenes eran miembros de una organización rival, llamada Los Rojos.
El movimiento de Ayotzinapa -un grupo de activistas que ha reclutado a algunos padres de los normalistas desaparecidos y mantiene movilizaciones de tiempo completo-- ha rechazado la investigación y sostiene que el responsable “fue el Estado”. Según su visión, el gobierno secuestró a los normalistas y quizá los mantienen privados de la libertad en algún cuartel militar o en otro lugar no identificado.
Jesús Murillo Karam, procurador general en los primeros tiempos de la investigación, se refirió a las conclusiones de la PGR como la “verdad histórica”. Yo no creo en las verdades históricas, sino en las hipótesis sustentadas por pruebas. La información disponible sugiere que la versión de la PGR es sólida. La avalan no solo declaraciones de los policías y los delincuentes, sino comunicaciones entre los participantes y testimonios de testigos. Unos mensajes de Blackberry de líderes de Guerreros Unidos surgidos en un juicio en Chicago confirman también esta hipótesis.
Esto no es aceptable para el movimiento y su intención de culpar al Estado. Por eso buscó el apoyo de un llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a México con la consigna de avalar la tesis de Ayotzinapa. José Torero, uno de los integrantes del GIEI, sostuvo que era imposible quemar los cuerpos en el basurero; cuando un estudio de seis especialistas determinó que sí era posible, Torero fue el único que votó en contra.
La PGR afirma haber encontrado una bolsa con cenizas y restos humanos en el río San Juan. Dos normalistas fueron identificados entre estos restos en estudios genéticos realizados en Austria. El movimiento argumenta que la bolsa y los restos fueron plantados por la PGR.
Reitero que no puede haber una verdad histórica. Si hay información contraria a una hipótesis, ya sea la que sostiene la PGR o la de Ayotzinapa, debe ser modificada. Hasta este momento la visión de la PGR parece tener más sustento que la de quienes buscan demostrar que el Estado mandó secuestrar a los normalistas y los mantiene presos en alguna mazmorra militar; pero como no es políticamente correcta, no prevalecerá.
Dejar de trabajar
La enorme mayoría de los campesinos de nuestro país no tienen la posibilidad de dejar de trabajar durante cuatro años para unirse a un movimiento político de tiempo completo. Quienes participan en el movimiento de Ayotzinapa, sí lo han podido hacer. Al parecer, alguien les está pagando un sueldo.
con la verdad.”
Jean-Paul Sartre
Es difícil pensar que un viernes en la noche hace cuatro años el presidente Enrique Peña Nieto decidió ordenar el secuestro de un grupo de normalistas de Ayotzinapa porque le estaban causando molestias a José Luis Abarca, presidente municipal perredista de Iguala.
Al mandatario se le pueden cuestionar muchas cosas. Quizá su lentitud de reacción, con la idea de que la investigación correspondía a las autoridades de Guerrero, o la falta de explicaciones claras de sus portavoces. El problema de fondo es que el gobierno federal parece haber perdido el control de ciertas zonas del país ante el avance del crimen organizado. Entre los errores del presidente, sin embargo, no parece estar el haber dado la orden de secuestrar a los estudiantes.
Las investigaciones de la PGR sugieren que los jóvenes fueron atacados y secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, un grupo de narcotraficantes, que los ejecutaron y quemaron-o cuando menos a algunos-- en el basurero municipal de Cocula. ¿Cuál habría sido el motivo? Los propios delincuentes detenidos han declarado que sus jefes pensaron que los jóvenes eran miembros de una organización rival, llamada Los Rojos.
El movimiento de Ayotzinapa -un grupo de activistas que ha reclutado a algunos padres de los normalistas desaparecidos y mantiene movilizaciones de tiempo completo-- ha rechazado la investigación y sostiene que el responsable “fue el Estado”. Según su visión, el gobierno secuestró a los normalistas y quizá los mantienen privados de la libertad en algún cuartel militar o en otro lugar no identificado.
Jesús Murillo Karam, procurador general en los primeros tiempos de la investigación, se refirió a las conclusiones de la PGR como la “verdad histórica”. Yo no creo en las verdades históricas, sino en las hipótesis sustentadas por pruebas. La información disponible sugiere que la versión de la PGR es sólida. La avalan no solo declaraciones de los policías y los delincuentes, sino comunicaciones entre los participantes y testimonios de testigos. Unos mensajes de Blackberry de líderes de Guerreros Unidos surgidos en un juicio en Chicago confirman también esta hipótesis.
Esto no es aceptable para el movimiento y su intención de culpar al Estado. Por eso buscó el apoyo de un llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a México con la consigna de avalar la tesis de Ayotzinapa. José Torero, uno de los integrantes del GIEI, sostuvo que era imposible quemar los cuerpos en el basurero; cuando un estudio de seis especialistas determinó que sí era posible, Torero fue el único que votó en contra.
La PGR afirma haber encontrado una bolsa con cenizas y restos humanos en el río San Juan. Dos normalistas fueron identificados entre estos restos en estudios genéticos realizados en Austria. El movimiento argumenta que la bolsa y los restos fueron plantados por la PGR.
Reitero que no puede haber una verdad histórica. Si hay información contraria a una hipótesis, ya sea la que sostiene la PGR o la de Ayotzinapa, debe ser modificada. Hasta este momento la visión de la PGR parece tener más sustento que la de quienes buscan demostrar que el Estado mandó secuestrar a los normalistas y los mantiene presos en alguna mazmorra militar; pero como no es políticamente correcta, no prevalecerá.
Dejar de trabajar
La enorme mayoría de los campesinos de nuestro país no tienen la posibilidad de dejar de trabajar durante cuatro años para unirse a un movimiento político de tiempo completo. Quienes participan en el movimiento de Ayotzinapa, sí lo han podido hacer. Al parecer, alguien les está pagando un sueldo.