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Miguel R. Valladares García

miércoles 20 junio 2018

Involución electoral

Jorge Chessal Palau
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Corría el año de mil novecientos noventa y uno, cuando me involucré por primera vez con los procesos electorales y sus leyes. En aquel año hubo dos procesos, uno cuya jornada fue, si la memoria no me falla, en el mes de agosto, para elegir al Gobernador del Estado y Diputados locales, además de coincidir con una elección federal; la otra, en diciembre de ese mismo año, para elegir Presidentes municipales. Sí, en efecto, las elecciones de ayuntamientos eran separadas del resto.

En ambos casos, las incidencias fueron de tal manera destacadas (el Gobernador electo renunció y la municipal fue revertida en favor del segundo lugar, que pasó a ser el primero) que era necesario algo que permitiera hacer efectivos y sólidos los procesos electivos.

A nivel federal ya existía el Instituto Federal Electoral, integrado por representantes del Poder Legislativo, seis Consejeros Magistrados (abogados, por disposición constitucional) y lo presidía el Secretario de Gobernación. Luego la cosa cambiaría y se integrarían Consejeros Ciudadanos, en vez de Magistrados (1994) y, finalmente, en 1996 el Presidente fue, por fin un ciudadano.

Sin embargo, en San Luis Potosí, en noviembre de 1992, a efecto de llevar adelante la elección extraordinaria de Gobernador y algunas municipales, se instaló un Consejo Electoral integrado con dos representantes del Poder Legislativo, representantes de Partidos Políticos (con voz y voto) y Consejeros Ciudadanos, además de que el Presidente, por primera vez en México, era un ciudadano, ajeno al servicio público y a la militancia partidista. Ese lugar en la historia le correspondió a Don Luis García Julián, un personaje en toda la extensión de la palabra y que me hizo el enorme honor de designarme como asesor jurídico del Consejo Estatal Electoral para aquel proceso.

A partir de ahí, he permanecido cercano al sistema de elecciones, desde todas las ubicaciones posibles, tanto institucionales como partidarias y de defensa ante tribunales. Por eso, he visto como, en cuanto a la ley y lo electoral, ha habido cambios sustanciales, no siempre para bien.

En aquel proceso de 1992, existía ya un Tribunal Electoral, al que llegaban, de manera extraordinaria, los asuntos propios de la dinámica electoral, tanto a nivel local como federal. Con el tiempo, se experimentaron dos mutaciones en lo jurídico: se eliminó la facultad jurisdiccional de los órganos administrativos electorales y, en consecuencia, se ampliaron las competencias de los jurisdiccionales; el otro cambio fue que, se pretendió establecer en la ley todo lo que posiblemente pudiera ocurrir, engordando cada reforma el texto legal con casuismo galopante.

El efecto fue la judicialización de las elecciones, de tal manera que, por lo menos hasta los últimos comicios, el voto era lo menos importante y se constituía en un presupuesto procesal para llevar el tema a decidirse en una sentencia.

En lo correspondiente a la participación ciudadana, ni rastros quedan de las alturas morales y de miras de quienes fueron los primeros Consejeros Ciudadanos, nacionales y locales, quienes, además, no cobraban por ejercer su cargo.

Para estas elecciones del dos mil dieciocho, ya parece que no

serán los tribunales electorales los que decidan al triunfador, sino los jueces penales.

En efecto, con la creación del sistema anticorrupción, tanto a nivel local como federal, no hay mejor instrumento para inhibir candidaturas o dañar figuras contendientes, que la apertura y seguimiento de carpetas de investigación, que pretenden llevar a los medios de comunicación escenas de políticos sujetos a la potestad de órganos judiciales, sometidos a medidas cautelares citados a audiencias, vinculados a proceso.

Del régimen ciudadano, al jurisdiccional y, hoy, al penal. Así involuciona nuestro sistema electoral.

@jchessal

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