En mi colaboración para esta columna de fecha 30 de abril de 2016, casualmente el día del niño, hice público, por primera vez, el lamentable asesinato de Jair Segura Martínez, los hechos hoy se encuentran a disposición de todas las personas en la página electrónica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, dentro del apartado de Recomendaciones, siendo ésta la registrada con el número 2/2017.
En esta ocasión no abundaré mucho en los hechos, como lo hice aquel 30 de abril, basta con precisar que el asesinato de Jair ocurrió dentro las festividades patronales en la comunidad de la Laguna de San Vicente Villa de Reyes; en el marco, de una verbena muy parecida a las que se desarrollan en otras poblaciones rurales, donde, la gente disfruta de juegos mecánicos como el carrusel o los caballitos, y se ofrecen antojitos típicos, puestos de fresas y de panes de colores, vamos, un pequeño aliciente para la dura vida de quienes subsisten con muy poca o ninguna seguridad social.
Anticipadamente, el juez de la comuna (un vecino electo democráticamente que auxilia a las autoridades en cuestiones de la convivencia pacífica de los lugareños), un mes antes pidió la presencia de las policías municipales- estatales-federales, realmente no importaba el nivel competencial o jurisdiccional, lo verdaderamente significativo era la protección hacia las familias, para que disfrutaran su fiesta patronal: como ya es sabido ahora, ninguna autoridad policíaca mandó a un sólo uniformado, el costo de esa decisión fue la vida de Jair, un chico menor de edad, que se vio envuelto en una estampida de gente que corría para salvaguardar sus vidas, cuando un persona disparaba en su huida , después, de atentar contra los que él creía sus rivales, además, nunca se contó de ambulancias, ni servicios de emergencia, entonces, fue trasladado a la clínica 50 del IMSS, pero ya no había nada que hacer, el daño vital estaba consumado.
Amiga lectora amigo lector, si una enorme tragedia como la que estoy contando no motiva a una dura autocrítica y objetiva reflexión social de nada serviría, sin embargo, ese no es el caso, sino todo lo contrario, de esta tragedia se lograron para el Estado de San Luis Potosí grandes aportaciones a los derechos de las víctimas de la violencia y del delito, gracias a la incansable sed de justicia de su madre y de su padre, y del enjundioso equipo de abogados particulares que llevaron el asunto, sin retribución alguna, y a los que me honra en demasía pertenecer.
Y en voz de este equipo de letradas y letrados, tengo el enorme beneplácito de informarle a usted, que este asunto ya es del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, quizá previo, en opinión del grupo de juristas, que pudiera ser la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien a partir, de este caso dictará jurisprudencia internacional, del tema más evidente que preocupa a la sociedad mexicana, es decir, el clima de terror y de violencia que hoy por hoy padecemos las mexicanas y los mexicanos.
Una primera lección que resalta, es, que el caso Jair ayudó a visibilizar un problema de discriminación en el deber de prestación del servicio de seguridad pública y de prevención del delito, el resultado de la inacción de la policía municipal-estatal-federal, resulta muy sospechoso, pues sabían semanas antes del evento y no quisieron hacer nada.
La pregunta entre líneas sería la siguiente, amiga lectora amigo lector ¿Por qué razón a sabiendas de la congregación masiva de personas no mandaron uniformados policíacos? La anterior interrogante adquiere mayores signos de preocupación, si tomamos en consideración, que semanas antes venían registrándose circunstancias de violencia con uso de armas de fuego en la comunidad de la Laguna, tal cual, está documentado y acreditado en la recomendación 2/2017 de la CEDH S.L.P.
La respuesta a la anterior interrogante, se formula en un artículo académico arbitrado próximo a aparecer, el cual no le quepa duda, usted será el primero en conocerlo, pero, podemos adelantarle la conclusión, lamentablemente en San Luis Potosí y en México, la seguridad pública es un artículo de lujo, en un país donde la violencia tiene proporciones muy similares a las de Siria -nación envuelta en un aguerra civil y del terrorismo- los resultados y evidencia empírica hacen ver que, quien aquí se siente seguro y “puede caminar tranquilamente por las calles”, es aquel que puede pagar (o le pagan, da igual) un sequito de guardaespaldas con armas de grueso calibre, y ,que viaja en suburbans blindadas incapaces de ser penetradas ni por la bomba atómica, como, nuestros magistrados federales y jueces de distrito, pero si usted amiga lectora amigo lector, no desempeña esa función laboral, mucho me temo, que corre un gran riesgo como el resto de nosotros, la población.
Según Naciones Unidas, la mitad de los policías pertenecen a corporaciones privadas, es decir, es un producto o servicio que se compra al mejor postor, nada que ver con el ideario constitucionalista de México, que creo, poéticamente contemplaba a la prevención del delito como una obligación indelegable a nuestras autoridades, a quienes, por cierto, usted y yo les pagamos sus jugosos sueldos por sus magros e ineficientes resultados.
