Si logramos llegar al 1° de julio con una elección democrática en la que se respete nítidamente la voluntad de la mayoría, habremos alcanzado solo una parte de las necesidades de la sociedad mexicana del presente. La democracia por sí sola no garantiza la seguridad ni evita la corrupción y la impunidad. Algunas tiranías en el mundo, se instalaron con una elección democrática. Hace falta la otra parte, tal vez la más difícil, la construcción de un verdadero Estado de Derecho que garantice la plena vigencia y el respeto de los Derechos Humanos: El Derecho a la Vida, a las Libertades de expresión oral o escrita, de Asociación, de manifestación de las ideas, de Educación, a la libertad religiosa, el derecho a la propiedad, a la alimentación adecuada, de trabajar, de viajar, etc. etc.
El Estado de Derecho es un concepto que se fortaleció a partir de la Revolución francesa, a fines del siglo XVIII, y se aplica a cualquier estado que garantiza el respeto de las libertades civiles, es decir, el respeto de los Derechos Humanos y las garantías fundamentales a través de una protección legal a los ciudadanos, en el que las autoridades están sujetas al cumplimiento de las normas del Derecho. En México, está quebrado, no existe, porque el estado no garantiza el respeto a los derechos del ciudadano y las instituciones están rebasadas, no cumplen los fines para las que se crearon.
El congreso federal y los locales, no nos representan, el poder ejecutivo abusa de su poder y hace mal uso de los impuestos; se simula preocupación por los pobres, pero se les utiliza como carne electoral, los altos funcionarios además de cobrar sueldos escandalosos, caen muchos de ellos en corrupción desatada. La impunidad campea. La delincuencia y la violencia crecen sin freno y los partidos políticos están intoxicados de dinero público. Total, el país es un reverendo desastre.
Hasta ahora, los discursos políticos no muestran sustancia, están huecos, como entrampados en la trivialidad del “vamos a ganar”, “yo soy el mero” o tocar la Bamba en el teclado. Creo que es urgente que algún candidato dé señales claras de que se comprometerá a implantar el Estado de Derecho en este país.
Desde hace muchos meses, tal vez 5 o 6 años, hemos venido advirtiendo en este espacio semanal, sin afanes proféticos ni de adivinación, que el sistema político está agotado; carece de representatividad. A ojos vista se cae a pedazos por la corrupción, el abuso del poder, la simulación y la falta absoluta de un Estado de Derecho que garantice el respeto a todos los derechos humanos suscritos por México en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El cambio de partido en el gobierno, por sí solo, no basta. Hace falta crear, formar, un verdadero sistema basado en el respeto a la Ley. En el que sin importar el partido que se encuentre en el poder, el gobierno sea el primero en acatar la Ley y operar un sistema de sanciones reales y prontas contra quien las viole. Un sistema que premie el esfuerzo, el mérito y la probidad. Creo que muchos millones de mexicanos, la abrumadora mayoría tal vez, alentamos la esperanza de que el próximo gobierno que elegiremos el 1° de julio, sea capaz de entender el momento histórico que estamos viviendo y trabaje decididamente junto a la sociedad, para construir un nuevo sistema político, no solo democrático, sino sólidamente republicano, que genere nuevas instituciones, nueva legislación y una nueva mentalidad colectiva que le dé fuerza a una nueva realidad de vida civilizada, justa y respetuosa de la Ley. En la que la conducta de los servidores públicos, sea ejemplar, austera y honorable y el gobernante se gane el respeto y la confianza de los mexicanos.
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6,000 MILLONES DE PESOS, es la cifra engañabobos que con fanfarrias nos vino a anunciar el subsecretario de SEDESOL Fco. Javier García Bejos, durante su visita hace un par de semanas, que se destinarán “para continuar el abatimiento del rezago social durante este año en San Luis Potosí”. Añadiendo que “el gobernador Carreras es muy admirado y muy querido y gran aliado del desarrollo social en nuestro país y en el estado, que es uno en donde mas avances estamos logrando, gracias a que trabajamos en equipo el mandatario estatal y el presidente Enrique Peña Nieto”.
Por no ser potosino tal vez García Bejos ignora que los potosinos estamos muy lejos de tener admiración por el trabajo que realiza J. M. Carreras, debido a los tremendos índices de criminalidad y violencia que hemos sufrido durante su mandato y de los cuales aparenta no enterarse. Años van y años vienen, muchos programas de combate a la pobreza. Sexenio tras sexenio, los políticos utilizan tales programas para pararse el cuello, salir en la foto y simular preocupación por los pobres, pero con nulos o escasos resultados, porque la pobreza y la desigualdad, siguen iguales y los políticos usando el dinero ajeno, se adornan como próceres de la patria. Creen que los ciudadanos mexicanos somos retrasados mentales como para no darnos cuenta de que esos anuncios oficiales son un engaño, casi siempre con fines electoreros. Con cifras que ocultan que gran parte se queda en burocracia, en contratos “arreglados”, con poca credibilidad, y que producen escepticismo, y rechazo.