La segunda y última parte, de esta cruzada por los derechos de las víctimas en México enarbolada por la madre y el padre de Jair, la comentaremos usted y yo, el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmai.com
En esta ocasión no abundaré mucho en los hechos, como lo hice aquel 30 de abril, basta con precisar que el asesinato de Jair ocurrió dentro las festividades patronales en la comunidad de la Laguna de San Vicente Villa de Reyes; en el marco, de una verbena muy parecida a las que se desarrollan en otras poblaciones rurales, donde, la gente disfruta de juegos mecánicos como el carrusel o los caballitos, y se ofrecen antojitos típicos, puestos de fresas y de panes de colores, vamos, un pequeño aliciente para la dura vida de quienes subsisten con muy poca o ninguna seguridad social.
Anticipadamente, el juez de la comuna (un vecino electo democráticamente que auxilia a las autoridades en cuestiones de la convivencia pacífica de los lugareños), un mes antes pidió la presencia de las policías municipales- estatales-federales, realmente no importaba el nivel competencial o jurisdiccional, lo verdaderamente significativo era la protección hacia las familias, para que disfrutaran su fiesta patronal: como ya es sabido ahora, ninguna autoridad policíaca mandó a un sólo uniformado, el costo de esa decisión fue la vida de Jair, un chico menor de edad, que se vio envuelto en una estampida de gente que corría para salvaguardar sus vidas, cuando un persona disparaba en su huida , después, de atentar contra los que él creía sus rivales, además, nunca se contó de ambulancias, ni servicios de emergencia, entonces, fue trasladado a la clínica 50 del IMSS, pero ya no había nada que hacer, el daño vital estaba consumado.
Amiga lectora amigo lector, si una enorme tragedia como la que estoy contando no motiva a una dura autocrítica y objetiva reflexión social de nada serviría, sin embargo, ese no es el caso, sino todo lo contrario, de esta tragedia se lograron para el Estado de San Luis Potosí grandes aportaciones a los derechos de las víctimas de la violencia y del delito, gracias a la incansable sed de justicia de su madre y de su padre, y del enjundioso equipo de abogados particulares que llevaron el asunto, sin retribución alguna, y a los que me honra en demasía pertenecer.
Y en voz de este equipo de letradas y letrados, tengo el enorme beneplácito de informarle a usted, que este asunto ya es del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, quizá previo, en opinión del grupo de juristas, que pudiera ser la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien a partir, de este caso dictará jurisprudencia internacional, del tema más evidente que preocupa a la sociedad mexicana, es decir, el clima de terror y de violencia que hoy por hoy padecemos las mexicanas y los mexicanos.
Una primera lección que resalta, es, que el caso Jair ayudó a visibilizar un problema de discriminación en el deber de prestación del servicio de seguridad pública y de prevención del delito, el resultado de la inacción de la policía municipal-estatal-federal, resulta muy sospechoso, pues sabían semanas antes del evento y no quisieron hacer nada.
La pregunta entre líneas sería la siguiente, amiga lectora amigo lector ¿Por qué razón a sabiendas de la congregación masiva de personas no mandaron uniformados policíacos? La anterior interrogante adquiere mayores signos de preocupación, si tomamos en consideración, que semanas antes venían registrándose circunstancias de violencia con uso de armas de fuego en la comunidad de la Laguna, tal cual, está documentado y acreditado en la recomendación 2/2017 de la CEDH S.L.P.
La respuesta a la anterior interrogante, se formula en un artículo académico arbitrado próximo a aparecer, el cual no le quepa duda, usted será el primero en conocerlo, pero, podemos adelantarle la conclusión, lamentablemente en San Luis Potosí y en México, la seguridad pública es un artículo de lujo, en un país donde la violencia tiene proporciones muy similares a las de Siria -nación envuelta en un aguerra civil y del terrorismo- los resultados y evidencia empírica hacen ver que, quien aquí se siente seguro y “puede caminar tranquilamente por las calles”, es aquel que puede pagar (o le pagan, da igual) un sequito de guardaespaldas con armas de grueso calibre, y ,que viaja en suburbans blindadas incapaces de ser penetradas ni por la bomba atómica, como, nuestros magistrados federales y jueces de distrito, pero si usted amiga lectora amigo lector, no desempeña esa función laboral, mucho me temo, que corre un gran riesgo como el resto de nosotros, la población.
Según Naciones Unidas, la mitad de los policías pertenecen a corporaciones privadas, es decir, es un producto o servicio que se compra al mejor postor, nada que ver con el ideario constitucionalista de México, que creo, poéticamente contemplaba a la prevención del delito como una obligación indelegable a nuestras autoridades, a quienes, por cierto, usted y yo les pagamos sus jugosos sueldos por sus magros e ineficientes resultados.
La segunda y última parte, de esta cruzada por los derechos de las víctimas en México enarbolada por la madre y el padre de Jair, la comentaremos usted y yo, el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmai.com