Esas ayudas y carretadas de dinero, dizque para combatir la pobreza, nunca se comprueban a los ojos de los ciudadanos cómo se gastaron y quienes fueron los beneficiados. Navegan en el mar de la opacidad oficial.
lujambio06@hotmail.com
El Estado de Derecho es un concepto que se fortaleció a partir de la Revolución francesa, a fines del siglo XVIII, y se aplica a cualquier estado que garantiza el respeto de las libertades civiles, es decir, el respeto de los Derechos Humanos y las garantías fundamentales a través de una protección legal a los ciudadanos, en el que las autoridades están sujetas al cumplimiento de las normas del Derecho. En México, está quebrado, no existe, porque el estado no garantiza el respeto a los derechos del ciudadano y las instituciones están rebasadas, no cumplen los fines para las que se crearon.
El congreso federal y los locales, no nos representan, el poder ejecutivo abusa de su poder y hace mal uso de los impuestos; se simula preocupación por los pobres, pero se les utiliza como carne electoral, los altos funcionarios además de cobrar sueldos escandalosos, caen muchos de ellos en corrupción desatada. La impunidad campea. La delincuencia y la violencia crecen sin freno y los partidos políticos están intoxicados de dinero público. Total, el país es un reverendo desastre.
Hasta ahora, los discursos políticos no muestran sustancia, están huecos, como entrampados en la trivialidad del “vamos a ganar”, “yo soy el mero” o tocar la Bamba en el teclado. Creo que es urgente que algún candidato dé señales claras de que se comprometerá a implantar el Estado de Derecho en este país.
Desde hace muchos meses, tal vez 5 o 6 años, hemos venido advirtiendo en este espacio semanal, sin afanes proféticos ni de adivinación, que el sistema político está agotado; carece de representatividad. A ojos vista se cae a pedazos por la corrupción, el abuso del poder, la simulación y la falta absoluta de un Estado de Derecho que garantice el respeto a todos los derechos humanos suscritos por México en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El cambio de partido en el gobierno, por sí solo, no basta. Hace falta crear, formar, un verdadero sistema basado en el respeto a la Ley. En el que sin importar el partido que se encuentre en el poder, el gobierno sea el primero en acatar la Ley y operar un sistema de sanciones reales y prontas contra quien las viole. Un sistema que premie el esfuerzo, el mérito y la probidad. Creo que muchos millones de mexicanos, la abrumadora mayoría tal vez, alentamos la esperanza de que el próximo gobierno que elegiremos el 1° de julio, sea capaz de entender el momento histórico que estamos viviendo y trabaje decididamente junto a la sociedad, para construir un nuevo sistema político, no solo democrático, sino sólidamente republicano, que genere nuevas instituciones, nueva legislación y una nueva mentalidad colectiva que le dé fuerza a una nueva realidad de vida civilizada, justa y respetuosa de la Ley. En la que la conducta de los servidores públicos, sea ejemplar, austera y honorable y el gobernante se gane el respeto y la confianza de los mexicanos.
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6,000 MILLONES DE PESOS, es la cifra engañabobos que con fanfarrias nos vino a anunciar el subsecretario de SEDESOL Fco. Javier García Bejos, durante su visita hace un par de semanas, que se destinarán “para continuar el abatimiento del rezago social durante este año en San Luis Potosí”. Añadiendo que “el gobernador Carreras es muy admirado y muy querido y gran aliado del desarrollo social en nuestro país y en el estado, que es uno en donde mas avances estamos logrando, gracias a que trabajamos en equipo el mandatario estatal y el presidente Enrique Peña Nieto”.
Por no ser potosino tal vez García Bejos ignora que los potosinos estamos muy lejos de tener admiración por el trabajo que realiza J. M. Carreras, debido a los tremendos índices de criminalidad y violencia que hemos sufrido durante su mandato y de los cuales aparenta no enterarse. Años van y años vienen, muchos programas de combate a la pobreza. Sexenio tras sexenio, los políticos utilizan tales programas para pararse el cuello, salir en la foto y simular preocupación por los pobres, pero con nulos o escasos resultados, porque la pobreza y la desigualdad, siguen iguales y los políticos usando el dinero ajeno, se adornan como próceres de la patria. Creen que los ciudadanos mexicanos somos retrasados mentales como para no darnos cuenta de que esos anuncios oficiales son un engaño, casi siempre con fines electoreros. Con cifras que ocultan que gran parte se queda en burocracia, en contratos “arreglados”, con poca credibilidad, y que producen escepticismo, y rechazo.
Esas ayudas y carretadas de dinero, dizque para combatir la pobreza, nunca se comprueban a los ojos de los ciudadanos cómo se gastaron y quienes fueron los beneficiados. Navegan en el mar de la opacidad oficial.
lujambio06@hotmail.com